La Corte Suprema de Justicia decidió convocar a los otros poderes del Estado
para que designen un representante con el objeto de coordinar los cursos de
acción para agilizar los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la
última dictadura militar. Con el mismo propósito la Procuración General de la Nación pidió a la Cámara Nacional de Casación Penal que reasigne a jueces de tribunales orales (inclusive del interior del país, para que se ocupen quienes tienen menos carga de tareas) la causa por ilícitos cometidos en jurisdicción del Cuerpo Primero del Ejército.
"Hay tribunales federales con menos trabajo, entonces sus integrantes deberán trasladarse para que se pueda cumplir con el requisito de la competencia territorial y el principio constitucional del juez natural", dijo un funcionario judicial.
La Corte convocará al Ministerio de Justicia, al Congreso de la Nación y al Consejo de la Magistratura para abocarse a cuestiones relacionadas con la organización de esos juicios.
La "invitación" a los otros poderes del Estado había sido insinuada entre los miembros de la Corte y durante una reunión que el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, sostuvo días atrás con delegados de organizaciones de derechos humanos. "No se trata de problemas económicos ni de financiación, sino de logística, de infraestructura", agregó el funcionario consultado.
En tal sentido la fuente mencionó la "falta de jueces" y la carencia de salas adecuadas para la realización de los juicios orales y públicos por las distintas "megacausas" abiertas luego que, en agosto de 2003, se declararan nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los inconvenientes se suman en jurisdicciones donde hay vacantes -como Santa Fe- o por razones de amistad con quienes son objeto del proceso, circunstancia que también se presenta cuando se designa a abogados locales para cubrir la falta de magistrados.
La necesidad de "coordinar" las tareas para avanzar en la tramitación de los juicios quedó reflejada en un comentario: "falta gestión", que se le atribuye a Lorenzetti, cuando se refiere a la agilización de las causas por violaciones a los derechos humanos.
