Por Nora Veiras
Al
lockout agropecuario se lo vio estallar en las calles y en los medios. Hubo
también otro estallido que pasó inadvertido en forma pública pero no fue menos
contundente: el que se propagó por Internet. El lunes pasado empezó a circular
por e-mail la convocatoria a una “Marcha Federal del Campo” con un “Plan
Esquemático de Movilización a Capital Federal”. En un rudimentario lenguaje
castrense, se daban precisiones de puntos de encuentro, horas y cantidad
estimada de participantes con el objetivo de “generar la sensación pública del
poder de los productores rurales quienes se mueven fundamentalmente por la
Dignidad del campo”. Otro mail identificaba entre los supuestos autores de la
movida a militares retirados, ex miembros de la Side y a un funcionario de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria. Los involucrados niegan su autoría, pero
Página/12 pudo saber que los mismos nombres estarían bajo investigación por
urdir distintas conspiraciones.Las computadoras de los uniformados fueron inundadas por esos mensajes y en distintas avenidas porteñas se mezclaban ruralistas con la activista Cecilia Pando y Federico Young (ver foto), titular de la Agencia de Control Comunal, designado por Mauricio Macri. Young comparte con Pando las críticas a la reapertura de causas judiciales contra los represores y es, además, un activo productor rural. Quizás en sus declaradas 1250 hectáreas de la Estancia El Paye y en su carácter de delegado de la Asociación Rural de Chivilcoy ante la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (Carbap) se encuentre la causa del entusiasmo del funcionario macrista para hacer sonar su cacerola en la esquina de Santa Fe y Callao.
Dios los cría
El supuesto plan de organización preveía que el viernes 28 “los grupos denominados como ‘autoconvocados’ que responden al accionar de las instituciones del campo en sus diferentes formas según el territorio, bloquean las rutas nacionales y convergentes (...). La coordinación en Area Gran Buenos Aires y Capital Federal se hará mediante uso de celulares sobre líneas que se informarán en forma reservada en las últimas tres horas previendo bloqueo por parte de servicios de inteligencia; se usarán frecuencias alternativas de Nextel, según detalle reservado que será distribuido personalmente entre los coordinadores”. El e-mail anónimo estimaba que llegarían a la Plaza de Mayo unos 8570 vehículos y que se congregarían unas 25 mil personas.
Fechado el jueves 27 apareció en algunas casillas de mails un “Parte de Operaciones” que señalaba el carácter “apócrifo” de la convocatoria y lo atribuía a “una maniobra de acción sicológica organizada por los ciudadanos identificados a continuación”: Juan Bautista Yofre (a) Tata, ex secretario de Inteligencia del Estado; Iván Germán Velázquez, actual subdirector de Inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; Daniel Reimundes, general retirado del Ejército; Gabriela Roxana Pousa, periodista, y Héctor Alderete, director de la página web Seprin destinada a criticar la política de Defensa del kirchnerismo y a penar por la suerte de los represores.
En el libro Side. La Argentina secreta, Gerardo Young cuenta que “si algo marcó la gestión del Tata (designado por Carlos Menem en julio de 1989) fue que devolvió a La Casa a muchos de los militares a los que habían expulsado los radicales. Y a los duros. Nombró como director de la Escuela de Inteligencia al general de brigada Carlos Martínez, el mismo que había sido jefe de la Side durante los últimos años de la dictadura. (...) También nombró al teniente coronel retirado Carlos Doglioli como director de contrainteligencia y a Pascual Guerrieri como director de Planeamiento. Guerrieri era un tipo de verdad pesado. Oficial de Inteligencia del Ejército, en la dictadura había dirigido centros clandestinos de detención en Rosario, tenía las manos manchadas con sangre y ni una gota de culpa”.
–¿Usted me ve a mí mandando esos mails? Esos mails salieron de otra computadora y me los atribuyen a mí. Ya le he comunicado al Gobierno que no tengo nada que ver con eso. Del otro lado de la línea Yofre le da a Página/12 su versión.
–¿Con quién se comunicó del Gobierno?
–No quiero comprometer a gente del gabinete. Los que lo tienen que saber en el Gobierno lo saben. Yo no tengo ni una maceta, ni casa propia. Me voy a meter yo a promocionar una marcha de dirigentes agropecuarios. Es una canallada, a todos estos tipos hace mucho tiempo que no veo. Lo meten al pobre Reimundes, que está retirado.
–Convengamos en que estar retirado no exime de nada.
–Esto es falso. Identifiqué la computadora de donde salió esto por el número de IP. No voy a ir a la Justicia a perder tiempo porque no me van a dar bola. Yo estoy retirado de todo. No me presto a estas cosas.
Minutos después de cortar, Yofre llama a la redacción para reenviar el mail que le envió al productor televisivo Diego Gvirtz para avisarle que habían usado su computadora para lanzar los mails. “Esta es la prueba de que le hackearon la máquina a él y desde ahí mandaron los correos a mi nombre”, dice Yofre.
El general Reimundes, que se desempeñó como secretario general del Ejército bajo el mandato de Ricardo Brinzoni, también negó haber participado en el operativo. Aseguró a este diario que a Yofre hace un mes que no lo ve y que no conoce ni a Velázquez ni a Alderete. Reimundes es un militar muy activo entre los retirados que aspira a presidir la Sociedad Militar Seguros de Vida –la caja de las Fuerzas Armadas– y tiene sólidos vínculos con el ultraderechista cura domínico Aníbal Fosbery, líder de Fasta. La comunidad en la que estudia la numerosa prole de Cecilia Pando y donde la misma activista castrense supo trabajar. Fosbery reivindicó hace apenas un par de años al nazi Erich Priebke como un notable vecino de Bariloche.
“Lo que más me ofende es que crean que soy tan torpe. Pregúntele a cualquiera que me conozca si fulano de tal con la aptitud y capacidad que tiene podría haber hecho esa convocatoria. Yo intervengo a cara descubierta”, asegura el general y pregunta: “¿A usted le parece que un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria puede estar en algo así?”, en alusión a Velázquez.
La PSA depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que dirige Aníbal Fernández. Página/12 habló con un alto funcionario que conoce a Velázquez, responsable del área de Contrainteligencia de la PSA y experto en informática. El funcionario explicó que “no confía en Velázquez pero tampoco en sus enemigos. Estos son chicos raros que hacen un trabajo raro también. Ahora, la ley le prohíbe a un policía hacer actividades políticas, si hay pruebas le abriremos un sumario”.
Velázquez fue detenido en abril del ’99 acusado de vender instrucciones para armar bombas en disquetes. Pertenecía a la Comunidad Nativa de Organizaciones Regionales (Cóndor) que formó el vicecomodoro Horacio Riccardelli. En ese momento, un grupo de militantes de ultraderecha se presentó en el juzgado acompañando al vicecomodoro y al abogado Pedro Bianchi, activo defensor de represores, para reclamar por la libertad de Velázquez.
Detrás de la protesta agropecuaria se esconde una trama de intereses que están lejos de agotarse en la disputa por el aumento de las retenciones móviles. La guerra de mails evidencia que algo huele muy mal y no es precisamente la bosta campestre.
