Polémicas opiniones de un defensor de militares
En un
importante medio radial de la ciudad de Corrientes, que será escenario del
juicio más importante del interior del país en materia de derechos humanos
violados por la dictadura militar, caratulada “Nicolaides Cristino, Demarchi
Juan Carlos, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Roberto,
Reynoso Raúl Alfredo p/sup. Asociación ilícita agravada en concurso real con los
delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación
de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos” pero
conocida en la ciudad como la "Causa RI9", el abogado del ex-presidente de la
Sociedad Rural de Corrientes Capitán (RE) Juan Carlos De Marchi sostuvo que la
Asistencia Integral a Testigos de reciente creación “es un proceso ilegal,
porque el Código Procesal Penal prohíbe la comunicación con terceras personas
durante el debate. El testimonio lo va a dirigir el psicólogo”, concluyó.
Según Buompadre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el
Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación Luís Alen, la Directora de Salud
Mental de esa dependencia, Victoria Martínez, quien se encuentra a cargo del
Plan Nacional de Contención y Asistencia a Testigos y Querellantes en Juicios
por el Terrorismo de Estado, asimismo el especialista en casos procesales
vinculados con los Derechos Humanos, Ciro Anichiarico, la especialista María
José Guembe, del Programa Verdad y Justicia (a cargo de Marcelo Saín) que
funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y las autoridades
de salud mental de la provincia estarían violando la ley. No supo responder
cuando la periodista que formaba parte del panel le espetó: ¿usted no cree que
se deba proteger a los testigos?, haciendo alusión a su protección física que
también está prevista por el Programa Integral de Asistencia articulado entre
Nación y Provincia, ocasión en la que solo atinó a decir ¿de que?...los casos de
López y Febrés son hechos aislados (sic).
Asimismo se refirió a un nuevo pedido de nulidad planteado en virtud de que sus
defendidos "estuvieron muy lejos cuando se los trasladó a Campo de Mayo" por el
transcurso de menos de un mes, lo que causó "la imposibilidad de comunicarme con
mis clientes. No puedo elaborar una estrategia de defensa con mis clientes, no
hubo tiempo" afirmó. Cabe recordar que el defensor no se incorporó a la causa
hace un mes sino desde el principio en una causa que lleva tres largos años.
La nueva nulidad planteada se enmarca en una larga lista de nulidades,
recusaciones y denuncias penales contra jueces actuantes que motivaron que
demore su elevación a juicio, lo que finalmente está previsto para el día 5 de
febrero del corriente año.