La Justicia ordenó investigar un predio donde, según testigos, enterraban
cadáveres durante la dictadura
En busca de una enorme fosa común en Escobar
En el territorio del ex comisario Luís Patti, un hombre que trabajaba en la
recolección de residuos en el ’76-’77 declaró que: “A la noche traían los
cadáveres en camiones de basura y los tiraban con una topadora hasta lo más
hondo. A la mañana ya estaba todo tapado”.
Por Irina Hauser
El juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo ordenó las primeras medidas
para investigar un predio ubicado en la localidad de Maquinista Savio, en
Escobar, donde habría una enorme fosa común utilizada durante la última
dictadura para enterrar los cuerpos de cientos de desaparecidos. En una
resolución que firmó el jueves pasado como parte de la misma causa en la que
pidió el desafuero del ex comisario Luís Patti, el magistrado solicitó la
colaboración de la Gendarmería Nacional para hacer una pericia “de medición
planimétrica” en el lugar, donde funcionaba un basural. La denuncia que permitió
identificar el sitio fue hecha en 2005 por Guillermo Catalino Romero, que
trabajaba en la recolección de residuos de la zona en los tiempos del Terrorismo
de Estado. “Yo lo vi: a la noche traían los cadáveres en camiones de basura y
los tiraban con una topadora hasta lo más hondo. A la mañana ya estaba todo
tapado. Lo hicieron por lo menos durante un año, entre 1976 y 1977”, le contó a
Página/12.
En el oficio en el que requiere la colaboración de la Gendarmería, al que
accedió este diario, Suares Araujo argumenta que en el “predio denunciado se
encontrarían inhumaciones clandestinas por parte de las Fuerzas Armadas y/o de
Seguridad producidas durante la última dictadura militar”. Entretanto, el juez
busca desentrañar –vía intimaciones a la Municipalidad de Escobar– quiénes son
los propietarios de esas tierras que, a simple vista, están abandonadas y que en
un mapa aportado por el denunciante figuran como “José Pestarino y otros”. Al
parecer, sólo vive allí un cartonero, a quien se citó a dar testimonio para
pasado mañana. Guillermo Catalino Romero es un hombre humilde de 67 años, alto y
delgado, de bigote negro finito, ojos vidriosos y piel curtida. En 1975 empezó a
trabajar en la Delegación Maquinista Savio de la Municipalidad de Escobar, y en
eso seguía cuando llegó el golpe de Estado. “Manejaba tractores y hacía la
recolección de basura”, explica. “Y estaba este basural, que en la dictadura fue
dividido: de un lado tiraban la basura los empleados municipales y del otro,
separado con un alambre, arrojaba residuos la gente del Ejército. Después de las
ocho de la noche los militares no dejaban que nadie se acercara. Un día, un
compañero me dice ‘vamos a ver qué hacen’, y fuimos a mirar desde la zona del
monte. Ahí se me nublaron los ojos de lo que vi, y no me lo olvido nunca.
Tiraban los cadáveres con una topadora a una fosa enorme y profunda. Los traían
en camiones de basura, como de Manliba”, recuerda.
La fosa, según estima el denunciante, tenía algo más de cien metros de largo y
cuatro de ancho. El predio sería de unas 30 hectáreas y, según su declaración
ante el juez, fue utilizado por el Ejército hasta 1980 y luego quedó un puesto
de custodia que desde hace tres años ya no está. “Los militares a veces tiraban
basura, pero cuando los camiones venían de Los Polvorines o de Zárate-Campana
generalmente traían cuerpos. De día excavaban y de noche rellenaban. Tenían
maquinaria importante ahí, una excavadora, una topadora. Pero un día levantaron
todo y se fueron”, dice.
Romero conoció hace varios años al abogado laboralista Eduardo Ramallo, que
trabaja en la zona de Escobar. Había representado a su hermano en un juicio por
un accidente de trabajo y fue quien lo ayudó, finalmente, a denunciar aquella
imagen que lo tuvo aterrado durante años. Ayer se puso su mejor traje, de saco y
pantalón celeste, y después de un periplo en colectivo llegó secándose la frente
al centro porteño para ir con su abogado a la Asociación de Abogados
Laboralistas a contar el caso y pedir respaldo. Allí, en una reunión especial,
Romero dijo que durante mucho tiempo tuvo temor de contar lo que había visto
porque “el Ejército amenazaba a los vecinos con que si hablaban les iba a pasar
lo mismo que a la gente que estaba adentro de los pozos”. Ante el juez Suáres
Araujo contó que él mismo sufrió la advertencia de parte de un sargento
retirado.
En una carta que entregó a la Asociación, Ramallo sostiene que la fosa señalada
por Romero sería “el mayor y más importante campo clandestino de inhumaciones”
de la dictadura identificado hasta el momento en el país. También explica que a
pedido del juzgado, en base a un requerimiento del Equipo Argentino de
Antropología Forense, entregaron “fotografías y planos, a los fines de ubicar
exactamente donde fueron inhumadas una cantidad considerable de seres humanos y
que actualmente se registran como desaparecidos o NN”. Pese a que no hay
–agrega– “alambrados perimetrales, ni cercos y muros y mucho menos división
alguna que permita una identificación precisa, logramos mediante testigos ubicar
precisamente los presuntos lugares de inhumación que se encontrarían a más de 12
metros de profundidad y fueron realizados con maquinaria pesada”.
Ramallo sospecha incluso que allí también hubo un centro clandestino de
detención que fue demolido, según les dijo a sus colegas. Al juez, precisó, le
pidió que investigue los túneles o mazmorras de cuyos ingresos también entregó
imágenes fotográficas. Al encuentro con los Laboralistas fueron los diputados
kirchneristas Diana Conti y Carlos Kunkel. Ramallo les reclamó recursos para los
juzgados que están a cargo de las megacausas sobre los crímenes de la dictadura.
Una de ellas es la que instruye Suáres Araujo, que indaga en 312 casos de
desapariciones vinculadas al centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo y
en la que Patti, que fue oficial subinspector en Escobar durante la dictadura,
es uno de los procesados acusados de crímenes de lesa humanidad.
Esta no es la primera vez que Ramallo interviene como abogado en una denuncia
sobre cadáveres NN. Fue quien patrocinó a Patricia Achu, la ex empleada del
cementerio de Escobar, que descubrió allí un centenar de cuerpos sin
identificar. Uno de los cuerpos, se pudo determinar, era el de Gastón Gonçalvez,
por cuyo homicidio fue procesado Patti. El abogado le dijo a Página/12 que está
convencido de que el predio de Maquinista Savio, ubicado a unos 15 kilómetros
del centro de Escobar, “tendrá que convertirse a la larga en un lugar de la
Memoria”. “Lo que más anhelo, además, es que los familiares de los desaparecidos
tengan el día de mañana donde ir a llevar una flor a sus seres queridos.”
Fuente: Página12