La Argentina se convirtió en el primer país de América y
segundo en el mundo en ratificar la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
-sancionada el 14 de noviembre como la Ley 26.298- en el momento en que el
Poder Ejecutivo depositó el instrumento de ratificación en la sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York.
Por instrucción de la Presidenta, y ante la trascendencia de este
acontecimiento histórico para la política de derechos humanos de nuestro
país, el canciller Jorge Taiana designó al Subsecretario de Política
Latinoamericana, Agustín Colombo Sierra (quien tiene dos hermanos
desaparecidos), para que llevara el instrumento de ratificación a la sede de
las Naciones Unidas.
“Es una forma de demostrar que hay continuidad en la política de derechos
humanos”, explicaban este viernes en Cancillería.
Cristina Fernández de Kirchner, aún como candidata a la presidencia, viajó a
Francia para firmar la Convención que ya había sido aprobada por unanimidad
en la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2006.
Colombo Sierra presentó la ratificación en nombre del gobierno nacional y en
representación de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.
La Convención llena el vacío existente en el derecho internacional, tanto en
la prevención de las violaciones a los derechos humanos como en la
obligación de los Estados de investigar y sancionar a los responsables.
Una de sus disposiciones más importantes consagra la jurisdicción universal
para garantizar la obligación de todo Estado-parte de investigar, detener y
eventualmente juzgar a toda persona que se encuentre en su territorio, de la
que se supone que ha cometido este tipo de delito, o de extraditarla, sin
que se pueda considerar a la desaparición como un delito político como
excusa para rechazar el pedido de extradición.
Colombo Sierra, acompañado por el embajador argentino ante la ONU Jorge
Argüello, informó que “Argentina liderará una campaña mundial para
incentivar a los estados a que ratifiquen la Convención para su pronta
entrada en vigor” porque si bien 71 países firmaron el documento, hasta
ahora sólo Albania y nuestro país lo ratificaron ante las Naciones Unidas y
se requiere que 20 países lo hagan para que la Convención entre en vigencia.
