Derechos de las mujeres encarceladas

La Declaración de Derechos de la Mujeres y Ciudadanas escrita en 1791 por Marie Gouze comienza especificando que “la mujer nace libre”.[1] Desde este punto de partida, realizaré un análisis de la privación de la libertad desde una perspectiva de género.

A la población de confinadas les ha tocado vivir múltiples violencias. Como muchas mujeres, éstas han vivido y viven discrímenes por razón de género, orientación sexual e identidad de género, entre otros, incluso previo a su ingreso a la cárcel. Notables son aquellos casos en los que las mujeres son sentenciadas y encarceladas por relaciones de poder en torno a su cuerpo como haberse defendido de la agresión física y sexual, por haber realizado trabajo sexual, por drogodependencia, entre otros delitos tipificados. Ameritando que dichas situaciones sean atendidas desde las miradas salubristas y de prevención que incluyan una perspectiva de género.

Cuando las mujeres que delinquen son acusadas, en la atención a los delitos en las instancias judiciales se manifiesta desigualdad por razón de género. En muchas ocasiones, las acusadas no pueden prestar fianza o pagar multas desproporcionadas o efectuar gastos por servicios legales. Cuando son sentenciadas, ya en la cárcel, se enfrentan a que muchos de los programas de “rehabilitación” pretenden reforzar los roles de género. Ejemplo de esto es que a alturas del 2012, a las confinadas todavía se les adiestra en la costura como parte de su “rehabilitación”.[2] Estos esfuerzos de reforzar los roles de género también existen fuera de los espacios carcelarios, pero en éstos adquieren mayor visibilidad. Todo ello tiene su trasfondo histórico.

Breve historia de la cárcel de mujeres

Como bien ha señalado Sandra Lee Bartky “Las mujeres tienen sus propias experiencias de la modernización de poder”.[3] En el caso de Puerto Rico, la idea de crear una cárcel exclusivamente para mujeres se venía considerando desde el siglo XIX. No es hasta mediados del siglo XX, en la década de los 40’s, cuando se discuten las leyes para la creación de dicho espacio de reclusión. En el 1940, 1941, 1942 se discutieron medidas legislativas para la construcción de una cárcel exclusivamente para mujeres y no es hasta el 1946 que se puede decir que en cierta medida se “consolida” la idea como proyecto legislativo. Todas estas leyes planteaban que las mujeres tenían que ser rehabilitadas primero para la familia (lo doméstico y privado) y segundo para la sociedad (lo público), intentando reforzar así los roles de género.[4]

Entre los múltiples factores que incidieron en la creación de dicha cárcel se pueden destacar, por el momento, cuatro elementos. Primero, la resignificación de la subjetividad del delito desde una perspectiva de género. Segundo, la situación de hacinamiento en las cárceles. Aunque no era un problema nuevo, para aquella época se comenzó a entender y a atender. De la población recluidas en cárceles, las mujeres confinadas eran (y todavía hoy son) las principalmente afectadas, ya que al ser un grupo proporcionalmente menor, han sido y son menos atendidas. Resultaba muy pernicioso para aquellas que eran madres o estaban embarazadas y recluidas en las cárceles hacinadas.

El tercer factor clave para la creación de la cárcel fueron las reformas impulsadas durante la época, junto a la consolidación del estado moderno, encarnado en Puerto Rico en el recién fundado Estado Libre Asociado (ELA). La visión reformista y rehabilitadora de la época quedó plasmada en la Constitución del ELA de 1952. Estas corrientes reformistas fueron influenciadas por visiones internacionales; específicamente de la vieja metrópoli con la visita de Victoria Kent (España) y la nueva metrópoli con la visita de Frank Loveland (Estados Unidos), entre otros. Ambos países habían pasado por sus respectivos procesos de reformas penales, influenciados a su vez por diferentes sectores sociales e ideológicos. Puerto Rico adaptó estas influencias a sus propias necesidades culturales en sus reformas penales. El cuarto factor está vinculado a las preocupaciones que tuvieron individuos y grupos organizados como las Damas Espiritistas y la Asociación de Trabajadoras Sociales en torno a las condiciones de hacinamiento de las mujeres confinadas. Estas últimas denunciaron la situación de las confinadas con hijos en las galeras de la penitenciaría de Arecibo.[5]

