Empujón contra la impunidad
Organismos de derechos humanos respaldaron la iniciativa de los fiscales federales para que los tribunales de Mendoza se avengan a juzgar a los represores acusados por delitos de lesa humanidad. Se creará una oficina especial para atender las causas.
Por Diego Martínez
La impunidad que reina en Mendoza, con más de doscientos desaparecidos y ningún represor preso, podría comenzar a revertirse. Con el visto bueno de los organismos de derechos humanos, la firma de dos fiscales federales y del flamante fiscal general ante el Tribunal Oral, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de investigaciones sobre terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación presentó ante el juez federal Walter Bento un plan de trabajo para acumular causas a fin de agilizar las instrucciones y lograr en el corto plazo los primeros procesos orales y públicos. El fiscal federal Jorge Auat, director de la Unidad, anunció también la creación de una oficina de asistencia, con siete empleados, que ya funciona en una dependencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El anuncio se produjo días después de que la directora de Derechos Humanos provincial, María José Ubaldini, adelantara la voluntad del gobierno de Celso Jaque de sumarse al pedido de juicio político contra Alfredo Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Petra Fernández. Son los miembros de la Cámara Federal que en noviembre liberó a los últimos dos represores presos. Las primeras denuncias ante el Consejo de la Magistratura las formularon el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos local y la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.
El documento que recibió Bento lleva las firmas de Auat, del fiscal general Oscar Palermo y de las fiscales María Alejandra Obregón y María Gloria André. “Compartimos la propuesta”, aclaró Viviana Beigel, abogada del MEDH. “Venimos reclamando la unificación desde la reapertura de la causa hace cuatro años. Nunca se nos hizo lugar salvo alguna excepción puntual. Por primera vez un fiscal propicia el mismo criterio”, agregó.
A partir del estudio de 116 expedientes, que abarcan a 245 víctimas, los fiscales plantearon la necesidad de elevar en conjunto los ocho que tienen requerimiento fiscal y los once que cuentan con procesamientos firmes, para que se traten en un único debate oral. La oficina que conduce Palermo formulará un pedido similar al TOF para que unifique las nueve causas ya elevadas. Sobre el resto de los expedientes, la propuesta es acumularlos en tres grupos, según centros clandestinos: Casino de Suboficiales, Campo Las Lajas y la Dirección de Investigaciones (D2) de la policía. La unidad reclamó que en las causas no elevadas se indague a los imputados por asociación ilícita y formuló un planteo para que recusaciones y excusaciones de camaristas sean resueltas por jueces y no por abogados.
Los anuncios, sumados a declaraciones de Auat sobre la necesidad de sanear la justicia, desataron una dura reacción de los magistrados cuestionados. Petra Fernández acusó al fiscal de “falta de decoro y dignidad”, repudió sus “expresiones lamentables” y anunció una presentación ante el procurador Esteban Righi que aún no se concretó. También expresó su disgusto por las palabras del ministro de Gobierno, Mario Adaro, por repudiar el rol de la Justicia durante la dictadura y aseguró que el anuncio de Ubaldini de sumarse al pedido de juicio político “no representa el pensamiento del gobernador”. Las acusaciones de Petra Fernández derivaron en muestras de solidaridad hacia el fiscal Auat, incluida la del diputado nacional mendocino Jorge Alvaro, que denunció que “este apego al formalismo esconde el evidente propósito de proteger encubriendo a los responsables de delitos aberrantes cometidos hace más de tres décadas”.
Las buenas nuevas se producen luego de un 2008 para el olvido, que incluyó amenazas y mensajes mafiosos contra testigos y querellantes. Hace un año, tras meses de resistencia, el Partido Demócrata renunció al Ministerio de Seguridad en respaldo del ex comisario Carlos Rico Tejeiro, denunciado por su actuación en la D2. Pereyra González fue denunciado en San Luis por negarse a recibir denuncias de tormentos cuando era secretario del juez puntano. Un abogado que asistía a familias de víctimas declaró que el camarista le confesó haber visto a una detenida torturada en la Jefatura de Policía. El juez pidió una audiencia especial para someterse a un careo pero cuando el Tribunal fijó la fecha no se presentó.
Fuente: Página 12
