LA CÁMARA DE DIPUTADOS DIO MEDIA SANCIÓN A DOS PROYECTOS SOBRE DERECHOS HUMANOS
En sintonía con lo que marca la CIDH
Ambas iniciativas fueron promovidas por el Ejecutivo. Una incorpora a los
organismos de derechos humanos como querellantes en las causas sobre delitos de
lesa humanidad. La otra despenaliza el delito de calumnias e injurias.
Por Miguel Jorquera
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la modificación al Código Penal
que posibilita a los organismos de derechos humanos ser querellantes en las
causas por delitos de lesa humanidad y también la que despenaliza los delitos de
calumnias e injurias para el caso de expresiones “referidas a cuestiones de
interés público”. Ambos proyectos fueron enviados al Congreso por Cristina
Fernández para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado argentino y
refrendados en una “solución amistosa” ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para salvar los obstáculos judiciales que impidan avanzar en los
juicios contra el terrorismo de Estado y garantizar la libertad de expresión. A
pesar de las objeciones parciales a los proyectos, el grueso de la oposición
acompañó con su voto la media sanción de la Cámara baja.
La modificación que incorpora al artículo 82 bis del Código Penal a los
organismos de derechos humanos como querellantes en delitos de lesa humanidad
fue fundamentada por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la
kirchnerista Nora César. El proyecto apunta a que la mora de la Justicia no
termine convalidando la caducidad de las causas, dado que a más de 30 años de
cometidos los delitos, muchos de los familiares de las víctimas ya no están en
condiciones físicas de continuarlos.
La oposición había presentado dos dictámenes de minoría. El radical Pedro
Azcoiti pidió que la medida no abarcara “solamente a los organismos de derechos
humanos” y reclamó la ampliación de esa facultad a las ONG en causas vinculadas
con delitos ambientales o contra los consumidores. El otro dictamen opositor fue
impulsado por el PRO.
La diputada de Libres del Sur Victoria Donda salió al cruce de los planteos del
radicalismo. “No permitirles a estos hombres y mujeres que representen a sus
compañeros es escondernos y no enfrentar debate, que es si queremos o no que los
genocidas estén presos”, soltó la legisladora nacida en cautiverio en la ESMA.
Su compañera de bloque Vilma Ibarra y luego la oficialista Diana Conti trataron
de poner paños fríos. “Estamos removiendo los obstáculos, con jurisprudencia de
la Corte Suprema y la CIDH, para dar cumplimiento a los tratados
internacionales, a los cuales estamos obligados”, sostuvo Ibarra. “El proyecto
tiene total apego a las normas locales e internacionales”, arrancó Conti, quien
destacó la trayectoria radical en la pelea por los derechos humanos y pidió el
acompañamiento del proyecto. La apelación a lo técnico y la obligación del
Estado a cumplir con sus compromisos le bajó el tono a la discusión. Azcoiti
afirmó que la intervención de Conti “puso las cosas en su lugar” al despegar el
debate de la “especulación política” y anunció que su bloque acompañaría el
proyecto en general, aunque “respetando nuestros fundamentos”. El jefe de los
diputados macristas, Federico Pinedo, también justificó el cambio del sentido de
su voto con un juego de palabras: “Nos pasa seguido que habiendo un dictamen de
mayoría razonable y otro de minoría más razonable, terminamos por votar en
contra de un proyecto razonable”. El proyecto se aprobó con 176 votos. En contra
sólo votó la lopezmurphista Nora Ginzburg.
El debate sobre calumnias e injurias también tuvo cruces. César explicó la
iniciativa que da respuesta al fallo de la CIDH contra el Estado argentino por
el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de
la Justicia en su investigación sobre el asesinato de monjes palotinos durante
la dictadura y volcado en su libro La masacre de San Patricio. El tribunal
ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y
reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su
legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión.
El proyecto quita la penalización con cárcel de los delitos de calumnias e
injurias, pero mantiene las multas establecidas por ley. Los cambios establecen
que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a
asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como “tampoco
configurarán delito de injuria los calificativos lesivos al honor cuando
guardasen relación con un asunto de interés público”.
La radical Silvana Giúdici criticó duramente que el oficialismo no haya avanzado
con los cinco proyectos que en el mismo sentido se discutieron en la Comisión de
Libertad de Expresión que preside. Adelantó su voto favorable en general, pero
dijo que “otra vez optó por el atajo, con un proyecto del Ejecutivo sin la
posibilidad enriquecer el texto”. Marcela Rodríguez (CC), que impulsaba un
proyecto por la derogación total de los delitos de calumnias e injurias, afirmó
que la iniciativa oficial “se queda a mitad de camino porque no toma todas las
recomendaciones de la CIDH”, pero igual afirmó que lo respaldarían. La macrista
Pinky se opuso a la modificación “porque ya no tiene efecto represivo sino
disuasivo”. La iniciativa tuvo 154 votos a favor y 12 en contra, la mayoría del
macrismo.
Fuente: Página 12
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