En el 1950 se anunció que se construiría “una nueva cárcel para mujeres”.[6] La construcción e inauguración de la cárcel prosiguió, a pesar de que incluso en 1942 el Procurador expresó resistencia a dicha creación.[7] Cinco meses después de que Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Andrés Figueroa Cordero e Irvin Flores Rodríguez participaran del ataque al Congreso de Estados Unidos (marzo, 1954), en Washington DC, el 17 de agosto de 1954, se realizó la apertura de la primera cárcel exclusivamente para mujeres, conocida hoy como la Escuela Industrial de Vega Alta (EIVA). Con esto se constató la materialización del proceso de resignificación de la subjetividad en torno a la mujer criminal en Puerto Rico. De esta forma, la experiencia de las mujeres de la modernización de poder a mediados de siglo XX en Puerto Rico refleja que por un lado, éstas ya podían votar, ingresar en el ámbito universitario y profesional; mientras al mismo tiempo, se creaba una cárcel para mujeres para recordar y reforzar los roles de género a aquellas que ya eran entendidas culturalmente como “mujeres criminales”.

Desde su apertura la EIVA atravesó situaciones inesperadas para sus administradores, se ejerció la violencia hacia las confinadas, incluyendo múltiples formas de discrimen, y desde entonces las confinadas han transgredido, resistido y violentado las normas.[8]

Múltiples violencias

Analizar las violencias en las cárceles es un asunto muy complejo que amerita un escrito más amplio. Sin embargo, se puede resumir que tales violencias son multidireccionales. Al mismo tiempo, se puede recordar y destacar que las relaciones de poder en la cárcel de mujeres son asimétricas. Observemos.

Si bien las confinadas han ejercido formas de resistencia, la violencia hacia estas ha sido mayor. Ha habido agresiones, excesos de fuerza, embarazos, hacinamientos y denuncias de discrimen por orientación sexual, entre otras situaciones. Para propósitos de este artículo mencionaremos algunas recientes.

En el 2008 se denunció la situación de hacinamiento de las confinadas de la EIVA a raíz de un traslado de confinadas de Ponce hacia EIVA. Una vez trasladadas ubicaron dos confinadas en espacios que eran para una. Según investigaciones, el hacinamiento tiene como efecto adverso el desarrollo de pobre tolerancia ante la frustración, comportamiento agresivo, automutilación, depresión, suicidios y homicidios.[9] En el 2010 se dio el caso de Vivian Marie Rivera una confinada de la EIVA que murió a raíz del descuido de salud, después de haber recibido una paliza. Se alegó que ésta había sido propinada por parte de su pareja consensual, otra confinada. De ser cierto esto manifiesta una situación de violencia entre parejas del mismo sexo a la que puede estar expuesta cualquier confinada y sin ninguna protección, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el 2003, determinó que a dichas parejas no les aplica la Ley 54. Vivian Marie había sido recluida por posesión de marihuana y en la sentencia le fijaron como multa una cantidad de dinero que ni ella ni su familia pudieron pagar.[10]

En el 2012 hubo dos denuncias por discrimen por orientación sexual que salieron a la luz pública. El 5 de marzo de 2012, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano sometió una querella a la Comisión de Derechos Civiles para que se investigaran las denuncias de discrimen por orientación sexual e identidad de género realizadas por un grupo de confinadas. Explicó Serrano que “luego de varias reuniones y reclamos por parte del grupo, las mujeres fueron regresadas a la población general, no sin antes ser amenazadas por la Unidad de Operaciones Tácticas. Incluso, tenemos información de que recibieron burlas y ofensas de parte de oficiales de Corrección y que una de ellas fue golpeada luego de un confuso incidente”.[11]

La situación de denuncia de discrimen por orientación sexual volvió a ser denunciada. El 24 de marzo del 2012, trasladaron a la cárcel de Guayama 945 un grupo de confinadas que según el Secretario de Corrección, habían amenazado con incendiar la cárcel de mujeres. Las reclusas denunciaron que el traslado se debía a discrimen por orientación sexual. La Procuradora de las Mujeres participó del proceso como observadora.[12] Aunque el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación mencionó que se investigarían los hechos, de este caso tampoco se ha dilucidado algún seguimiento al asunto.

