EL GOBIERNO BONAERENSE PIDIÓ A FELICES LOS NIÑOS QUE IMPIDA LA ENTRADA DE GRASSI
Mejor que el lobo no esté con el rebaño

La Subsecretaría de Niñez y Adolescencia pide a los jueces con responsabilidad sobre los chicos internados que prohíban el ingreso del cura condenado por pedófilo. Fiscales y querellantes reclaman además su detención inmediata.

Por Carlos Rodríguez

La preocupación porque el cura Julio César Grassi sigue libre después de haber sido condenado a 15 años por pedofilia y por la posibilidad cierta de que tome contacto personal con los chicos alojados hoy en la Fundación Felices los Niños generaron una resolución administrativa y tres planteos judiciales que buscan impedir que eso pueda producirse. Ayer se conoció una resolución, dictada la semana pasada por el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, a través de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, por la que se pide a los directivos de la Fundación que prohíban la entrada de Grassi a la sede que tiene la institución en la localidad bonaerense de Hurlingham. El mismo texto, con igual pedido, fue remitido por la subsecretaria del área, Cristina Tabolaro, a todos los jueces que tienen responsabilidad sobre los 30 o 40 chicos que están internados en el lugar. Por otro lado, como había adelantado Página/12 en su edición del lunes, los fiscales que intervinieron en el juicio y dos de los querellantes presentaron recursos ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón para que se revoque la decisión del Tribunal Oral 1 que confirmó el régimen de libertad restringida del que goza Grassi y que se ordene su inmediata detención.
Uno de los querellantes, Juan Pablo Gallego, en representación del Comité de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, interpuso un recurso de apelación ante la Sala I de la Cámara contra una de las partes del fallo dictado el miércoles 10 de junio por el Tribunal Oral 1. Solicitó la “efectiva detención del delincuente sexual condenado”, planteando como argumentos “el concreto peligro de fuga” y el “concreto riesgo de reiteración delictiva, por demás inherente a este tipo de delincuentes sexuales”, teniendo en cuenta que son reiterados los casos de reincidencia en los autores de delitos semejantes.
En el mismo sentido que Gallego, por la inmediata detención de Grassi, se expresaron en otros dos planteos por separado los fiscales Federico Nieva Woodgate y Alejandro Varela, y el abogado querellante Sergio Piris, en representación de “Gabriel”, por cuyas denuncias fue condenado Grassi.
En forma simultánea se conoció una resolución dictada el jueves, después de conocido el fallo, por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense. Una fuente oficial dijo que ese organismo tiene “como norma que en casos de denuncias o condenas por abuso de menores, le solicita a la institución involucrada (en este caso Felices los Niños), que impida el contacto de los niños con la persona denunciada”.
