La responsabilidad judicial “en Mar
del Plata se traduce en que no hubo aún un juicio oral”, cuenta Falcone.
Imagen: Leandro Teysseire
ENTREVISTA CON EL JUEZ ROBERTO FALCONE SOBRE LA COMPLICIDAD DE LA JUSTICIA CON
EL TERRORISMO DE ESTADO
“Falta compromiso de muchos jueces”
Miembro del tribunal que instruye el Juicio por la Verdad en Mar del Plata,
Falcone admite que “si hay impunidad es porque el Poder Judicial es funcional”.
Reconoce el rol de la Corte Suprema y cree que las próximas acordadas “serán
para apurar los juicios” a represores.
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La responsabilidad judicial “en Mar
del Plata se traduce en que no hubo aún un juicio oral”, cuenta Falcone. |
Por Diego Martínez
En medio de las críticas de organismos de derechos humanos a la “desidia,
indolencia o complicidad” de la Justicia, y tras el rechazo que generó la
acordada de la Corte Suprema, el juez Roberto Atilio Falcone, miembro del
Tribunal Oral Federal que desde hace ocho años instruye el Juicio por la Verdad
en Mar del Plata, admite “falta de compromiso ético de la mayor parte de los
jueces” para investigar los crímenes cometidos al amparo del terrorismo de
Estado, pero reivindica al máximo tribunal. “La Corte hizo muchísimo. Esta ha
sido la primera acordada, no creo que sea la última. Las próximas serán para
apurar los juicios”, confía.
–El último año hubo 32 sentencias, pero hay más de 150 causas en instrucción,
más de 500 procesados y apenas cuatro juicios confirmados. ¿Por qué cuesta tanto
avanzar?
–En primer lugar, porque se empezó tarde. En 2001, cuando la Corte
Interamericana dispuso en el caso “Barrios Altos” que amnistías e indultos
contrariaban la Convención Americana, quedó claro que se debían investigar las
violaciones cometidas durante la dictadura. El juez (Gabriel) Cavallo declaró
inconstitucionales las leyes de impunidad, algunos fiscales y jueces habían
impulsado Juicios por la Verdad, pero eran casos aislados. Para peor, tanto en
los Juicios de la Verdad como en los criminales reabiertos tras el fallo “Simón”
de la Corte, en lugar de dotarse al Ministerio Público de flexibilidad para
investigar, toda la actividad quedó a cargo de jueces instructores. En lugar de
aprovechar la información recopilada, se inició cada pesquisa desde cero, con lo
cual se perdió mucha prueba. Pero el motivo más importante es la falta de
compromiso de muchos jueces y fiscales, que en Mar del Plata se traduce en que
no hubo aún un juicio oral o que el primer procesamiento fue a un suboficial de
un centro clandestino, pero no a quienes estaban por encima.
–Tras la resolución que ordenó liberar a Alfredo Astiz y otros represores,
varios organismos hablaron de “desidia, indolencia o complicidad” de la
Justicia. ¿Comparte el diagnóstico?
–Sí. Es clara la complicidad de sectores de la Justicia con el terrorismo de
Estado y, en otros casos, la falta de compromiso. En Mar del Plata, personal de
una fiscalía salía de noche a perseguir a disidentes políticos y se reunía fuera
del horario judicial con el coronel jefe de la subzona a examinar informes de
inteligencia. Hace dos meses, un juez le dictó orden de detención a esa persona
(N. de R.: se refiere a Eduardo Ullúa, ex miembro de la CNU) y luego la revocó
por contrario imperium. Las causas de 21 homicidios calificados, antes y después
del golpe, no tienen más de treinta fojas: fotos del cadáver, autopsia y
archivo, ni una testimonial.
–Igual la crítica apunta al presente.
–Es que no se investigaron antes ni ahora. Durante treinta años hubo un cerco de
impunidad. Tuvo que venir la Corte en 2005 a decir que esas leyes eran
inconstitucionales, pese a que el fallo de la CIDH era de 2001. Ya era evidente
que no había compromiso. En algunos casos no existe el más mínimo sentimiento de
misericordia hacia las víctimas, que desde hace treinta años deambulan por
tribunales buscando justicia.
–Se suele hablar de planteos dilatorios de las defensas. ¿Es tan simple
demorar una causa?
–Es simple si el juez no pone orden. En causas de lesa humanidad los planteos
dilatorios están a la orden del día. La mayoría son totalmente improcedentes y
están destinados al fracaso, pero igual producen un alargamiento de la
instrucción.
