Estos van a hacer temporada en
Marcos Paz.
Después de la muerte del represor Héctor Febres
por ingesta de cianuro, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó
un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que precise las
condiciones de detención de los acusados por delitos de lesa
humanidad. En consonancia, el juez Torres ya envió varios a
represores a celdas comunes en el Penal de Marcos Paz.
Por:
Martín Rodríguez Rocha
La iniciativa elevada al Poder Ejecutivo fue impulsada por los
diputados Claudio Lozano (Movimiento por Buenos Aires) y el oficialista
Remo Carlotto (Frente para la Victoria).
En diálogo con Diariosic.com, Carlotto explicó los motivos de este
pedido y que acciones desarrollarán una vez conocida la información.
- Remo, ¿qué están solicitando mediante este proyecto que se
aprobó en el Congreso, el miércoles último?
- Consensuamos con el diputado Claudio Lozano que tenía un
proyecto similar en el mismo sentido, solicitar al Poder Ejecutivo
información con respecto al subprefecto Febres y las condiciones de
detención que tuvo, sus visitas, etc. Y en términos generales
solicitamos información sobre las personas que se encuentran detenidas
en lugares destinados por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF)
y aquellos detenidos en otros lugares, y quiénes son los jueces que
tienen a cargo la determinación del lugar de detención. Para tener un
panorama de la situación de detención, teniendo en cuenta la gravedad de
los hechos relacionados con lo que sería el asesinato de Febres.
- Ustedes entonces piden informes para todos los detenidos por
delitos de lesa humanidad...
- Exactamente, acerca de dónde están alojados, bajo que juez
están siendo supervisados, cuántos tienen arresto domiciliario o en
hospitales o clínicas. Simultáneamente con la presentación del pedido de
informes, el juez Sergio Torres, tomó una determinación de enviar a
todos los implicados en la causa ESMA al penal de Marcos Paz. Cuando
presentamos el informe planteamos que habíamos visto las condiciones de
detención de los genocidas alojados en Marcos Paz y que había plazas
para alojar a la totalidad de los procesados en el país por estos
delitos. No veíamos porqué los jueces ordenaban el arresto en
cuarteles...
- ¿Y cuáles suelen ser los argumentos de los jueces para elegir
ésos lugares de detención?
- Muchas veces lo plantean porque no existen condiciones en dependencias
del SPF acordes a la situación por la cual están atravesando estas
personas. Nosotros consideramos que no es así, y que deben ir como
cualquier detenido a una cárcel. Con más razón los criminales de lesa
humanidad deben estar en Marcos Paz, que es una cárcel de máxima
seguridad con condiciones de detención dignas, pero que es una cárcel
común.
- Una vez ustedes tengan esta información, ¿cuál será el plan de
acción?
- Hay dos caminos. Uno que tiene que ver con poder observar si hay
modificaciones que podamos hacer al Código Procesal Penal, en el marco
del respeto por las garantías del debido proceso, para que estas
personas estén en cárceles comunes. El otro, es transmitirle esta
información al Consejo de la Magistratura para que se tomen las medidas
necesarias con respecto a los jueces que incumplen con la Ley.
- Esto ya ocurriría el año que viene...
- Sí, esperamos que para cuando se reinicien las sesiones ordinarias (en
marzo de 2008) podamos contar con la información. Y cuando se conformen
las comisiones invitemos a las autoridades del SPF, para que nos cuenten
la infraestructura que tienen para alojar a estas personas.
- Por último, ¿ustedes cuentan con alguna otra información sobre
irregularidades en las condiciones de detención?
- En general las condiciones son en dependencias policiales o en lugares
donde los implicados revestían con anterioridad. En las entrevistas que
realizamos con la Justicia Federal indicamos cuáles son los lugares de
detención más próximos dentro del marco del SPF.
Esto para nosotros debe ser un llamado de atención, hay dos hechos que
han sido señales muy graves en el marco del desarrollo de los procesos
judiciales, uno fue la desaparición de Jorge Julio López, buscando
intimidar a los testigos, fiscales y jueces. Y lo de Febres, su muerte,
es una señal para aquellos que puedan romper el pacto de silencio
respecto a los datos que puedan tener sobre las desapariciones. Por eso
debemos actuar con celeridad para que estos criminales estén condenados
en el menor tiempo posible y que no seamos permeables a las maniobras de
los genocidas para dilatar las causas y para intimidar a la sociedad y a
los actores del proceso.
Fuente:
4semanas.com.ar |