La medida “se tomó en cuenta en la causa contra Julio César Grassi” a partir del año 2002, cuando el caso alcanzó difusión pública. Ese año “se dictó una resolución administrativa que fue ratificada en la actualidad, en la que se establece la prohibición a Grassi a mantener contacto con los niños de la Fundación, ubicada en Hurlingham, con el objetivo prioritario de resguardar la integridad física y psíquica de los menores allí alojados”. La fuente agregó que “también se comunicó con todos los juzgados a cuyo cargo están los chicos que siguen alojados en la Fundación, para que lo tengan en cuenta y tomen las decisiones que ellos consideren pertinentes”.
Página/12 habló con Daniel Cavo, uno de los defensores de Grassi, quien sobre las presentaciones judiciales para que se disponga la detención de Grassi sostuvo que “desde que se conoció el fallo, el miércoles 10, no sucedió nada que justifique que el tribunal tenga que modificar su sentencia”. Agregó que el veredicto “en nada modifica lo que viene sucediendo hace siete años, desde el inicio del proceso, tiempo durante el cual Grassi nunca intentó fugarse ni entorpecer el juicio en su contra”.
Sobre la resolución administrativa, Cavo aseguró que el viernes pasado “enterado de esa decisión, el padre Grassi envió al tribunal un escrito en el cual se comprometió a abstenerse de ingresar a la sede de la Fundación”. Según Cavo, el sacerdote “viene cumpliendo esa resolución, que se había dictado antes, en 2003 o 2004, no lo recuerdo, y ahora ratificó que la va a cumplir, a pesar de que está habilitado para ingresar a la sede de la Fundación”. Insistió luego en que su defendido “no se ha fugado en siete años y no tiene sentido, entonces, que se pida su detención. El estado de derecho dice que no se es culpable hasta que la condena no esté firme y la condena contra Grassi no lo está”.
Otra es la opinión del querellante Gallego, quien ayer pidió a la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón que modifique la resolución del Tribunal Oral 1 que denegó “la solicitud de inmediata detención” de Grassi, luego de la condena, que habían solicitado la Fiscalía y los tres querellantes. Gallego aseguró que la medida dispuesta por los jueces provoca “un gravamen irreparable” para las tres víctimas que acusaron a Grassi, con el agregado de la “notoria puesta en riesgo (...) de las potenciales (nuevas) víctimas del pedófilo”.
Recordó que los jueces condenaron a Grassi “por abusar y corromper sexualmente a un menor de edad para satisfacer sus propios deseos”. El querellante pidió que se fije una audiencia para tratar, en forma oral, el entredicho y advirtió que “de mantenerse la decisión adoptada” por el Tribunal Oral 1 “en relación a la libertad del delincuente sexual condenado e incluso su ingreso al escenario de los crímenes (la Fundación Felices los Niños), se propiciará la reiteración delictiva en detrimento de lo dispuesto” por las leyes vigentes.
Gallego mencionó que “si bien nuestro ordenamiento procesal tiene previsto como regla general que el imputado permanezca en libertad durante el desarrollo del proceso”, la misma ley “se ocupa de establecer cuáles son los supuestos donde dicho principio no se aplica”. El querellante cuestionó con dureza expresiones de Luis María Andueza, presidente del Tribunal Oral 1, en el sentido de que “no le preocupa que (Grassi) reincida” y que sólo le preocupa que se fugue. Gallego sostuvo que “este sujeto (Grassi) es capaz (...) de reiterar sus delitos”.

