Se han reiniciado los juicios contra imputados por graves delitos cometidos
durante la institucionalidad criminal impuesta por los altos mandos militares de
la última dictadura. Durante aquellos años, se generaron lealtades criminales
facciosas, se destruyó la cadena de comando y se consagró una elite criminal
como perpetradora de lo enunciado.No se puede caer en la simplificación de pensar que o los mandos militares enloquecieron súbitamente o siempre fueron un hato de asesinos. Lo que sucedió en las Fuerzas Armadas, a partir de 1976, no fue la generación espontánea de un grupo criminal, sino que ello reconoce un fermento preexistente instaurado en gran parte de la sociedad argentina. Sin prescindir de los seis golpes militares en el siglo XX, hay que destacar que a partir del derrocamiento del gobierno constitucional del general Perón (septiembre 1955) hasta 1983 las Fuerzas Armadas se autoimpusieron el rol de una especie de "casta salvadora", de la República que -bueno es tenerlo presente- contó con sectores civiles constituidos en grupos de interés y de presión.
En 1976 una parte de la sociedad argentina entendía la violencia condenando a la víctima y no al perpetrador ("por algo será", se escuchaba con frecuencia). No muchas voces del quehacer nacional condenaron entonces las brutalidades de la dictadura.El advenimiento de la democracia trajo consigo la necesaria exclusión de casi todos los perpetradores y su juzgamiento. No todos los actores sociales reconocieron sus errores. Comparto con el jurista Jaime Malamud Gotti que ".el alcance necesariamente restringido de los juicios reinventó la historia y atribuyó la culpa a un solo grupo social -los militares- exculpando (no culpables, igual a inocente) a todos aquellos civiles que abonaron el terreno para la creación del terrorismo de Estado".
Esto, aún está pendiente. La violencia argentina en los años setenta es consecuencia de la impunidad que reinó para los usurpadores del poder en los golpes militares anteriores y -muy particularmente- la violencia argentina en los años cincuenta. El 16 de junio de 1955, criminales de uniforme -con anuencia de gran parte de la sociedad- masacraron a un pueblo inerme e indefenso en la Plaza de Mayo. El saldo fue de más de 300 muertos y un número superior de heridos. Esos criminales, junto con conocidos políticos constituidos en pseudos cruzados republicanos estigmatizaron al adversario político como moralmente innoble. Militares golpistas de 1955 y otros de los golpes de 1962 y 1966 alcanzaron las máximas jerarquías y cargos en las Fuerzas Armadas -junto a civiles- en gobiernos democráticos.
La prevención a la violación a los derechos humanos por las instituciones militares debe fundarse en el cambio cultural y fáctico. En ese sentido, el Ejército generó -en decisión autoimpuesta- en los años noventa una serie de medidas conducentes a la modernización institucional, lo que conllevaría la aceptación de aquel cambio cultural, principalmente: en el sistema educativo, el establecimiento de vasos comunicantes entre los Institutos de formación militar y las instituciones educativas civiles, y concientizar que nunca un militar debe obedecer una orden que manifiestamente constituya la comisión de un delito -en particular contra la Constitución Nacional-, o sea que contraría los usos y las leyes de la guerra. Todo ello, en el contexto de una acción docente constante, estrecha y desarrollada desde los máximos niveles.
La prevención no es ajena de la persecución criminal de quienes violaron derechos inalienables; ello es tema central no sólo en nuestro país sino en los países que hacen tránsito desde una dictadura a un régimen democrático. Existe un disenso entre quienes defienden el perdón y el olvido, y entre quienes consideran que no hay transición sin sanción criminal contra los ofensores a los derechos humanos.
El énfasis en la defensa de la sanción criminal tiene su acento en las víctimas, en la necesidad de restaurar su dignidad, y en castigar a quienes participaron en la comisión de los delitos atroces y aberrantes.
En nuestro país se optó, desde luego, por la segunda opción. Es así como la punición de los delitos de lesa humanidad está cabalmente contemplada en la legislación penal argentina. No cabría consecuentemente apelar a otros institutos. Con ello se evitará la repetición de un luctuoso pasado y eliminará todo vestigio de relativismo moral y jurídico.
No obstante, hay un aspecto que no ha sido definitivamente quebrado y es el pacto de silencio, de mendacidad y contumacia persistente, establecido entre los perpetradores. Aún al día de hoy, algunos procesados y otros con sentencia firme siguen en la negación y justificación de los hechos y en el perverso sentido del "espíritu de cuerpo delictual". La actitud hacia la memoria y la verdad histórica, por parte de esos sectores -militares y civiles- comprometidos con los crímenes, continúa aferrada a la negación, al olvido y a una total reluctancia a la democracia.
Fuente: Clarín
