|
UN EX DESAPARECIDO ACUSADO DE COLABORAR CON LA
DICTADURA SE SUICIDO ANTES DE SER DETENIDO
Historia de una tragedia dentro de
la tragedia
José Baravalle fue hallado por
Interpol junto con su mujer en Italia. Ella enfrenta un pedido de
extradición. Algunos de sus ex compañeros los condenan, otros creen
que ante todo fueron víctimas.
Por José Maggi y Victoria Ginzberg
 José
“El Pollo” Baravalle fue secuestrado y torturado en Rosario.
José Baravalle, “El Pollo”, tenía 55 años y había militado en
Montoneros. Lo secuestraron a mediados de 1976 y luego de cinco días
de brutal tortura comenzó a colaborar con la patota de Agustín Feced,
jefe de policía de Rosario durante la última dictadura. Junto a
Graciela Porta formaron una de las parejas más condenadas por sus
propios compañeros: los acusaron de participar directamente en
torturas y otros vejámenes. Estaba siendo buscado por la Justicia
federal, que había librado una orden de captura internacional. Hace
diez días, Interpol ubicó al matrimonio en Biella, un pueblo del
norte de Italia, cuando la Corcho Porta fue a hacer un trámite
bancario. El Pollo no resistió el cerco policial y se tiró de un
puente. “No sé lo que ellos creen que yo sepa. Esta historia nunca
terminará. Es tremendo pasar de víctima a verdugo. Alguien
celebrará: los verdaderos culpables”, escribió en una carta a sus
familiares.
La Corcho fue a un concretar un trámite bancario con su pasaporte
argentino y saltó en los registros un pedido de captura
internacional. De inmediato fue detenida. Baravalle supo entonces
que tenía las horas contadas. Fue al puente de Chiavazza y se arrojó
al vacío. Porta está ahora a la espera de un trámite de extradición.
Desde el Colectivo de ex presos políticos Hugo Papalardo recordó a
Baravalle: “Era un pibe que militaba con alegría, aunque era un poco
irresponsable. Conocí a su señora en el año ‘75 en Medicina, donde
venía porque era la compañera de Santiago ‘Guito’ Wherle, con quien
tuvo un hijo, Andrés, que crió El Pollo. La Corcho fue la que me
apuntó para que me buscaran, y estaba en el auto con el que me fue a
buscar el Cura Marcote, a mi trabajo en Maipú y San Luis. Con ella
estuvimos seis meses en el sótano de El Pozo, de San Lorenzo y
Dorrego, donde estaba con su hijo, que era muy chiquito, no sé si
tenía dos años”.
En este sentido, Papalardo explica que “no es como los juzgamos a la
Corcho y al Pollo, sino tratar de entender en qué proceso
político-social y en qué proceso de fractura moral se dan esos
casos, porque no son todos iguales. Lo que puedo decir es que gente
como Baravalle y como Porta han pasado por una tortura previa: no
fueron a las puerta de la Jefatura a ofrecerse para torturar a sus
compañeros. Esto no intenta justificar lo que hicieron, sino que
busca que quienes los juzgan intenten comprender los tiempos en que
ocurrió. La tortura durante un solo día nos transforma en un
animalito, en alguien que responde con su espíritu de supervivencia.
Los que hemos pasado por algo menos grave que esto en esos momentos,
cuando somos llevados al límite de la condición humana, sabemos que
surge de nuestro interior lo mejor y lo peor que tenemos. La razón
ya no existe, y respondemos con nuestro espíritu primario. Cuando El
Pollo decidió después de todo eso colaborar con los militares ya no
era El Pollo. Al Pollo que yo conocí lo mataron, al igual que la
Corcho, ya no fueron las personas que yo conocí”.
En 1979 Baravalle declaró en un juicio sumario que Montoneros le
hizo en España. En esa entrevista describió con una frase su
accionar: “No canté más porque era al pedo, y no canté menos porque
me mataban”. “Le jodí la vida a mucha gente, pero no a tantos como
hubiese podido.” Esas declaraciones grabadas en algunos cassettes
habrían sido llevadas al museo que la organización tenía en Cuba. En
esa charla, Baravalle se habría mostrado arrepentido de lo que había
hecho.
Angel Florindo Ruani, ex oficial montonero, es menos contemplativo
con Baravalle. “Lo torturaron como a todos los que caímos, pero El
Pollo tomó un camino que pocos tomaron, que es el de colaborar, y
participar en el terrorismo de Estado. Lo que más le achacamos a
Baravalle es no hablar en determinado momento de la democracia,
haber contado lo que hizo y lo que vio, porque él sabe perfectamente
cómo se torturaba, cómo se violaba y quiénes lo hacían. Estuvo un
año y medio en el Servicio de Informaciones, conviviendo con la
patota de Feced, por lo que tiene conocimiento de los que pasaron
entre junio de 1976 y diciembre de 1977, y qué pasó con los cuerpos
de los compañeros que no han sido encontrados. Eso Baravalle lo
sabía y se lo llevó a la tumba.”
