PIDIERON ELEVAR A JUICIO LA CAUSA POR CRÍMENES DE LA DICTADURA
La hora del debut en Bahía
La fiscalía le solicitó al juez Álvarez Canale que convoque al primer proceso
oral y público en la ciudad del sur bonaerense. Los acusados son cuatro ex
miembros del Estado Mayor del V Cuerpo y tres ex integrantes de grupos de
operaciones.

Por Diego Martínez
El primer juicio oral y público a responsables de crímenes de lesa humanidad
cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura comienza a tomar forma. A
treinta años de los hechos y tres de la reapertura de la causa, los fiscales
federales Hugo Cañón y Antonio Castaño solicitaron al juez Alcindo Alvarez
Canale la elevación a juicio de un primer tramo de la investigación. Abarca a
cuatro ex miembros del Estado Mayor del V Cuerpo, desde donde se organizó la
represión clandestina en toda la Patagonia, y a tres ex integrantes de los
grupos operativos.
Los militares retirados que serían juzgados en 2010 son el general de brigada
Juan Manuel Bayón, los coroneles Hugo Jorge Delmé y Jorge Enrique Mansuetto
Swendsen y los tenientes coroneles Osvaldo Bernardino Páez, Jorge Aníbal Masson,
Mario Carlos Méndez y Miguel Angel García Moreno. Los primeros cuatro integraban
el Estado Mayor, donde se decidía el destino de cada secuestrado, que
encabezaban los generales Osvaldo Azpitarte, Abel Catuzzi (ambos fallecidos) y
Adel Vilas, recluido en su departamento de Bulnes 2087 y declarado insano por
los mismos peritos que evaluaron a Emilio Massera.
El exhaustivo documento de 466 páginas destaca que “la dictadura instauró una
máquina de muerte que no reconoce antecedentes en la historia de América Latina”
y que la desaparición fue el “dispositivo de poder para vigilar y castigar a la
totalidad del cuerpo social, para extirpar y edificar un nuevo orden en el que
se vieran satisfechos los intereses, demandas y expectativas de la alianza
cívico militar que promovió el golpe”. La elevación no incluye los homicidios de
Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los obreros del diario La Nueva
Provincia que organizaron a los trabajadores, porque tanto Cañón como la abogada
Mirta Mántaras, de APDH bahiense, reclamaron la inhibición de Alvarez Canale y
el avocamiento de Eduardo Tentoni, que investiga los crímenes de la Armada.
Los destinos y méritos de los imputados son los siguientes:
- Bayón, 82 años, fue jefe del Departamento Operaciones, del que dependía el
“equipo de combate contra la subversión”. Teórico de la Doctrina de la Seguridad
Nacional, en 1977 fue director de la Escuela Superior de Guerra.
- El “mayor Delmé”, 72, como lo recuerdan las familias de las víctimas, era el
encargado de negar información a quienes reclamaban por desaparecidos, en
cautiverio a 200 metros de su oficina.
- Páez, 77, fue jefe de la división Educación, Instrucción y Acción Cívica,
presidió un “Consejo de Guerra” que parodió un juicio a tres secuestrados y en
1977 fue trasladado a Campo de Mayo.
- Mansueto Swendsen, 77, fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, escala
previa y posterior a La Escuelita, y del área militar 511, dentro de la cual se
cometieron todos los delitos de lesa humanidad de la zona.
- Masson, 56, entonces subteniente, comandó la sección “Infantería” de la
“Agrupación Tropa”, que se encargaba de secuestrar y trasladar a las víctimas
hasta el centro clandestino.
- Méndez, 56, apodado “el Loco de la Guerra”, integraba la Compañía de Comando y
Servicios pero se sumaba a los operativos clandestinos y a los trabajos en La
Escuelita, según se ufanaba ante los oficiales de reserva.
- García Moreno, 65, comisionado en Operaciones, será juzgado por dos homicidios
calificados y por el blanqueo de tres secuestrados de La Escuelita mediante un
Consejo de Guerra.
