Causas
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informa sobre las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas
militares, de seguridad y civiles durante la última dictadura militar en todo el
país. La selección de causas que presentan remite a aquellas en las que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) es parte.
En el blog podrá leerse tanto información básica y documental respecto de los
casos que lleguen a juicio, como la cobertura de las audiencias en aquellos en
los que se esté realizando el debate.
El día 18 de diciembre de 2007 se conoció la sentencia de
esta causa, en la cual se condenó a penas de entre 20 y 25 años de prisión a
altos jefes militares, responsables de la desaparición de una veintena de
militantes de la organización Montoneros, que reingresaron al país desde el
exilio para llevar a cabo la denominada "contraofensiva" en 1980. Los miembros
de ese grupo cuyo caso fue parte del debate son: Julio César Genoud, Verónica
María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos
Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky. Los cinco primeros continúan desaparecidos.
La investigación se dirigió principalmente a determinar la actuación de los
órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en el secuestro y posterior
desaparición de estas personas, en especial el rol del Batallón de Inteligencia
601.
Fue en el marco de esta causa que el juez federal Claudio Bonadio declaró la
inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida y
transformó en prisión preventiva la detención de varios ex militares y ex
integrantes de fuerzas de seguridad.
La megacausa conocida bajo el nombre de "ESMA" (Nº 14.217/03)
corresponde a los hechos cometidos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la
Armada.
Como involucra a más de 5000 víctimas y más de 120 represores, no es posible que
sea juzgada en un único juicio, si bien eso sería lo ideal, pues la ESMA es uno
de los centros clandestinos en los que se evidencia con mayor claridad el plan
de exterminio y la perversidad con la que actuaron los responsables.
Al mes de enero de 2009, si bien ya han sido elevadas a juicio siete partes del
extenso expediente – todas radicadas en el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital
Federal, integrado por los jueces Guillermo Andrés Gordo, Ricardo Farías y
Daniel Obligado – más allá del fallido debate en el que se juzgó al fallecido
prefecto Héctor Febres, aún ningún tramo de la causa ha llegado a juicio oral, y
no se espera que lo hagan hasta el 2010.
En esta causa, el CELS es querellante y patrocina a las familias de Mónica
Mignone, María Marta Vasquez Ocampo, Edith, Abraham, Betina y Sergio Tarnopolsky,
Fernando Brodsky, Pablo Lepíscopo, Alcira Hidalgo, Ariel Ferrari, María Mercedes
Bogliolo, Gustavo Alberto Grigera, Ernesto Berner y a las sobrevivientes Marta
Alvarez y Graciela García.
La megacausa conocida bajo el nombre de "Primer Cuerpo" (Nº 14.216/03)
corresponde a los crímenes cometidos en más de 60 centros clandestinos de
detención en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército que abarca la
Capital Federal y provincias de La Pampa y de Buenos Aires, a excepción del
circuito de la Policía Bonaerense.
La investigación de esta causa está a cargo del juez federal de primera
instancia Daniel Rafecas. El 10 de febrero de 2009 comenzará un nuevo debate
oral llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, en
el que se juzgarán los hechos por los que se responsabiliza a Jorge Olivera
Róvere, Jefe de la Subzona Capital Federal en 1976 y a los llamados "Jefes de
Area", los coroneles (r) Humberto José Lobaiza y Bernardo José Menéndez, el
general de brigada (r) Teófilo Saa y el teniente coronel (r) Felipe Alespeiti.
En el marco de esta causa se encuentran elevados otros casos que llegarán a
juicio con posterioridad. Se trata de las partes del expediente que corresponden
a los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención
Atlético-Banco-Olimpo, El Vesubio y Automotores Orletti, a los casos de
represión en la provincia de La Pampa, y, finalmente, la investigación de los
secuestros y desapariciones de trabajadores del Hospital Posadas en marzo de
1976.
Se trata de una megacausa con más de 90 imputados, entre los cuales 6 han sido
ya condenados, uno absuelto, 40 se encuentran procesados, casi el 50% de ellos
excarcelados, mientras que 5 se encuentran prófugos de la justicia y más de 30
han fallecido antes de ser juzgados. La causa cuenta con 24 detenidos, de los
cuales casi el 90% se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Marcos
Paz.