Luego del retorno de la democracia, Baravalle se había comprometido
a declarar ante la Justicia, pero cuando llegó al país lo estaban
esperando para detenerlo. Eso desactivó su participación como
testigo. Estuvo preso y en 1984 le dictaron falta de mérito. Con la
reapertura de las causas, luego de la anulación de las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida, se reflotaron en Rosario las
acusaciones en contra de Baravalle, Porta y otras tres personas que
estuvieron secuestradas.
Más allá de los juicios morales, muchos dentro de los organismos de
derechos humanos y en el Poder Judicial creen que los detenidos que
colaboraron después de haber sido torturados no deben ser
enjuiciados. La organización HIJOS de Rosario, por ejemplo, tomó la
decisión de no impulsar ninguna querella contra ellos. “Tenemos una
postura muy clara. Todas las personas que entraron a la fuerza a un
centro clandestino de detención son víctimas. No importa en qué se
convirtieron después, porque una de los objetivos de la represión
era ese: doblegar la voluntad de las personas. Yo no me juntaría a
comer un asado con ellos, pero hay que ser muy claros y saber quién
es el enemigo. Creo que esta persecución judicial es funcional a los
represores. Es un error político y humano”, dijo a PáginaI12 Ana
Oberling, abogada de HIJOS.
Desde la Procuración General de la Nación, la Unidad Fiscal de
Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los
Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado elaboró
un informe en el que analizó en términos genéricos los casos –son
muy pocos– en los que podría achacárseles responsabilidad penal a
personas que estuvieron desaparecidas. Con citas al Nunca Más, el
informe elaborado por la Conadep, se sostiene que “uno de los
grandes objetivos del sistema de los centros clandestinos de
detención es la destrucción de la personalidad y la
desestructuración de la identidad del detenido”. En dicho documento,
que tiene el objetivo de servir como guía a los fiscales de todo el
país que impulsan expedientes vinculados con los crímenes de la
última dictadura, se sugiere que antes de acusar a un persona debe
tenerse en cuenta “el contexto de acción en el que tuvieron lugar
las conductas imputadas a personas que se encontraban detenidas en
los centros clandestinos utilizados por el terrorismo de Estado” y
que se debe evaluar “las herramientas normativas que el derecho
penal prevé específicamente para contextos opresivos para el autor
de la conducta, en los que existe un riesgo cierto de pérdida de
bienes esenciales como la vida y la integridad física”.
Incomprensión
Por Ana Longoni *
“Cuando un hombre con buena salud se suicida es porque, a fin de
cuentas, no hay nadie que lo comprenda. Tras la muerte, la
incomprensión no desaparece, porque los vivos insisten en
interpretar y utilizar su historia adecuándola a sus propios fines.”
Así empieza John Berger un lúcido ensayo sobre Maiakovski. Lo invoco
para aproximarme a otro suicidio, en coordenadas históricas muy
distintas aunque también atroces. Ante la certidumbre de una pronta
captura por la policía internacional, la decisión de José Baravalle
de quitarse la vida, su acto de desesperación extrema, nos arroja a
un territorio ensombrecido que sospecho que no puede transitarse sin
dolor. Esta muerte me duele, aunque no conocí a ese hombre ni sé de
él más que lo que se escribió en los últimos días: que fue un joven
militante montonero en los años setenta en Rosario, que fue
secuestrado ilegalmente en 1976 por el terrorismo de Estado,
salvajemente torturado durante días, tras lo que se convirtió en un
activo colaborador de la represión –según señalan los testimonios de
otros sobrevivientes–. No soy quién para ejercer un juicio
condenatorio o exculpatorio sobre él y su vida arrasada por la
experiencia límite del terror concentracionario, como lo nombra
Pilar Calveiro. Apenas me atrevo a preguntar(me) algunas cuestiones
en la medida en que lo ocurrido, como en otros casos recientes de
instancias judiciales contra sobrevivientes acusados de colaboración
(en Tucumán, en Rosario), precipita al primer plano dilemas éticos y
políticos irresueltos que atraviesan la sociedad argentina.
