El traslado de los reos de la Causa RI9 ya se hizo efectivo
La demora en el traslado de los militares alojados en "La Liguria" que mencionábamos se resolvió merced al acertado juicio del Tribunal
Ayer sosteníamos que la causa “Nicolaides Cristino, Demarchi Juan Carlos,
Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Roberto, Reynoso Raúl
Alfredo p/sup. Asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de
privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de
severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos”, mas
conocida como "Causa RI9", tal como se anunciara días atrás, marcaba un camino
que otras causas imitarían, ya que se revirtieron en ella los privilegios de los
que gozaban los acusados con el pretexto de "velar por su seguridad" al tomar la
decisión de trasladarlos a los reos a penales comunes.
Los miembros del Ejército serían trasladados al penal de Campo de Mayo, con
custodia del Servicio Penitenciario Federal y el ex-Comandante de Gendarmería
Raúl Reynoso, iría al penal de Marcos Paz, noticia que lamentablemente hay que
mencionarla ahora en condicional.
Todo lo señalado fue premonitorio ya que a las pocas horas los detenidos de
varias causas, entre ellos los de la ESMA fueron trasladados al Penal de Campo
de Mayo algunos, y al de Marcos Paz otros.
No obstante, en Corrientes la medida no se hizo efectiva aún, debido a que se
halla en trámite un recurso inconsistente de la defensa de los imputados que
pareciera destinado a lograr un privilegio del que no gozan los reos de causas
comunes y que consistiría en permitir que pasen las fiestas en la zona,
disminuyendo el costo de traslado de sus familiares.
Pues bien, el Tribunal Oral también entendió que la medida presentada por la defensa era inconsistente y solo buscaba dilatar el traslado de sus defendidos y ordenó que éste se efectivice de inmediato en una acertada decisión. Los privilegios son eso: privilegios. No debe asimilarse las prebendas con las garantías del debido proceso, esto es lo que pensamos y es evidente que lo resuelto por el Tribunal Oral aporta en tal sentido. Los militares han tenido todas las garantías que le negaron a sus víctimas, han recusado a cuanta autoridad se les ocurrió, pidieron la nulidad de cada uno de los procedimientos con la consiguiente demora en el inicio del debate oral que esto implicó, recurrieron a todas las instancias judiciales incluida la Corte Suprema y en cada una de las instancias se les respetó todos y cada uno de sus derechos humanos. Así debe ser.
Las violaciones, la tortura con picana eléctrica y cuanto método de tortura fueron capaces de imaginar, el homicidio y la desaparición forzada de Rómulo Artieda y Ramón Vargas respectivamente, requieren que la Justicia actúe, con celeridad y con apego a las normas burladas sistemáticamente por los represores del "Proceso de Reorganización Nacional", pomposo nombre para denominar el genocidio de una generación que se involucró con su historia y que, literalmente, supo poner el cuerpo por un futuro mejor.
