En el
marco en la Maestría en Derecho Penal que dicta la Universidad Nacional del
Nordeste, los doctores Claudia Moscato y Luís Márquez analizaron la aplicación
de las normas de Derechos Humanos en el país.Los profesionales dictaron clases en la casa de estudios de esta Capital durante el fin de semana.
La doctora Moscato, secretaria de la Cámara Nacional de Casación Penal, indicó que el inicio de causas que investigan crímenes de lesa humanidad, ocurridos en la década del '70, "es un proceso natural que comienza con la decisión del constituyente, de dar rango constitucional a una serie de garantías incorporadas a partir de 1994. Una serie de tratados internacionales que imponen a los Estados prevenir violaciones a los Derechos Humanos y que no vuelvan a suceder como los que ocurrieron en Argentina".
La vigencia de la nueva Constitución, estableció "el deber de investigar y sancionar en el marco de un proceso imparcial, serio y eficaz", los delitos. "Es la consecuencia lógica de la decisión política que se tomó en ese momento", consideró.
Por su parte, el doctor Luís Márquez, Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia, las determinaciones políticas están lejos de influir sobre causas en la que se investigan delitos contra los Derechos Humanos. Asegura que el papel del Estado en los casos "es una decisión Jurídica". Esto se debe a que "el Estado no tiene chances de no investigar los delitos".
El estudioso consideró que "es muy difícil que el poder político pueda tener la libertad de tomar una decisión contraria", respecto los lineamientos fijados por las normativas vigentes. "Es todo lo contrario. Es un proceso internacional que condiciona a la Argentina a llevarlo a cabo", explicó al referirse a los procesos judiciales que se llevan adelante, y en los que se investigan los delitos de lesa humanidad.
Indicó además, que "está claro que en este tipo de delitos, es un deber del Estado investigarlos".
