Las comunidades campesinas del sur del Tolima denuncian que el 23 de agosto de 2007, a las seis de la mañana, llegó un grupo de militares a la casa del campesino Rubén Darío Luna Triana, de 48 años de edad, padre de seis hijos y habitante de la finca Las Delicias, ubicada en la vereda San Pablo, municipio de Chaparral (Tolima). Los soldados hicieron salir al patio a Rubén y en presencia de su esposa y sus hijos, lo torturaron y con una puñaleta le abrieron el pecho y el estómago. Después fue rematado con un tiro de pistola en la cabeza y reportado como 'guerrillero dado de baja en combate'.
Las tropas iban acompañadas por Nilson Medina Cometa, alias 'Maseta', persona reconocida en la región por sus conductas delincuenciales, razón por la cual había recibido el rechazo de la comunidad. Según la denuncia, este delincuente oficia ahora como informante del Batallón José Domingo Caicedo.
Para la comunidad, este crimen hace parte de un plan diseñado por el ejército para asesinar campesinos y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate y mostrar así resultados operativos, ante la permanente presión del señor Uribe Vélez y la cúpula militar para obtener resultados en la lucha contrainsurgente.
Además de Rubén Darío, en los municipios de Chaparral y Rioblanco han caído muertos en el último año víctimas del terrorismo oficial otros ocho campesinos inocentes: Miguel Ipus Medina, asesinado el 20 de noviembre de 2006 en la vereda La Pradera, de Rioblanco; Heremildo Valero Bedoya, Virginia Hernández Valero y Abelino Rada Vargas, asesinados el 29 de noviembre de 2006 en la vereda Maracaibo, de Rioblanco; Harsai Yate Urbano, asesinado el 20 de mayo de 2007 entre las veredas La Cristalina y El Cambrín, de Rioblanco; Camilo Avilés Morales y Jesús María Riaño, asesinados el 19 de julio de 2007 en la vereda Espíritu Santo, de Chaparral; e Isaúl Buitrago, asesinado el 7 de agosto en Gaitán, Rioblanco.
Ante esta situación, el coronel Iván Pineda, comandante de la brigada Móvil No. 8 del Ejército, en declaraciones al diario El Nuevo Día publicadas el 16 de agosto de 2007 justificó los hechos con la tesis de que los campesinos de la región comulgan con los grupos armados porque fue allí donde éstos nacieron: 'Para nadie es un secreto que en esta región nacieron los grupos armados ilegales, quienes decidieron quedarse fueron únicamente aquellos que comulgaban con sus actuaciones', afirmó el coronel al tratar de legitimar la persecución del Ejército contra el campesinado. El nacimiento hace más de 40 años de fuerzas guerrilleras en el sur del Tolima no es responsabilidad de los campesinos e indígenas que allí habitan, cuya única labor es la agricultura.
Por otra parte, las comunidades campesinas denuncian la actitud demagógica de las autoridades departamentales frente a la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ya que el gobernador Fernando Osorio Cuenca, luego de la ejecución de los campesinos Camilo Avilés Morales y Jesús María Riaño, y después de la protesta del 3 de agosto, instaló una 'mesa de convivencia' en la que los mandos militares justifican sus crímenes en forma arrogante e irrespetuosa. Esta mesa sólo ha representado una burla para el campesinado, pues los militares siguen incumpliendo sus falsas promesas y matando campesinos.

En el oriente del Tolima

De otra parte, las comunidades del oriente del departamento denuncian una nueva arremetida del ejército y de las multinacionales contra el campesinado. El 2 de julio pasado, Faustino Ortiz García y Félix Valencia, dos humildes ancianos y reconocidos líderes sociales se encontraban en Alto Torres (Cunday), en una reunión comunitaria, cuando fueron detenidos por el ejército, siendo interrogados y luego obligados a caminar con las tropas hacia Villa Esperanza, donde fueron dejados en libertad a las cuatro de la tarde. Los soldados dijeron a los campesinos que dejaran de participar de reuniones, amenazándolos con que sabían sus sitios de residencia, a donde llegarían en cualquier momento.
Los señores Faustino y Félix hicieron parte de las 34 personas de Prado y Dolores que fueron víctimas de la detención masiva del 14 de septiembre de 2003, primer acto en la zona de la cacería de brujas iniciada bajo el gobierno de Alvaro Uribe Vélez.
Así mismo, la comunidad informa que el 3 de agosto ingresó por la vía Los Mangos - San Pedro - Las Vegas (municipio de Dolores) un convoy con fuerzas especiales del ejército con el objetivo de proteger a cuatro ingenieros de dos compañías que realizan el estudio para el arreglo de la carretera y la apertura de la vía a Galilea, municipio de Villarrica. Hacia la 1:20 p.m., en el caserío Las Vegas se produjo un enfrentamiento entre la insurgencia y los soldados, quedando la población civil en medio del fuego cruzado. Como producto de la balacera, uno de los vehículos militares fue averiado. Los ingenieros fueron evacuados en helicóptero. Luego de los hechos, un capitán del ejército detuvo durante una hora a un campesino de Las Vegas, al que amenazó y acusó falsamente de ser conocedor del ataque.
En otros hechos, el 7 de agosto, en la vereda Balcanes, municipio de Prado, siendo las 5:30 am, miembros del Batallón de Contraguerrillas No. 6 'Pijaos' de la Sexta Brigada del Ejército Nacional llegaron a la casa del campesino Gustavo Roncancio, a quien intimidaron apuntándole con sus armas y pidiéndole sus documentos. Gustavo fue encerrado y los soldados partieron del lugar. A su vez, a la casa del campesino Adolfo Tique arribaron tres hombres de civil y encapuchados, quienes patearon las puertas de la vivienda. Los hombres preguntaron por Adolfo, quien no se encontraba en el momento. Luego se retiraron del lugar. Estos hechos se presentan en medio de la completa militarización de la región.
La persecución contra el señor Tique y su familia no es nueva, pues el 25 de diciembre de 2003 fue asesinado su hijo, Joel Tique Marroquín, a quien reportaron como guerrillero dado de baja en combate. Así mismo, en julio de 2004 el señor Tique había sido detenido y acusado de rebelión, permaneciendo injustamente detenido por varios meses.
Estos hechos hacen parte de la estrategia del estado de abrirle el camino a las multinacionales para que se apropien de los recursos de la región, como la entrega al grupo español Unión Fenosa de la hidroeléctrica de Prado, acto que contó con la complicidad del gobernador uribista Fernando Osorio Cuenca. También se pretende desplazar a las comunidades del oriente del Tolima para facilitarle a Petrobrás la apertura de un pozo petrolero en la vereda Galilea, municipio de Villarrica.
Los campesinos hacen un llamado a la defensa de los recursos naturales y la soberanía nacional, y exigen a las autoridades departamentales y nacionales el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que en materia de inversión social y de protección de los derechos humanos suscribieron con las comunidades en noviembre de 2006.