El CELS, que actúa como querellante, también patrocina a las familias de
Alejandra y Carmen Lapacó, Graciela Mellibovsky, Alicia Raquel D'Ambra, Lucía
Cullen, Roberto Cristina, Abel H. Mateu Gallardo, Zelmar Michelini, Héctor
Gutiérrez Ruiz, María Teresa Trotta y Roberto Castelli, Irene I.Bellocchio y
Rolando V. Pisoni, Ricardo Alejandro Aragón Tobar, Laura Feldman, Norberto
Berner, Marío A. Lemos, Tomás Quinteros, Juan Patricio Maroni, Roberto Carri y
Ana María Carusso, Virginia Isabel Cazalas, Carlos Alberto Giglio y Eduardo J.
Cazalas.
Es la causa en la que se investiga el llamado Plan Cóndor (Nº
13.445/99), conocido como la coordinación represiva de las fuerzas armadas de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
El 3 de septiembre de 2004 el juez Jorge Urso procesó a 18 ex militares, entre
ellos Carlos Suárez Mason, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez,
Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Jorge Olivera
Rovere, Bernardo Menéndez, Hugo Pascarelli, Eugenio Perelló, Ernesto Alais,
Antonio Vañek, Carlos Landoni, Juan Pablo Saa, Ramón Genaro Díaz Bessone, Héctor
Flores, Carlos Tragant y Eduardo De Lío. En esta misma causa ya se encontraba
procesado Jorge Rafael Videla. El 28 de septiembre de 2007, el Juzgado Federal
en lo Criminal y Correccional nº 7, Secretaría nº 14, dispuso la clausura de
instrucción y consignó la elevación a juicio.
El CELS patrocina a los familiares de Norberto Habegger, Horacio Domingo
Campiglia,Mónica Susana Pinus de Binstock, Bernardo Arnone, María Emilia Islas
Gatti de Zaffaroni y Juan Pablo Recagno Ibarburu.
Actualmente existen 34 implicados en la causa, de los cuales 27 se encuentran
procesados, y entre ellos 10 cumpliendo prisión preventiva por esta causa. El
universo de detenidos, no obstante, consiste en 17 casos, pues muchos de los
implicados se encuentran encarcelados por su participación en hechos relativos a
otras causas que investigan crímenes del terrorismo de estado.
El CELS participa en algunas causas por hechos ocurridos en
otras provincias.
En primer lugar, el CELS apoyó y acompañó la presentación de
inconstitucionalidad de las leyes de impunidad efectuada por la representante
del SERPAJ Córdoba. En esta causa se investiga lo ocurrido bajo las órdenes del
III Cuerpo del Ejército. La investigación está a cargo de la Jueza Federal
Cristina Garzón de Lascano.
Asimismo, interviene como querellante en la causa en la que se investiga la
Masacre de Margarita Belén. Este hecho consistió en el fusilamiento de un grupo
de prisioneros que se encontraban detenidos en la Alcaldía policial de
Resistencia, Chaco, por personal que respondía operativamente a la VII Brigada
de Infantería, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecución fueron
brutalmente torturados. Los militares detenidos integran un listado de más de 30
personas denunciadas por el CELS "entre civiles e integrantes de las fuerzas
militares y de seguridad" como responsables de los delitos de privación
ilegítima
de la libertad agravada y desaparición forzada de personas; homicidio y
torturas. La causa tramita en el juzgado Federal de Resistencia, Chaco, a cargo
del juez Carlos Rubén Skidelsky. A enero de 2009, se espera que este dé por
finalizada la instrucción y disponga la elevación a juicio.
Por otra parte, desde el 2005, el CELS patrocina a las familias de Humberto
Toschi, Rubén Bonet, Eduardo Cappello, Alberto Carlos del Rey, Susana Graciela
Lesgart y Miguel Ángel Pólit, víctimas de la Masacre de Trelew. Este hecho
ocurrió en la ciudad de Trelew el 22 de agosto de 1972. Ese día las autoridades
políticas del gobierno de facto ordenaron la ejecución de los prisioneros y
asesinaron a 16 de ellos. La causa tramita en el juzgado Federal de la ciudad de
Rawson a cargo del Juez Federal Hugo Sastre.
