Luego de la extradición, todo listo para el juicio contra Fujimori

El ex presidente peruano es acusado por delitos de lesa humanidad y corrupción, las audiencias judiciales comenzarán el próximo 26 de noviembre en Lima. Se piden condenas de hasta 30 años de prisión.

Ese día comenzará el primero de los tres juicios orales contra el ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000), en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, donde el ex presidente se encuentra detenido desde septiembre, cuando llegó extraditado proveniente de Chile.
El 26 de noviembre comenzará el sumario por las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta, y otros delitos como los secuestros del empresario pesquero Samuel Dyer (fundador de COPEINCA) y del periodista Gustavo Gorriti, entonces corresponsal del diario madrileño “El País” en Perú.
Ambas privaciones ilegales de la libertad –la de Dyer y de Gorriti– tuvieron lugar en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), luego del autogolpe de Estado de abril de 1992. Por este proceso, Fujimori, de 69 años, podría ser condenado a una pena de 30 años de prisión.
El segundo juicio se refiere al uso indebido de quince millones de dólares del erario estatal por parte de Fujimori y su posterior pago a Vladimiro Montesinos en noviembre de 2000, para persuadir a su asesor de que renuncie. Para este juicio la fiscalía pide una sentencia de siete años de cárcel.
El tercer proceso reúne los casos de intervención ilegal de líneas telefónicas de periodistas, ejecutivos y políticos opositores entre 1990 y 2000, entre los que se encuentra el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y principal rival de Fujimori en las elecciones presidenciales de 1995, Javier Pérez de Cuéllar.
Además dentro del tercer juicio se incluirá la presunta autorización de Fujimori a Montesinos para sobornar al menos a doce congresistas opositores, para que se pasaran al oficialismo, entregándole el control del Parlamento luego de las elecciones de 2000 (congresistas tránsfugas).
La Fiscalía considera que por el conjunto de acusaciones del tercer juicio le cabe una pena de diez años de prisión a Fujimori.
El ex presidente peruano había autorizado durante su primer mandato la creación de un escuadrón militar de la muerte (Grupo Colina) que asesinó a veinticinco personas en dos masacres separadas.
Según la Fiscalía, en noviembre de 1991 en Barrios Altos, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Lima, el grupo Colina equivocó su “objetivo” y mató a quince personas inocentes. Mientras que en julio de 1992, el mismo grupo secuestró y ejecutó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación (UNE) Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, situada en las afueras de Lima. Los estudiantes y el profesor eran sospechados de colaborar con la guerrilla de Sendero Luminoso.
El sociólogo Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú realizó una escalofriante analogía entre los regímenes de Augusto Pinochet (1973-90) y de Alberto Fujimori, a saber:
La figura de Fujimori es asimilable a la de Pinochet; la de Vladimiro Montesinos es comparable a la del general Manuel Contreras, que fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aparato represor de la dictadura pinochetista. El escuadrón de la muerte denominado Grupo Colina y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que funcionaron en la década fujimorista, son semejantes a las funciones de la DINA de Pinochet. Los episodios represivos de La Cantuta y de Barrios Altos son asimilables a la Operación Colombo (desaparición de ciento diecinueve personas entre 1974 y 1975 en Chile) y a la Caravana de la Muerte (escuadrón del ejército que asesinó a más de un centenar de opositores a la dictadura chilena). La ejecución de Pedro Huillca, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en 1992 es confrontable con el asesinato del sindicalista chileno Tucapel Jiménez sucedido diez años antes.
El ex presidente Fujimori ya enfrenta un juicio actualmente en marcha, por el allanamiento ilegal de dos departamentos de Trinidad Becerra, la entonces esposa de Vladimiro Montesinos, cuando éste cayó en desgracia por el escándalo de corrupción conocido como “vladivideos” (congresistas tránsfugas), durante la agonía del tercer mandato consecutivo del régimen fujimorista. El objetivo de ese allanamiento era incautar y recuperar filmaciones efectuadas por Montesinos que comprometían al ex presidente.
El presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, informó que se ha dispuesto la protección a fiscales, procuradores, testigos y otras partes involucradas en los procesos contra Fujimori.
El fiscal supremo en lo penal, José Peláez, declaró que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, deberá declarar en los juicios contra el ex mandatario, por ser un testigo crucial.
El asesor más influyente que tuvo Fujimori y ex jefe de Inteligencia se encuentra cumpliendo condenas por corrupción. Durante el juicio en su contra, Montesinos cargó las responsabilidades sobre el ex presidente, alegando que aquel tomaba las decisiones.
Asimismo, se prevé que Fujimori declarará que no estuvo enterado de los crímenes de lesa humanidad y de los actos de corrupción cometidos por Montesinos.
El fiscal Peláez anunció que también citará a declarar a ex miembros del paramilitar Grupo Colina, que asesinaba a sospechosos de insurgencia.
Por su parte, el jefe de la Procuraduría Anticorrupción, Carlos Briceño Puente, se hará cargo personalmente de la defensa de los intereses del Estado peruano en los juicios contra Fujimori. Asimismo, Briceño será asistido por un grupo de procuradores y abogados.
Juan Carlos Portocarrero Zamora era procurador anticorrupción adjunto designado en 2005. Había estado a cargo de la defensa del Estado peruano y de las investigaciones, procedimientos de acusación y procesos contra el ex mandatario y contra Montesinos.
Precisamente Portocarrero iba a ser el letrado que se iba a encargar de los juicios por corrupción contra Fujimori, pero fue sorpresivamente cesado en su cargo el pasado 18 de octubre, mediante resolución firmada por el Presidente Alan García, el Primer Ministro Jorge del Castillo y por la ministra de Justicia María Zavala. Dicha resolución no especifica las razones de la destitución del procurador adjunto.
Fujimori abandonó Perú en noviembre del 2000, después de destaparse un escándalo de corrupción en su gobierno, y viajó a Tokio, Japón, donde renunció por fax a su cargo de presidente.
En noviembre del 2005, viajó a Chile donde la policía lo detuvo. En septiembre de 2007, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema chilena admitió la extradición solicitada por Perú, por dos casos de violaciones a los derechos humanos y cinco acusaciones de corrupción. Actualmente se encuentra encarcelado en un cuartel policial peruano.
Se trata del primer caso latinoamericano donde un ex presidente es extraditado para ser juzgado por graves delitos de violación a los derechos humanos.
Alberto Fujimori, reelecto presidente en tres oportunidades, representó en la década del 90 -junto a otros presidentes neoliberales- lo peor de la política corrupta latinoamericana. En la primera década del naciente siglo, la justicia avanza en pos de juzgar los procedimientos realizados por este ex presidente.
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Fuente: Agencia Periodística del Mercosur