–¿Los jueces tienen herramientas para resolverlos rápido?
–Las herramientas existen, pero también las mañas de los defensores y el visto
bueno de algunos jueces. Si juez y Cámara rechazan un pedido de excarcelación y
Casación, en vez de requerir el incidente respectivo, pide las actuaciones
principales y demora un año en resolver, es evidente que las defensas van a usar
ese alargamiento para decir que se está desconociendo el derecho a ser juzgado
en un plazo razonable.
–¿El problema se da también con defensores oficiales?
–Sí. Los defensores oficiales agotan todas las instancias y hacen planteos que
jamás formulan respecto de imputados de a pie, del vulnerable, la obra tosca que
llena los tribunales. El cese de preventivas que hoy discutimos, ¿respecto de
quiénes se plantea? De autores de delitos penales tributarios o de terroristas
de Estado, nunca del hombre de a pie. Zaffaroni lo dijo claramente: hay presos
VIP. Esos planteos surgieron para esa gente, no para la presa fácil del sistema,
el cliente habitual.
–¿Existen presiones para demorar los procesos?
–Las presiones se las pone uno. Hay fiscales y jueces sin compromiso y también
oportunistas que aparecieron con el reverdecer de los derechos humanos recién
cuando hubo una política direccionada a investigar. El retardo es por la falta
de compromiso ético de la mayor parte de los jueces. En Mar del Plata hubo una
causa paralizada ocho meses porque dos secretarías decían ser incompetentes,
para despegarse del caso.
–¿Es consciente la corporación judicial de que defrauda a gran parte de la
sociedad?
–En muchos casos sí. Creo que la Corte ha hecho en ese sentido una contribución
importante, con el fallo Simón y con otros sin relación con el terrorismo de
Estado, pero que reconocen la autonomía en el ejercicio de la acción penal al
querellante particular y van a permitir que los jueces, con independencia de su
voluntad, deban pronunciarse tarde o temprano sobre todos los casos que se les
presenten.
–Los querellantes criticaron la última acordada de la Corte.
–Pero por otro motivo. Ocurre que muchas veces las querellas no están unificadas
y hay que atender infinidad de planteos que pueden producir cierta demora. Pero
decir que no se investiga el terrorismo de Estado por las querellas, cuando
todos somos conscientes de que el Poder Judicial les cerró las puertas a las
víctimas, es completamente desacertado. Esta Corte hizo muchísimo y el fallo
Simón es el más importante de su historia. El reproche, desde un punto de vista
procesal, no debe malinterpretarse. La Corte dijo con claridad que los
responsables somos nosotros.
–Los organismos criticaron la acordada porque repitió un diagnóstico conocido
y no aportó respuestas. ¿Le genera expectativas la creación de la Unidad de
Superintendencia?
–Puede ser interesante, pero hay que acelerar el enjuiciamiento. Si hay
cincuenta procesos en un tribunal, si se viola el derecho a ser juzgado sin
dilaciones y salen fallos como el de Casación, está claro que una disposición
general para redistribuir las causas no afecta la garantía de juez natural, ya
que el juez no está predeterminado por ley antes de la comisión del delito. Hay
que tomar decisiones para que se juzgue más rápido.
–Justamente, se critica el hecho de no tomar decisiones.
–Esta ha sido la primera acordada, no creo que sea la última. Las próximas serán
para apurar los juicios.
–¿La actuación de los fiscales es equiparable a la de los jueces?
–El Ministerio Público tiene una oficina de coordinación que funciona, pero
también los fiscales han hecho lo suyo. En Mar del Plata, antes de la
inconstitucionalidad de las leyes, un fiscal pidió que se aplicara la obediencia
debida respecto de tres violaciones que una mujer sufrió durante su cautiverio
y, aunque hoy tenga licencia psiquiátrica, sigue siendo fiscal de la
Constitución (N. de R.: se refiere a Jorge Gutiérrez). Otro desvirtuó directivas
del procurador pese a que el Ministerio Público es una institución vertical. Si
aún hay impunidad, es porque el Poder Judicial es funcional. Lo que pasó en la
Argentina no hubiera podido pasar si la Justicia no hubiera mirado para otro
lado. Hasta los neopunitivistas admiten hoy que el Poder Judicial es poco
propenso a involucrarse con el terrorismo de Estado.
Fuente: Página 12