Otros sucesos conocidos e incluso que han sido reseñados en la prensa son los casos de confinadas que han quedado embarazadas en la prisión.[13] Lorenzo Villalba, exadministrador de Corrección, reconoció que fue tan recientemente como el 6 de marzo de 2012 que se prohibió que trabajen hombres en dicha cárcel.[14] Si bien este paso puede ser parte de la solución, es tan o más importante reformar las normas de reclutamiento y adiestramiento de todo el personal de corrección (incluidas las mujeres guardias) para que no se abuse de las relaciones de poder en dichos espacios carcelarios.

Reflexión

Los casos mencionados como ejemplo sacan a relucir las problemáticas de control social que surgen de los espacios carcelarios como instituciones de control; así como la realidad de que no son una alternativa viable para rehabilitar. Uno de los elementos del castigo es el intento de supresión de la sexualidad que es fácilmente transgredido por las reclusas. Con el traslado reciente del 2012 de las confinadas de la EIVA hacia Guayama 945, una cárcel de hombres, se puede observar que la historia no es lineal. Estamos volviendo, en cierta medida, a los espacios de reclusión mixtos (mujeres y hombres). Saber el impacto que esto conlleva amerita una mayor investigación. No obstante, se puede señalar que en el proceso han prevalecido el exceso de fuerza, las irregularidades y la ausencia de transparencia por parte de las instancias del Estado.[15]

De los sucesos ocurridos en marzo 2012 por discrimen por orientación sexual, no se ha circulado información del proceder de la Comisión de Derechos Civiles en cuanto a lo sucedido, ni mucho menos se ha circulado el informe de la investigación, si es que hubo alguno. Del Colegio de Abogados acudieron a entrevistar a las confinadas. Sin embargo, todavía no se ha llevado dicho caso ante las instancias judiciales pertinentes. Desconozco las razones. La Procuradora de las Mujeres estuvo como observadora y tampoco comunicó nada sobre la situación de las confinadas trasladadas.

Partiendo de la buena fe, quisiera pensar que están atendiendo con sumo cuidado e intentando resolver de la mejor forma posible este asunto. Ojalá. Estas instituciones también tienen que asumir responsabilidad en el asunto, ya que las confinadas siguen a la espera. Si no pueden llevar los casos, al menos que den la cara. Si se diese un abandono y olvido de esta situación, ello reflejaría una violencia adicional. Ojalá que ése no sea el caso.

Desde diferentes posiciones Pedro Kropotkin, Luisa Capetillo, Emma Goldman, Michel Foucault, Angela Davis, Concepción Arenal, Victoria Kent, Fernando Picó, Josué Luis Montijo, Teresita Martínez Vergne, y otras figuras reconocidas, han realizado críticas a los espacios de reclusión. Algunas de estas figuras, incluso, han planteado la abolición de las cárceles, aunque sea a largo plazo. Mientras exista el Estado y sus instituciones carcelarias tienen responsabilidades que asumir en torno a las implicaciones de salud (en todos los ámbitos). Son importantes los diálogos entre múltiples sectores en torno a la despenalización para reducir la cantidad de espacios carcelarios y transformar las instancias penales. Es importante que en dicho proceso se integre una perspectiva de género que incluya atención de salud sexual y reproductiva con especialistas libres de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia y queerfobia.

Como ya ha mencionado Fernando Picó, el día menos pensado, cualquiera puede caer preso. Ante esto puedo destacar que las mujeres no somos la excepción. Igualmente puedo enfatizar que cualquier día inesperado una confinada puede brindarles ayuda y solidaridad a mujeres no confinadas. Recientemente un grupo de confinadas donó su cabello, con el propósito de apoyar a las mujeres pacientes de cáncer.[16] Por todo lo anterior expuesto y por muchas razones es importante atenderlas, recordar sus situaciones y promover su reinserción en la sociedad de manera justa, en equidad y en paz.