Subnotas:

LA IGLESIA CONOCÍA PREVIAMENTE LAS CONDUCTAS DE GRASSI
Esa costumbre de callar

En el fallo por el cual el cura fue condenado por abuso de menores aparece probado que altos dignatarios de la Iglesia Católica conocían sus prácticas sexuales antes de que se hicieran públicas a través de la investigación periodística.

Por Carlos Rodríguez

De la lectura del fallo que condenó a 15 años de prisión al cura Julio César Grassi por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravados, surge con claridad que altos dignatarios de la Iglesia Católica estaban al tanto de las fuertes sospechas que existían acerca de las actividades non sanctas del sacerdote. El tema era conocido por la cúpula del Episcopado desde mucho antes de que comenzara la investigación periodística que terminó con la denuncia de pedofilia difundida en octubre de 2002 en el programa Telenoche investiga. “Monseñor (Justo) Laguna no se sorprendió con la noticia y dijo que ya varias personas le habían comunicado situaciones de abuso sexual y de preferencia enfermiza con los menores varones por parte de Grassi.” La frase figura en el texto firmado por los jueces del Tribunal Oral 1 de Morón y cita como fuentes a los periodistas que hicieron ese trabajo de investigación.
Incluso se menciona que Laguna, a quien entrevistaron en la quinta del Obispado de Morón, les había comentado que “algunos empleados de la Fundación (Felices los Niños) habían pedido su protección y denunciado golpes por parte de los cuidadores” de los chicos, entre ellos el ex policía Juan Domingo Pérez, quien antes había sido denunciado por su ex mujer. Ella lo acusó de “haberle desprendido el cuero cabelludo a uno de sus (propios) hijos”. En el marco de la investigación periodística, a cargo de Miriam Lewin, Irene Bais y Miguel Jorquera, se reunieron con Jorge “Corcho” Rodríguez, quien también tenía conocimiento acerca de la personalidad de Grassi.
Se hizo una reunión, en la que participó el fallecido ex dirigente montonero Rodolfo Galimberti. “Estuvieron como tres horas hablando y luego Rodríguez (...) dijo que sabía que a Grassi le gustaban y se acostaba con pibes. Esto lo sabíamos con Susana...”, confirmó el entonces novio de Susana Giménez. En otro encuentro posterior, Rodríguez les dijo: “No se hagan problemas porque todo el mundo sabe que Grassi es bufarrón”. En ese acto, Rodríguez les entregó un anónimo en el que se denunciaba al cura y que los periodistas ya habían recibido con anterioridad. En estos encuentros se basó la defensa de Grassi para asegurar, a lo largo de todo el juicio, que la acusación había sido “un complot” supuestamente organizado por Susana Giménez y el Canal 13.
Al comienzo de la investigación, la información previa señalaba que había al menos seis chicos abusados por el cura, entre los cuales figuraba “Luis”, cuyo caso llegó al juicio y fue desestimado por los jueces. En cambio, no eran mencionados los de “Ezequiel” –también desestimado en el juicio– y “Gabriel”, cuya denuncia fue considerada válida. Por los abusos contra “Gabriel”, el cura Grassi fue condenado a quince años de cárcel, aunque sigue libre.
Del texto del fallo surge también que el propio Grassi se había enterado de la investigación que lo tuvo como eje en forma previa a la emisión del programa de Telenoche. La advertencia llegó, un mes y medio antes, de boca de un sacerdote franciscano amigo del imputado, de nombre Diego Morea. El cura amigo, a su vez, había sido alertado por un conocido suyo llamado Constancio Vigil, homónimo de un importante empresario periodístico. En el fallo no se aclara en ningún momento si se trata de la misma persona.
Durante las charlas con Laguna, el entonces obispo de Morón les comentó a los periodistas que Grassi “tenía mucho poder en la policía”. También les dijo que al cura ahora condenado “le gustaba hacer ostentación de su desobediencia” hacia Laguna, que era su superior directo. El obispo considera que Grassi es “personalista y egocéntrico”. Por esas razones, Laguna no se mostró sorprendido por la realización de un programa de TV y cuando los vio, les preguntó: “¿Qué pasa ahora con Grassi?”. Después les comentó: “¿Con quién anda ahora? (...) dicen (que) con un rubiecito?”.
Otra cosa que llamó la atención de los periodistas fue “el terror que generaba el cura (por Grassi), y no sólo a los empleados, sino también a los chicos”. El chico conocido como “Gabriel”, antes de animarse a hacer su denuncia, consideraba que “Grassi podía hacerle cualquier cosa porque tenía poder y a él no le iban a creer porque era un chico de la calle”. Por esas razones, el chico “no tenía confianza en la Justicia”, porque decía que “él no era nadie y el cura era todo”.
En cuanto al conocimiento, por parte de la Iglesia, de la personalidad de Grassi, uno de los primeros en saberlo fue el sacerdote Elvio Mettone, quien trabajó con él en el hogar La Casita, donde se alojan chicos con problemas sociales. En el juicio, Mettone relató que el padre de uno de los niños “había ido a golpear a Grassi por algún problema anterior en el cual había abusado sexualmente de su hijo”. El cura Mettone dijo también que Grassi “le hacía regalos” a un chico llamado I. G., que figuraba en la primera nómina de supuestos abusados que había llegado a conocimiento de los periodistas de Telenoche investiga.
Según dijo Mettone, el sacerdote Grassi “se robó” a I. G. de La Casita, cuando el chico estaba a punto de ser adoptado por un matrimonio. Cuando le pidieron precisiones, Mettone sostuvo que al chico “se lo quedó Grassi”. En su testimonio ante el tribunal, Mettone dijo que el cura salía con ese chico y regresaban a altas horas de la noche, rompiendo los códigos fijados en el hogar. De todos modos, los periodistas concluyeron, ante los jueces, que Mettone dijo más cosas “en off que en on”. Lo mismo ocurrió cuando Mettone estuvo ante los jueces, en el juicio oral.

