De espía militar a asesor PRO
Una sesión de la Comisión de Seguridad en la Legislatura porteña derivó en escandalete cuando apareció como experto PRO José Luis Bo, un militar retirado condenado por espiar a jueces y organismos de derechos humanos, que luego zafó por prescripción.
Por Werner Pertot
La legisladora de Recrear María Eugenia Rodríguez Araya llevó a la Comisión de Seguridad a un “especialista” para que expusiera sobre un proyecto de seguridad en los edificios públicos. El pasado del “especialista” hizo que su exposición naufragara en una pelea entre asesores oficialistas y opositores. Se trataba del coronel José Luis Bo, quien fue condenado por haber sido uno de los oficiales del Ejército que comandó a fines de los noventa una red de espionaje ilegal sobre las causas de derechos humanos en Córdoba y la política cordobesa. Luego de un largo camino judicial, que llegó hasta la Corte Suprema, la causa prescribió y Bo se recicló como especialista en seguridad PRO.
En la causa judicial en Córdoba se probó que la estructura de inteligencia que contaba con quince militares y civiles comenzó a funcionar entre abril y mayo de 1999, cuando el entonces titular de Inteligencia del Ejército general Jorge Miná pidió que se siguiera la declaración de un médico, Roberto Fermín de los Santos. Como jefe del Departamento de Contrainteligencia de la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército, Bo era en ese momento el segundo de Miná. Se estableció que el circuito de espionaje tenía como comandante en Córdoba al jefe de la Central de Reunión de Información del Tercer Cuerpo, Abel José Guillamondegui, que reportaba directamente a Bo.
Se detectaron escuchas telefónicas a la jueza Cristina Garzón de Lascano y a la fiscal Graciela López de Filoñuk, que buscaban seguir los procedimientos judiciales, para adelantarse a allanamientos, citaciones y saber qué habían declarado los testigos. El espionaje no se limitó a las causas por crímenes de la dictadura: también se interceptaron informes sobre el entonces gobernador José Manuel de la Sota, sobre el PJ y el radicalismo cordobés y sobre entidades gremiales y estudiantiles.
Cuando procesó a Bo y a otros catorce militares, la jueza Garzón de Lascano confirmó que la información de este circuito de inteligencia llegó también a los imputados, o sea al jerarca en la dictadura Luciano Benjamin Menéndez y al represor de La Perla Luis Manzanelli. Según la jueza, el nexo era otro represor que formaba parte del circuito de inteligencia, Luis Alberto Quijano. “El propio Quijano se habría ocupado de contarle a Menéndez lo sucedido con De los Santos”, escribió Garzón de Lascano, sobre la declaración de un médico que sirvió al Tercer Cuerpo en la dictadura.
Bo luego fue condenado en primera instancia por Garzón de Lascano por violar la Ley de Defensa Nacional. La jueza le imputó “abuso de autoridad” y le dictó una pena de tres meses de prisión. La condena fue revocada por la Cámara de Casación Penal, pero la Corte Suprema dejó sin efecto esa anulación, devolvió la causa al tribunal de Córdoba y ordenó que se hiciera un nuevo fallo. La causa prescribió antes.
“Bo fue profesor mío en la maestría en seguridad pública de la Universidad de la Policía Federal y nos acercó el proyecto de seguridad en edificios públicos. No estaba al tanto de su pasado”, se excusó Rodríguez Araya, quien lo llevó anteayer como expositor. El militar se presentó como profesor de la Universidad de La Plata. Otra versión indicó que daba clases en el instituto de la policía porteña, pero esto fue desmentido tajantemente por el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. “No es profesor, porque los profesores son los defensores, jueces y fiscales de la ciudad”, indicó Montenegro a Página/12.
Al poco de comenzar a hablar, un asesor de la legisladora Liliana Parada lo cruzó con su pasado de espía. Bo reconoció que estuvo condenado, pero dijo que la sentencia no había quedado firme y que “esa causa no tiene nada que ver con derechos humanos”. “Resulta inadmisible que personas como usted sean citadas a la Legislatura a hablar de seguridad”, le señaló el director de Derechos Humanos de la Legislatura, Carlos Pisoni. “No tiene nada que ver el pasado de este señor, porque hay muchos integrantes del gobierno nacional que pusieron bombas”, le respondió, desencajado, un asesor de PRO, antes de que la charla naufragara en gritos cruzados.