Bayón, Delmé, Masson y Méndez esperarán el juicio en la Unidad Penal 34 de Campo
de Mayo. García Moreno, que allí era discriminado por peronista, en el penal de
Marcos Paz. Gozan de arresto domiciliario Páez (en República Siria 945, San
Rafael, Mendoza) por problemas de salud, y Mansueto Swendsen (Soler 111, piso
10, Bahía Blanca) por pertenecer a la alta sociedad bahiense. En la causa
permanecen prófugos el coronel Aldo Mario Alvarez, ex gerente de la Agencia de
Investigaciones Privadas Alsina SRL, y los capitanes Jorge Horacio Granada y
Carlos Alberto Taffarel.
A repartir las causas de la represión
Los organismos de derechos humanos lo reclamaban desde hace años. La Procuración
General de la Nación lo volcó en una propuesta concreta a principios de marzo.
La respuesta se demoró pero llegó: un plenario de la Cámara Nacional de Casación
Penal decidió reasignar los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en
jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que hacían cola en el Tribunal Oral
Federal 5, al resto de los tribunales federales porteños. La medida que
permitirá juzgar en plazos razonables a los responsables de secuestros, torturas
y homicidios en los centros clandestinos Atlético, Banco, Olimpo y Vesubio,
entre otros, se anunciará hoy, durante la oficialización de la comisión
interpoderes creada para agilizar las causas por crímenes durante la dictadura.
A medida que la Justicia federal fue elevando distintos fragmentos de causas por
delitos en el Primer Cuerpo, la similitud entre las víctimas y, por otro lado,
los imputados, que técnicamente se denomina conexidad, derivó en la acumulación
de juicios en el TOF-5. Se trata del tribunal que en estos días juzga al general
Olivera Róvere y a cinco ex jefes de área militar y que el 6 de octubre
comenzará a juzgar a 18 represores de la ESMA.
El 3 de marzo la Unidad Fiscal de coordinación de procesos por terrorismo de
Estado de la PGN y el fiscal general Alejandro Alagia, designado para actuar en
juicios del Primer Cuerpo, formularon a Casación el pedido de reasignación de
causas con el objetivo de “lograr su distribución racional”, mecanismo previsto
por la ley 26.371 y que se aplicó en otras oportunidades. La respuesta llegó
ayer, según confirmó a Página/12 una alta fuente judicial, y servirá de
auspiciosa presentación en sociedad de la Comisión para la Coordinación y
Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, integrada por
representantes de los tres poderes y de la PGN, que se concretará hoy en el
salón presidencial de la Corte Suprema de Justicia. La reasignación se haría
según el volumen de trabajo de cada tribunal y sólo excluiría del sorteo al TOF-1,
que debe juzgar a los responsables del Plan Cóndor y del centro clandestino
Automotores Orletti.
Los juicios, acelerados
A la misma hora que en la Corte Suprema de Justicia se oficializará la formación
de una Comisión Interpoderes para acelerar los juicios a represores, en el
primer piso de Comodoro Py los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de
Casación Penal escucharán argumentos a favor y en contra del alojamiento en
unidades castrenses de militares imputados en delitos de lesa humanidad. Pese a
que la Ley de Defensa Nacional prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en
tareas de seguridad interior y el Ministerio de Defensa informó a los jueces que
los cuarteles no deben ser cárceles ni los soldados guardiacárceles, aún hay 18
imputados por crímenes de lesa humanidad en unidades militares por orden
judicial. La audiencia tratará el caso del coronel José Luis Marchisio y de los
civiles Carlos Faraldo y Rubén Ledesma, ex miembros del Destacamento de
Inteligencia 123, alojados aún en el Grupo de Artillería 3 de Paso de los
Libres. Víctor Aldave, hasta ayer en la misma situación, fue excarcelado por
problemas de salud. Pese a que la Cámara Federal de Corrientes declaró la
nulidad de los procesamientos a los responsables del centro clandestino La
Polaca, los represores siguen detenidos, imputados en otros expedientes. Los
abogados Rodolfo Yanzón y María Dolores Aragón, de la Fundación Liga Argentina
por los Derechos Humanos e H.I.J.O.S., respectivamente, presentaron ayer un
escrito ante Casación en el que destacan que el alojamiento de imputados viola
las funciones específicas que competen a las Fuerzas Armadas e implica incumplir
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas e implantar
fueros especiales que la Constitución prohíbe.
Fuente: Página 12
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