Los sobrevivientes, aquellos poquísimos desaparecidos que
reaparecieron con vida, resultan hoy piezas cruciales en la medida
en que son los testigos necesarios en los juicios contra los
represores. Fuera de los ámbitos judiciales, su aislamiento sigue
siendo enorme. Están sospechados por su sobre(vida), estigmatizados
como traidores, contaminados por el contacto con el enemigo. Héctor
Schmucler señaló, pensando esta cuestión: “La traición señalada en
el otro nos protege: quedamos resguardados en un bando unificado por
el miedo y la vergüenza”. Quizá porque los relatos de los
sobrevivientes estorban –en ciertos ámbitos militantes– la
construcción del mito incólume del desaparecido como mártir y como
héroe, frente al que no parece tener cabida ninguna crítica de las
formas y las prácticas de la militancia armada de los ‘70 sin poner
en cuestión la dimensión del sacrificio de los ausentes. Los
sobrevivientes –aun habiendo salido del centro de detención–
continuaron atrapados en un doble fuego, víctimas de sus captores y
condenados por sus antiguas organizaciones políticas. En el
persistente aislamiento, sospechados y juzgados desde escalafones
morales y grados de valentías que los separan de los que no
regresaron se percibe otro efecto pavoroso de la represión.
La instalada asociación entre sobreviviente y traidor (delator,
colaborador) impide pensar que la decisión de quiénes fueron los que
sobrevivieron (salvo en las muy excepcionales fugas) fue de las
fuerzas represivas. Lo que es común a la gran mayoría de los relatos
de sobrevivientes es que aquello que los salva no es –ni
exclusivamente ni en primer término– la habilidad del prisionero
para ser o parecer útil, sino su aleatoria condición de “elegido”
por los represores para sobrevivir. La supervivencia de algunos
pocos dentro de las decenas de miles de desaparecidos obedece a
patrones múltiples, entre los que no tiene poco peso el azar. Si se
puede hablar de una lógica, ésta respondía en todo caso a criterios
muy diversos: los represores podían seleccionar a sujetos que
resultaran útiles al funcionamiento del aparato represivo, en el
sostenimiento de la maquinaria cotidiana del campo, en sus proyectos
políticos o haciendo público su arrepentimiento. Podía también
mantenerse con vida a algunos prisioneros dignos de ser exhibidos en
cautiverio como trofeos de guerra: dirigentes reconocidos o sus
viudas. Las “elecciones” podían asimismo responder a una lógica no
corporativa: los vínculos entre represores y prisioneros a veces
traspasaban el anonimato masivo y se personalizaban, dando lugar a
la “salvación” de algunos sobrevivientes por parte de determinados
represores.
Quizá debamos detenernos en algunos tramos de la rápida nota que
garabateó Baravalle a su familia antes de tirarse al vacío. Allí
dice: Es tremendo pasar de ser víctima a verdugo. Está claro que no
todas las conductas de los detenidos sobrevivientes fueron iguales,
pero tampoco se puede obviar que ellos estaban ilegalmente
secuestrados, que fueron salvajemente torturados, arrasados sus
cuerpos y su humanidad. Las restringidas estrategias que pudieron
elaborar los prisioneros “elegidos” por sus captores para integrarse
al “proceso de recuperación” van desde la abierta (a veces,
momentánea; otras veces, permanente) colaboración con la represión
para que sean detenidos otros militantes, hasta hacerse cargo de
tareas inocuas, que no implicasen mayores riesgos para los
militantes libres ni para los prisioneros. También fue posible la
simulación de la colaboración, que incluso entorpeció la actividad
represiva o, en algún momento, la desplazó a un segundo plano.
Baravalle escribió también Mi única culpa es que no he podido
resistir la tortura. Instala así otro asunto que nos cuesta
enormemente encarar: el reconocimiento de la efectividad de la
tortura irrestricta e ilimitada como cruento y sistemático método
para arrancar información a los prisioneros (hayan éstos sobrevivido
o no), aterrorizar y arrasar su condición humana, y como modalidad
efectiva y atroz en la tarea de desmantelar rápidamente la
estructura de las organizaciones armadas. La tortura enfrenta al
prisionero a extremos insospechados de dolor y vejación, y lo obliga
a enfrentarse solo e inerme a sus propios límites. En medio de las
interminables sesiones de tortura, la frontera borrosa de qué
información se puede dar sin poner en riesgo a nadie, cuál es
comprometedora, cuál es ya caduca o conocida para los represores, es
difícil de definir. ¿Cómo calcular en esas circunstancias
desgarradoras cuánto tiempo pasó desde la detención? ¿Cómo saber,
entonces, si ya estarán alertados y a resguardo los compañeros? Son
límites peligrosos. Y los torturadores lo saben.
Espero ser la última víctima de tanta barbarie. Fue lo último que
deseó José Baravalle.
* Escritora e investigadora de la UBA. Autora de Traiciones. La
figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la
represión.
Fuente: Página 12 |
