La muerte del cartero

La defensa de los imputados en el histórico juicio que se desarrolla en Corrientes, propuso incorporar al debate recortes de diarios, unos pocos, y numerosas impresiones del Portal de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. Argumentaron que en dichos artículos periodísticos se encuentran las imágenes de los imputados, por lo que sería fácil identificar a sus defendidos para los testigos víctimas y ello "perjudica el derecho de defensa". Impecable. Uno puede argumentar, y de hecho así lo hizo la querella, que el momento para dirimir si habían visto o no las publicaciones impresas y fotocopiadas los testigos, previo a su declaración claro está, era precisamente cuando se hallaban declarando bajo juramento.
También se puede afirmar, como lo hizo el fiscal, que la necesidad de la prueba debe surgir del debate, que así lo establece el artículo 388 del Código Procesal Penal.
También se puede decir con no menos razón, que si fuera por las fotografías de los imputados jamás se podría juzgar a figuras públicas, mucho menos a Videla y compañía, tampoco hubiera habido un Nuremberg, para citar ejemplos más acordes a lo que es materia de juzgamiento en la Causa RI9, donde el marco precisamente es el genocidio. No sería necesario en este caso señalar algún artículo o inciso, sino el sentido común.
Las publicaciones son la consecuencia de la oralidad de los hechos, decía Bosch, no pudiendo salir de la sorpresa que le causó el planteo.
De todos modos forma parte del juego, la defensa puede y debe hacer lo que esté a su alcance en pos de los intereses de sus clientes. Aún cuando no aporte en absoluto a la Causa en sí y no parece motivado el recurso por razones estrictamente jurídicas.
Parece más bien un "pase de factura" a un Portal que ha reflejado lo que sucedió en el debate, impidiendo al igual que muchos otros medios, que el juicio se desarrolle sin conocimiento de la sociedad, y desnudando la estrategia inicial de la defensa que calificaba al mismo de "armado, y con sentencia firmada de antemano".
Ahora se sabe que en el ex-Regimiento 9 funcionó un Centro Clandestino de Detención, que los imputados participaron y son responsables en mayor o menor medida de los hechos que se les imputan, que sus propios testigos han contribuido a establecer esa certeza, y se sabe también que el derecho de defensa ha sido respetado hasta el hartazgo, tanto es así que pese a ser inconducente éste pedido, el Tribunal, en el uso de las facultades discrecionales que posee, admitió la incorporación de los recortes solicitados. Esto, más allá de la su valor como prueba, cuestión que será considerada oportunamente. Finalmente mataron al cartero.

Documentos comprometedores

Dr. Martín Almada

Afortunadamente el debate prosiguió, incorporándose importante documental aportado por Martín Almada, el funcionario de la UNESCO que halló los archivos del terror, aquel impresionante arsenal de documentación de las dictaduras de Sudamérica que se dio en llamar "Plan Cóndor", que no es otra cosa que la coordinación represiva de las dictaduras de esta región del planeta, con la impronta de la CIA y Kissinger.
Algunas de las pruebas seleccionadas por Almada de entre las toneladas de papeles hallados, son las que desnudan el verdadero propósito de los "operativos de acción cívica" que hacía el Ejército, pintando Escuelas y Hospitales para ganar consenso social, mientras ejecutaban la verdadera tarea que habían ido a desarrollar: la detención de personas. Éstos operativos en nuestra región se dieron en llamar "Toba I", "Toba II" y "Toba III", y de él participaron algunos de los imputados, y una de las víctimas fue la sindicalista docente Gladys Hanke quien se encontraba embarazada al momento de su detención y fue trasladada en el RI9, siendo una de las testigos víctimas de la Causa RI9.
Se leen los resultados de una pericia acústica incorporada por la defensa de Losito y Píriz, la misma que cargó contra el Portal de la Comisión de Derechos Humanos.
Se incorporan los legajos que fueran secuestrados en la Policía de Corrientes, pertenecientes a las víctimas de la dictadura, entre los que estaba el de Rómulo Artieda, y en su interior un pedido de captura librado contra Rómulo por el Jefe del Ejército, lo que resulta relevante porque mas allá de los testigos que lo vieron en el interior del CCD, esta orden explica porqué fue trasladado al RI9 si lo detuvieron en Buenos Aires. El punto es que precisamente desde el RI9 se solicitó su captura y es por eso que sólo pudo haber sido enviado allí, tal como lo dictan no solo las normas de cualquier lugar del mundo, sino la lógica mas elemental, debido a que si se lo detiene es precisamente para ponerlo a disposición de quien ordenó su detención.
También se incorpora un recorte de diario que da cuenta de la muerte de Colombo, un militante político que fue asesinado en un tiroteo con las fuerzas conjuntas al mando del Ejército. El Gendarme Reynoso fue el encargado de hacer el sumario correspondiente, y en su ampliación indagatoria dijo "me tiraron un muerto".

Con las botas puestas

Dr. Jorge Buompadre

Finalmente la lectura de pruebas parece concluir con la incorporación de los Decretos secretos de los mandos militares de la época, que ordenan y marcan las pautas de la represión clandestina.
Pero no es así, pide la palabra el Dr. Buompadre y dice "solo dos cositas Sr. Presidente, saber si se incorporó la libreta de matrimonio de mi defendido Barreiro", a lo que se le respondió que si, y haciendo gala de su reconocido histrionismo dijo impostando la voz: "y quiero que se incorpore el expediente 1-15-86/77 donde se halla acreditado que Aguirre y Artieda eran militantes de la banda terrorista subversiva del PRT".
Se desprende de allí varias consideraciones, el probable deseo no solo de investigar a las víctimas sino de justificar su suerte, la desesperación por demorar un debate que según sus palabras está plagado de irregularidades, pero contradictoriamente hace lo imposible porque no termine, y lo peor, lo más grave, es que el Vice-Decano de la Facultad de Derecho otorga entidad a las cargas probatorias obtenidas en dictadura contra los acusados de delitos de opinión, ya sea que se logren con o sin los métodos ya descriptos de "interrogación" de los detenidos.
Lo decíamos al principio, los abogados deben hacer lo posible para defender a sus clientes, pero todo tiene su límite, claramente delimitado por el buen gusto y el decoro. No fue una estrategia feliz y resultó ofensiva e inmerecidamente violenta para los familiares de Rómulo, quien ya no está para defenderse. Lamentable.
Tan lamentable como la adhesión a tamaña petición por parte de la defensa de otros dos imputados, cuyos defensores oficiales no pueden desconocer la gravedad de la misma. El Dr. Gesino sin embargo, adhirió sin culpa, con solvencia, con absoluta convicción.
Tras una larga deliberación, el Tribunal se repuso de su sorpresa y colocó las cosas en su lugar, rechazándoles la solicitud sin recordarles a los letrados cuáles son los delitos que se juzgan en el debate y quiénes los imputados. Quizás, aunque parezca increíble, hubiera sido necesario hacerlo.

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