"Los mejores alumnos de la Escuela Francesa"
Por Ángeles D`Aveta y Facundo Bustamante | Desde Corrientes, Argentina
En el marco del proceso judicial contra represores que se lleva a cabo en Corrientes, una periodista francesa detalló las técnicas que militares argentinos implementaron en base a un modelo francés.
En
una de las últimas testimoniales del juicio que investiga la existencia de un
centro clandestino de detención en la provincia de Corrientes durante la última
dictadura militar, se expuso sobre el adoctrinamiento a militares
latinoamericanos en el uso de tácticas y técnicas utilizadas en Argelia e
Indochina en defensa del poder colonial. La periodista Marie Robin, autora del
documental "Escuadrones de la Muerte", detalló el papel de la "escuela francesa"
en el marco del Plan Cóndor. "Lamentablemente, los argentinos fueron los mejores alumnos del Ejército Francés que produjo el genocidio en Argelia", fue una de las últimas frases del testimonio de la periodista francesa Marie Robin luego de declarar casi cuatro horas en el juicio oral conocido popularmente como "RI9".
Con el trabajo acumulado de años de investigación, la periodista ahondó sobre el grado de planificación que tuvo el genocidio argentino en el marco de las dictaduras militares latinoamericanas. Así, sostuvo que el Plan Cóndor fue una de las primeras experiencias en la historia en que cuatro países (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) se organizan para tal sistematización del circuito represivo como la que se llevó a cabo en la región en la década del `70.
Robin integra la nómina de alrededor de setenta testigos de la causa que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex Regimiento de Infantería 9 de esta ciudad y la desaparición de los militantes Ramón Vargas y Rómulo Artieda entre 1975 y 1982.
Su aporte fue fundamental para comprender las concepciones y el accionar de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en el genocidio planificado de la última dictadura militar. La mayor parte de su testimonio se basó en la exposición de los datos obtenidos para la investigación del documental "Escuadrones de la muerte: la escuela francesa".
Ese trabajo, que fue proyectado en la sala de audiencia en el marco de la testimonial, incluye entrevistas a militares de alto rango del Ejército Argentino. Así Reynaldo Bignone, Albano Harguindeguy, entre otros, explican las técnicas aplicadas para combatir en el marco de la "guerra moderna". Este último concepto se comenzó a implementar tras la Segunda Guerra Mundial para aludir a la represión y aniquilación, "no de un ejército extranjero, sino de un enemigo interno, que se combatía con los métodos clásicos de guerra", explicó la periodista.
Detalló que la experiencia del ejército de su país en los intentos por mantener el poder colonial en Indochina y Argelia, donde el papel de la inteligencia jugó un rol preponderante, fue instruida a los militares latinoamericanos, en gran parte a través de la Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá.
Bignone fue uno de los entrevistados por Robin que con mayor didáctica explicó los mecanismos aprendidos por los militares argentinos del Ejército Francés. "Tengo una mujer secuestrada por la guerrilla, y tengo un detenido que yo sé que sabe dónde está esa mujer. ¿Hasta dónde llega mi potestad, como Estado, para poder conseguir la información, sabiendo que yo debo bregar por la seguridad de los ciudadanos?". En el documental, el último presidente de la Junta Militar asegura que hizo ese planteo a tres obispos de la iglesia católica, y uno de ellos contestó “hasta donde la persona sea conciente de sus respuestas”.
Por su parte, Harguindeguy declara ante la cámara sin sonrojarse: "En la guerra de guerrillas todo el mundo es sospechoso. En Argentina no hubo escuadrones de la muerte porque todo el Ejército estuvo afectado a la guerra contra la subversión".
En una audiencia de casi ocho horas, tres testigos de la defensa expusieron las dos caras del plan de exterminio de la dictadura. Mientras que la periodista francesa, Marie Robin, reveló los "conceptos" más importantes de la "guerra contrainsurgente". Pedro Almirón y Ramón Aguirre, dos ex detenidos en el RI9 y que continúan residiendo en Europa, luego de exiliarse tras ser liberados, relataron cómo se pusieron en práctica esas técnicas en la región.
En lo que concierne al juicio, entre las víctimas de los crímenes que se investigan en la "causa RI9" se encuentran los desaparecidos Juan Ramón Vargas y Rómulo Artieda, cuyas familias son querellantes en la causa en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Artieda es hasta el momento el único desaparecido en la provincia cuyos restos fueron reconocidos mediante el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Su cadáver, que según testimonios había aparecido flotando en el río en 1977, fue encontrado en un cementerio de la localidad de Empedrado, distante a 50 kilómetros de la Capital provincial.
Los abogados defensores son Eduardo San Emeterio, Jorge Buompadre, Martín Gesino y Gonzalo Molina (defensores oficiales) y Victor Ross (patrocinante de la Gendarmería). Los representantes de la querella son Ramón Leguizamón y Diego Vigay por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. En tanto que Daniel Domínguez Henaín y Mario Bosh representan a la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La fiscalía está conformada por el fiscal federal que tuvo a su cargo la instrucción, Flavio Ferrini, el fiscal federal de Corrientes, Germán Weins, y titular del Ministerio Público Fiscal Nacional de Seguimiento de Juicios por Violaciones de los Derechos Humanos, Jorge Auat. En tanto que el Tribunal está conformado por Victor Alonso (presidente) y los jueces Lucía Rojas de Badaró y Gabriel Navarro.
El juicio, donde también se encuentra imputado el ex comandante y Jefe de la Junta Militar Cristino Nicolaides, comenzó el martes 5 de febrero y se espera finalizar a mediados de abril con las testimoniales. De avanzar con los plazos previstos, la sentencia se conocería en mayo. Es el primero en el país donde se investiga el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la dictadura. Algunos de los imputados se desempeñaban además como empresarios, dirigentes de la Sociedad Rural y diplomáticos.
Fuente: Agencia Periodística del Mercosur
