Es el
general de división Eduardo Anschutz, a cargo de una de las jefaturas de más
jerarquía en la fuerza. Cuestionan su actuación en la dictadura.Estado Mayor. Anschutz dirige la estratégica Inspección General del Ejército.
La causa se tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Guillermo Adolfo Quadrini, y es una de las que se reactivaron a partir de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El militar que será indagado es Eduardo Luis Federico Anschutz, miembro del Estado Mayor y ascendido a general de División en una formal ceremonia realizada hace apenas tres meses en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Anschutz es el titular de la Inspección General del Ejército, una de las jefaturas de mayor jerarquía en la estructura orgánica de la fuerza.
El general Anschutz revistó en el Regimiento Nº 12 de Caballería Blindada, denominado Duque de Caxias, durante los años 1976-1977. Su nombre se vincula con la causa a partir de la exposición de Hugo Emilio Angerosa, un ciudadano de Gualeguay cuya vivienda en esa ciudad fue allanada y él, detenido en un operativo conjunto de la policía provincial y el Ejército, a cargo Anschutz, entonces teniente. El militar fue citado a indagatoria para el próximo 28 de abril. La semana pasada, un fax del Juzgado Federal notificó formalmente a la ministra de Defensa Nilda Garré y al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Domingo Fernández.
Angerosa es secretario del Centro Comercial de Gualeguaychú. Tiene un hermano y una hermana desaparecidos y un sobrino nacido en cautiverio, aún no recuperado. El suyo fue uno de los testimonios claves para la detención de Juan Valentino, quien fue jefe del Regimiento de Gualeguaychú. “Me llevaron el 30 de septiembre de 1976, a las 23.30, personal del Ejército al mando del teniente del Ejército Federico Anschutz y el segundo jefe fue el comisario de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Mondragón”, comentó Angerosa.
“Estuve un día detenido en el Regimiento. El jueves 1º de octubre, a la noche, me llevaron esposado y vendado en el asiento de atrás de un Falcon. Sentí que en el baúl llevaban a otra persona. Fui alojado en el primer piso de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, donde estuve cuatro días, estaqueado y colgado. Ahí fui torturado más levemente, con picana. Estuve sin comer prácticamente, sin ir al baño.”
Angerosa explicó a este cronista que Anschutz estaba a cargo del operativo, realizado sin orden judicial, de modo que se trató de una privación ilegítima de la libertad, a la que luego se sumaron los tormentos a los que fue sometido en Concepción del Uruguay. “Yo tenía un hermano desaparecido, pero no tenía militancia”, cuenta Angerosa. “Incluso hacía poco que había terminado el servicio militar, con excelente conducta, así que personal del Regimiento me conocía y venía a preguntar por mí.”
LA CAUSA QUE YA SE LLEVÓ UN PEZ GORDO DE LA FEDERAL. El juicio reabierto en Concepción del Uruguay ya ha dado un dolor de cabeza al gobierno de los Kirchner. Fue en el caso de José Darío Mazzaferri, casualmente involucrado en la misma causa que ahora tiene como imputado a Anschutz. El uniformado estaba a cargo de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal Argentina desde noviembre de 2005, pero su carrera se tronchó cuando el juez Quadrini activó la causa iniciada por la denuncia del profesor César Román. Mazzaferri –en 1976 un oficial joven de la Federal brava– participó del grupo de tareas que secuestró y sometió a tormentos a un grupo de militantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, entre los que se encontraba el actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, Roque Minatta. Román presenció cómo Mazzaferri picaneaba a un detenido ilegalmente, el entonces dirigente comunista Carlos Martínez Paiva.
Fuente: Crítica Digital