Cosecha de repudios por la libertad

Varias organizaciones especializadas en infancia y delitos sexuales repudiaron el fallo que, además de condenar a 15 años a Julio César Grassi por abuso y corrupción de menores, le permitió seguir en libertad y hasta visitar las sedes de Felices los Niños. La Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales (Aaes), por ejemplo, hizo circular un comunicado en el que destaca: “Estas decisiones no hacen más que revictimizar a las y los más dañadas/os favoreciendo a quienes concentran el poder y lo usan arbitrariamente para amedrentar y lograr sus oscuros propósitos, desalentando a quienes estén transitando por situaciones semejantes a acudir a la Justicia”.
Desde la Aaes, donde trabajan el tema desde 1992, también resaltaron que personas como Grassi “son reincidentes”, por lo que insistieron: “No encontramos justificativo alguno a esta arbitrariedad”. “Resulta inadmisible que el tribunal no haya tenido en cuenta las abundantes pruebas y testimonios de las otras víctimas de un abusador sexual, pedófilo y corruptor de menores. Sabemos del daño que causa a las víctimas de este tipo de delitos el descrédito a sus palabras y pruebas presentadas”, remarcaron los especialistas de esta entidad.
En la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (Asapmi) coincidieron en el peligro que genera dejar libre a Grassi. “Es una resolución que libera a un abusador condenado y condena a sus víctimas a vivir prisioneras de su aberrante voluntad y pone en evidencia que, a la hora de sentenciar, quienes fueron victimizados sufren una nueva afrenta que se hace extensiva a la sociedad toda”, sostuvieron.
Además, en la Asapmi recordaron que hace un año y medio representantes de todos los tribunales superiores de Justicia de la región se reunieron en Brasilia. De allí surgieron cien reglas básicas a garantizar. “Estas reglas también consideran en sus resoluciones las situaciones en que se encuentran las víctimas en situación de vulnerabilidad, entre las que se menciona a los menores de edad, y dentro de este colectivo a los que sufren abuso sexual”, señalaron en su comunicado. “De la resolución del Tribunal se evidencia una concepción anacrónica del significado de un abuso sexual en la psiquis de un niño –concluyeron en la Asapmi–. A esto debemos agregar que, en este caso particular, se trata de niños de la calle, sin estructura familiar que pueda darles contención.”

Las deudas de la Justicia

Por Casacidn *

Después de siete años de trabajo, de más de nueve largos meses de juicio, del paso de casi doscientos testigos, de pericias y pruebas documentales, terminó el juicio por abuso sexual, corrupción de menores agravada y amenazas coactivas contra el sacerdote Julio César Grassi. El Tribunal Criminal Nº1 de Morón lo condenó a 15 años de prisión, aunque no irá a la cárcel hasta que la condena quede firme y mientras tanto puede volver al lugar donde ocurrieron los abusos sexuales que fueron considerados probados por la Justicia.
Es éste el fin de un proceso plagado de irregularidades, en el cual Grassi gozó de beneficios procesales que, en general, no se conceden a imputados en su misma situación. Vivió en una casa quinta con todas las comodidades ubicada frente a la Fundación Felices los Niños, hecho que le posibilitó seguir ejerciendo el control de la institución. Esta cercanía le permitió tener llegada a testigos claves y potenciales víctimas, quienes, mediante intimidaciones o prebendas, no pudieron contribuir con su testimonio a esclarecer los graves hechos que se le imputaban o, quizás, prevenir la reiteración de los hechos delictivos.
Desde Casacidn, querellante en la causa, recibimos el fallo del tribunal con sensaciones contradictorias, porque aunque la Justicia lo encontró culpable por dos hechos de corrupción de un chico de 13 años, en los otros dos casos de jóvenes que también lo habían acusado resultó absuelto. Estos chicos no tienen hoy reparación alguna por los abusos padecidos.
Resulta, a su vez, inadmisible que una persona condenada por semejantes delitos pueda visitar la Fundación las veces que quiera mientras que esté acompañado por una persona de su confianza y las visitas sucedan durante el día, como si los abusos sexuales sólo se cometieran de noche y como si la presencia de alguien del entorno de Grassi alcanzara para evitar que vuelvan a ocurrir. ¿Cómo puede la Justicia permitir que alguien condenado por abuso sexual y corrupción de menores visite libremente una institución que alberga a chicos y chicas?
El Casacidn ha actuado intensamente todos estos años con el único propósito de resguardar los derechos de los chicos y jóvenes afectados por la situación, ya sea a través de la presentación de amparos para proteger la intimidad de todos los niños alojados en la Fundación Felices los Niños como de la representación directa de los jóvenes víctimas.
En este proceso nos han acompañado muchas personas, pero hoy queremos destacar especialmente la tarea realizada tanto por el abogado de Casacidn, Juan Pablo Gallego, como la de los abogados de las otras dos víctimas denunciantes, Sergio Piris, Luis Paglietti y Jorge Luis Calcagno Quijano.
Seguiremos trabajando con la misma intensidad y convicción para lograr una condena de cumplimiento efectivo para todos los casos presentados en el juicio, porque la Justicia les debe a todos los chicos víctimas la restitución de sus derechos vulnerados y la reparación de los daños sufridos por las víctimas.

* Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Fuente: Página 12

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