El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la ONU hizo este miércoles en Ginebra, Suiza, un
reconocimiento de las políticas de derechos humanos que desarrolla el
gobierno argentino y sostuvo que la experiencia nacional para revertir las
consecuencias de terrorismo de Estado debe ser tomada como modelo por otras
naciones.
Al concluir la presentación, el Grupo de Trabajo, encabezado por el mexicano
Santiago Corchera, manifestó además su interés en realizar una misión
bilateral y en concretar el próximo período de sesiones en Argentina,
informó la Secretaría de Derechos Humanos.
El grupo escuchó en el Palacio Wilson un amplio informe presentado por una
delegación de la Secretaría de Derechos Humanos, integrada por Ana Badillos
y Maria Eugenia Carbone, acompañadas por el secretario Sebastián Rosales, de
la Misión Argentina Permanente ante organismos internacionales en Ginebra.
Naciones Unidas mantiene desde la época de la dictadura militar argentina un
grupo de cinco expertos independientes que investigan las desapariciones
forzadas de personas en todo el mundo.
En el encuentro de este miércoles, la delegación argentina informó sobre los
avances logrados en la órbita de los tres poderes del Estado.
En ese sentido, subrayó que las medidas para esclarecer los casos de
desapariciones forzadas van necesariamente acompañadas de una política
integral que tiene como ejes el ejercicio de la memoria, la búsqueda de la
verdad y la investigación, el juicio y la sanción a los responsables de las
graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas por el Terrorismo de
Estado.
Los representantes argentinos también dieron precisiones sobre las causas
penales actualmente en trámite, sobre la cantidad de individuos al momento
detenidos y sobre las medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal
para acelerar las causas judiciales.
Todo lo dado a conocer estuvo enmarcado en la intención expresada por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner de terminar en sus cuatro años de
mandato los juicios a represores.
La delegación también detalló sobre causas en las cuales la Secretaría de
DD.HH. se presentó como querellante y entregó un listado con información
producido por el Fondo Documental CONADEP sobre nueve casos de
desapariciones esclarecidos en 2007.
Argentina resaltó ante el Grupo la suscripción del acuerdo tripartito entre
la Secretaría que preside Eduardo Luis Duhalde, el Ministerio de Salud y
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), firmado como parte de la
Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas.
Según se informó, este aspecto llamó particularmente la atención del Grupo
de Trabajo, que requirió información puntual sobre la aplicación de la
iniciativa en su fase local y regional.
La delegación manifestó, a su vez, la preocupación del Gobierno nacional por
que los represores detenidos por violaciones de los derechos humanos cumplan
la orden judicial de detención preventiva o la condena en establecimientos
carcelarios comunes y se explicaron las medidas que al respecto ya se han
tomado.
Sobre las políticas de memoria, se resaltó la participación activa del
Archivo Nacional de la Memoria en el establecimiento como sitios de memoria
de centros clandestinos de detención y de lugares de relevancia simbólica en
la lucha contra la impunidad.
Concretamente, se mencionó el trabajo del Archivo en el ámbito de la Red
Federal de Sitios de Memoria, en la señalización de centros ilegales de
detención que estaban dirigidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad
durante la dictadura militar.
En ese sentido, el Grupo de Trabajo quiso saber cuáles son las acciones que
se desarrollan en esos lugares, lo que dio lugar a que la delegación
destacara el traspaso del predio de la ESMA al gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires para la creación del Espacio para la Memoria y para la
Promoción y Defensa de los DD.HH.
También se recalcó que Argentina es el primer país en Latinoamérica y
segundo en el mundo en ratificar la Convención Internacional para la
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En ese sentido, se remarcó la presencia de Cristina en el acto de firma del
documento, en febrero de 2007, como una muestra más de la continuidad de la
política de verdad, justicia, memoria y reparación impulsada desde 2003 por
la gestión de Néstor Kirchner.
