María Seoane
mseoane@clarin.com
En 1979, en vísperas de la visita al país de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el ministro del Interior,
general Albano Harguindeguy,
ordenó comprar 250.000 calcomanías autoadhesivas,
en dos tamaños, con el lema
"Los argentinos somos derechos y humanos". El
slogan había sido ideado a pedido de la dictadura por la empresa Burson
Marsteller, ya contratada en 1978 para mejorar la imagen de Videla. El objetivo
era neutralizar o revertir las denuncias realizadas por sobrevivientes de los
centros clandestinos de concentración, los exiliados y familiares de las
víctimas en el exterior, que la dictadura llamó
"campaña antiargentina".
También para ocultar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado e
intentar perpetuar y profundizar
la ilusoria sensación de legalidad y
normalidad. Además de condicionar las denuncias que las Madres de Plaza de
Mayo y los organismos de derechos humanos planeaban realizar ante la CIDH. Los
gobiernos de los EE.UU., bajo la administración de James Carter, y europeos
presionaban a la dictadura para que pusiera fin a la violación a los derechos
humanos.
Es curioso analizar el expediente secreto 330/79 del Ministerio del Interior.
Porque se prueba irrefutablemente que esta campaña fue
digitada y
planificada por el gobierno militar, y que
no surgió espontáneamente de
la clase media a la que se culpabilizó de la movida. Y que fue
pagada con
fondos públicos. El
decreto secreto 1695/79 firmado por Harguindeguy
aprueba la campaña y autoriza el uso de los fondos del Estado.
La campaña se basó en la impresión de calcomanías de diferentes tamaños (las
cuales se encuentran en el expediente) con el famoso lema "Los argentinos somos
derechos y humanos" escrito sobre un fondo con la Bandera argentina. Las
calcomanías estaban destinadas a ser pegadas en los autos para ser "paseadas"
por la ciudad por la gente. Ya funcionaban por entonces las campañas radiales
con el mismo objetivo.
A diferencia de la compra de los Falcon, esta operación fue realizada por
licitación.
Les costó a los argentinos 23.000.000 de pesos (unos 16.117
dólares de la época). La empresa Libson S.A. obtuvo la licitación para la
producción de las 250.000 calcomanías. Debían realizarlas en dos medidas de 15x9
cm y 20x20 cm. En la licitación, Libson presentó un presupuesto de 65 pesos y de
200 pesos para cada una de las medidas respectivamente, incluyendo el IVA. Esto
represantaba la mitad de la oferta más baja presentada por las demás empresas,
las cuales presupuestaron: Bicolor SRL, 129 y 399 pesos c/IVA; Argencalco SRL,
260 y 670 pesos s/IVA; Cal-Pla, 150 y 390 pesos c/IVA, Continental 350 y 980
pesos c/IVA; Impresos Rotativos, 131 y 399 pesos s/IVA. Libson además fue la
única que presentó otra oferta alternativa, que era similar a los precios de sus
competidoras (145 y 450 pesos). La licitación se llevó a cabo el 28 de agosto de
1979 y la adjudicación estuvo a cargo del subsecretario general, el capitán de
navío (re) Ernesto Orbea, el mismo oficial que había comprado los Falcon. La
adjudicación de la obra fue casi inmediata: al día siguiente. Nunca se sabrá si
había habido filtraciones, producto del juego comercial, de las ofertas de los
licitantes.
Libson S.A. fue creada en 1971 con el objetivo de comercializar y fabricar
calcomanías y publicidad, y actualmente se decica a la comercialización y
producción de merchandising y publicidad de importantes marcas. En 1978 ganó la
licitación para producir y comercializar el merchandising del Mundial de Futbol.
En esa fecha, según el
expediente Nø A 41267 de la Inspección General de
Justicia (IGJ), pasa de ser una pequeña empresa a incrementar de forma
considerable su capital social, pasando de 4.000 a 30.000.000 de pesos en junio
de 1978, como consecuencia lógica de haber ganado comercializar el merchandising
del Mundial. A partir de ese momento, no aparecen más registros de la empresa en
la IGJ hasta 1983. Sin embargo, el pago por la campaña publicitaria se liquidó
en setiembre de 1979, mientras se encontraban en el país los miembros de la CIDH.
Más allá de los aspectos comerciales, el expediente 330/79 secreto prueba la
utilización de fondos públicos para ocultar lo que ya era inocultable: los
delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Sin embargo, el
lema "los argentinos somos derechos y humanos" quedó como una marca indeleble en
la cabeza de los argentinos. Un lema que muchos años después comenzó a
avergonzarlos.
