Saint-Jean era militar retirado al ser nombrado interventor. Smart, un abogado vinculado con el poder militar.
Detuvieron al ex interventor bonaerense y a su ministro de Gobierno
Prisión para los jefes de Camps
Fueron arrestados el ex gobernador de facto bonaerense durante la dictadura,
Ibérico Saint-Jean, y su ministro de Gobierno Jaime Lamond Smart. Lo dispuso el
juez Arnaldo Corazza, en una causa iniciada por el secuestro de Jacobo Timerman.
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Saint-Jean era militar retirado al ser nombrado interventor. Smart, un abogado vinculado con el poder militar. |
Por Laura Vales
El ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint-Jean y su ministro de
Gobierno Jaime Lamond Smart fueron detenidos por orden del juez federal Arnaldo
Corazza por su presunta responsabilidad en el manejo de los centros clandestinos
de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última
dictadura. La causa fue iniciada por los hijos del periodista Jacobo Timerman,
director del diario La Opinión, secuestrado en 1977 y cautivo en varios de esos
centros clandestinos. El objetivo de la causa judicial es establecer la
participación de estos civiles –la denuncia inicial incluye a otros seis– en los
crímenes del terrorismo de Estado.
Los dos ex funcionarios del gobierno militar fueron detenidos el lunes a la
noche y trasladados ayer a la mañana para prestar declaración en el juzgado de
La Plata, donde pidieron la prisión domiciliaria, lo que el juez Corazza les
concedió, ya que ambos son mayores de 70 años. Saint–Jean, que es militar pero
estaba retirado cuando lo nombraron interventor de la provincia de Buenos Aires,
ya pasó los 80 y está enfermo. Smart tiene 72 y goza de buen estado de salud,
por lo que los querellantes pedirán que cumpla prisión en una cárcel común,
según anticipó Alejo Ramos Padilla, abogado de Javier y Héctor Timerman, actual
embajador en los Estados Unidos.
La denuncia contra Saint-Jean y Smart fue presentada por Ramos Padilla en
septiembre del año pasado, mientras se sustanciaba el juicio oral contra el
sacerdote Christian von Wernich. El letrado pidió entonces además la detención
de otros seis civiles que prestaron funciones durante la dictadura, entre
quienes están Alberto Rodríguez Varela y Roberto Durrieu, ambos abogados en
actividad. A esa presentación se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación y numerosas víctimas, que hicieron que del secuestro de Timerman se
pasara a investigar setenta casos de detenciones ilegales en los centros
clandestinos manejados por el entonces jefe de policía Ramón Camps.
Saint-Jean, como interventor, y Smart, como ministro de Gobierno, fueron los
jefes directos del entonces jefe de policía. En la denuncia inicial, el abogado
de la familia Timerman los señaló no sólo por haber formado parte de un gobierno
represivo: “Desde las páginas de La Opinión se denunciaban violaciones a los
derechos humanos, se publicaban hábeas corpus, etc. –recordó–. Ello sin duda
irritó a los genocidas de la dictadura, en especial a Guillermo Suárez Mason,
Camps y Saint-Jean, que conformaban el ala más violenta de la misma. El primero
–Suárez Mason–dispuso la detención de Timerman, el segundo –Camps– llevó a cabo
el operativo y el tercero –Saint-Jean– convocó a un equipo especial de
funcionarios civiles de su confianza para que desde la Gobernación colaboraran
con estas operaciones”.
La participación de estos civiles fue reconocida por el propio Camps en su libro
El caso Timerman, en el que el represor agradeció su “colaboración”. Camps dijo
en el texto que esos funcionarios “trabajaron en la investigación y los
interrogatorios” y aportaron para “establecer cuál era el verdadero trasfondo de
La Opinión a través del análisis del contenido de todos los números”.
Tras aquella denuncia, el fiscal federal Sergio Franco solicitó al juez Corazza
la detención de Saint-Jean y de Smart. El fiscal argumentó que Saint-Jean, como
gobernador de facto, “ostentaba el mando superior de la Policía, aun por encima
del propio Camps”. En cuanto a Smart, entendió que le cabían similares
consideraciones, “pues en su carácter de ministro de Gobierno debía resultar un
eslabón necesario entre el gobernador militar y la jefatura de la policía, al
menos en la facilitación de los medios necesarios para la operatoria del
terrorismo de Estado”.
Smart tiene una historia estrechamente vinculada con el poder militar: era
secretario de un juzgado hasta que en 1968 el gobierno de Juan Carlos Onganía lo
designó fiscal; tres años más tarde, otro gobierno militar, el de Roberto
Levingston, lo promocionó a juez como integrante de la Cámara Federal dedicada a
juzgar guerrilleros y opositores políticos, más conocida como “el Camarón”. Con
el golpe de estado del ’76 se convirtió en ministro de Gobierno bonaerense;
recuperada la democracia se dedicó al ejercicio de la abogacía como defensor de
los ex policía Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa y del
represor Albano Harguindeguy. Además del caso Timerman, Smart tiene abierta una
segunda causa judicial en la que fue imputado por el secuestro y la desaparición
del abogado Rodolfo Gutiérrez, ocurridos en 1978 en San Isidro.
Fuente: Página 12
