Opinión
Ex represores empiezan a ser trasladados a las
cárceles comunes
Por: Emilio Marín (LA ARENA)
El ex represor Héctor Febres, al que faltaban cuatro días para conocer su
sentencia, murió envenenado o se suicidó con cianuro. Ese fue el disparador del
traslado de ex represores a cárceles comunes.
Como el dictador chileno Augusto Pinochet, el subprefecto torturador de la Esma
Héctor Febres, murió formalmente inocente. Faltaban días para que emitiera su
fallo el tribunal que lo estaba enjuiciando por torturas a cuatro sobrevivientes
del centro de exterminio montado por la Armada. Organizaciones de derechos
humanos tenían alguna remota esperanza de que el muerto dijera algo sobre el
destino de tantos bebés nacidos en cautiverio. A Febres se lo había acusado de
llevar y traer esa valiosa carga, pero a esos datos se los llevó el cianuro.
Hace dos semanas el preso VIP en la base Delta de la Prefectura amaneció muerto,
con cianuro en su estómago. ¿Quién se lo suministró? ¿Lo habrá tomado ex profeso
para suicidarse o bien lo envenenaron? Y en tal caso, ¿sería alguien de su
entorno o alguno de los miembros de Prefectura que supuestamente debían
custodiarlo?
Estas preguntas flotan en el ambiente, con dos prefectos y la esposa y dos hijos
del occiso, detenidos. La familia le echa la culpa al oficial que cenó con el
detenido la última vez. Pero los uniformados podrán argüir que en los últimos
días hubo medio centenar de invitados a una fiesta de bautismo de una nieta de
Febres y que allí pudo entrar cualquier cosa, no sólo el veneno.
Las acusaciones cruzadas permitieron correr un poco más el velo sobre las
condiciones del lugar de 'detención': dos ambientes, con balcón y vista al río,
con teléfono celular, internet y televisor con DVD. Las visitas no tenían días
ni límites horarios, ni eran revisadas, y, como si eso fuera poco, había una
pileta y una cancha de tenis.
Con ese confort, el detenido pudo suicidarse de sólo pensar que en pocos días
más, como condenado, lo iban a trasladar a la cárcel de Marcos Paz. Esta
hipótesis de la depresión tiene la alternativa de que algunos ex represores
pudieron envenenarlo para cerrarle la boca, ante el temor de que fuera a decir
parte de todo lo que sabía. La pastilla evitó que se filtrara algo sobre los 400
chicos que las Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando con una valentía ajena
al muerto.
El juez Sergio Torres, al que los organismos humanitarios le habían pedido sin
éxito el traslado de los represores a cárceles comunes, debió volver sobre sus
pasos y resolver ese traslado. Al menos quince procesados en la causa Esma, como
Alfredo Astiz y Jorge 'Tigre' Acosta, fueron fletados a Marcos Paz, donde los
espera Christian Von Wernich para que escuchen sus misas.
De todos modos, tanto Torres como los camaristas Guillermo Gordo, Ricardo Farías
y Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal nº 5, fueron denunciados ayer por
los organismos de derechos humanos ante el Consejo de la Magistratura. Fueron
acusados de haber convalidado que los grupos de tareas siguieran en sus VIP.
VIP o en casita
Desde la anulación de las dos leyes de impunidad, en agosto de 2003, la
reanudación de los juicios por violaciones a los derechos humanos permitió
reabrir numerosas causas, 210 en todo el país.
Según el informe del Ministerio Público Fiscal a marzo de 2007 había 253 presos
por delitos de lesa humanidad (según el Cels hoy son 286), de los cuales sólo 45
se encuentran en penales. Otros 82 cumplen arresto domiciliario, en tanto 72
están distribuidos en 17 cuarteles. A esa fecha había 32 represores en
dependencias policiales, siete en unidades de la Gendarmería y siete en
hospitales. Cuatro ex militares están en prisiones comunes de España, con
pedidos de extradición.
O sea que a la fecha del mencionado informe, sólo 45 estaban recluidos en
penales aunque con la importante salvedad de que sólo una minoría eran miembros
de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los uniformados está en cuarteles o
dependencias de sus respectivas fuerzas, custodiados por quienes pertenecen a la
institución.
Muchos de los procesados, incluso los que alguna vez estuvieron condenados a
reclusión perpetua, como el ex teniente general Jorge Rafael Videla, está en su
propio piso del barrio de Belgrano. Luciano B. Menéndez, que mandó matar en
Córdoba y otras nueve provincias bajo jurisdicción del III Cuerpo de Ejército,
también duerme en casa en el barrio de Bajo Palermo, Córdoba. Las pilas de
expedientes en su contra no le alteran el ritmo familiar, salvo cuando vienen
manifestantes a abuchearlo o cuando lo trasladan a algún juzgado del interior,
pero en ambos casos la policía democrática lo cuida y ayuda a esquivar los
huevazos.
Astiz, que había perdido grado militar hace años, seguía disfrutando de
excelentes condiciones de vida en una base de la Armada en Zárate. En julio fue
enviado al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, ubicado en Campo de Mayo,
donde siguió gozando de prerrogativas, en un establecimiento ubicado dentro de
un cuartel militar que recién en enero tendrá custodia del Servicio
Penitenciario Federal. Será lo único parecido a una prisión común. Apariencias,
nada más.
Cárcel común y efectiva
Entre otros argumentos de peso, los abogados de derechos humanos sostienen que
los procesados y condenados de uniforme no están en tal condición por haber
violado artículos del Código de Justicia Militar sino del Código Penal. Y
debería agregarse, del derecho de gentes.
En consecuencia, no deberían estar arrestados en cuarteles sino en cárceles
comunes, como cualquier hijo de vecino, y en condiciones más graves porque los
otros presidiarios no fueron parte de un plan de exterminio sistemático con
desaparición de miles de personas y supresión de identidad a muchos de sus
hijos.
Esa rigurosidad ni siquiera se cumple en los módulos 1 y 2 de Marcos Paz donde
están los 'de lesa' humanidad como Wernich, Miguel Etchecolatz, Raúl
Guglielminetti, Norberto Cozzani, Luis Patti y otros. Esos pabellones ahora
están más colmados con la llegada de Astiz y el grupo de tareas de la Esma.
Pero aún en ese establecimiento, los ex represores no tienen custodia interna
sino externa, tienen funcionamiento de organización y comunicación fácil con el
exterior. Tan es así que luego de la desaparición de Julio López, el juez
Arnaldo Corazza ordenó un allanamiento a ese lugar. El procedimiento fue
relativamente pobre en resultados porque a los detenidos les habría llegado un
oportuno aviso. No se hallaron celulares pese a pruebas de que esos aparatos
eran utilizados casi libremente en el lugar.
En 2006 el director de Seguridad del Complejo de Marcos Paz, prefecto Héctor
Altamirano, ordenó al personal que estos detenidos debían tener 'trato
privilegiado', lo mismo que las visitas que reciben. Los definió como 'presos
políticos'.
Por eso las condiciones de esos torturadores difieren notablemente de las
impuestas al resto del penal. Por ejemplo, los familiares de Etchecolatz y cía
pueden entrar alimentos y otros bártulos sin límites, sin ser revisados como el
resto de los visitantes. Luego se endurecieron un tanto las reglas y se les
hacen abrir los bolsos o carteras, nada más. De las revisiones de las visitas en
las cárceles, nada de nada. Sería bueno que los tratos vejatorios no existieran
para nadie, sobre todo para los visitantes de quienes cometieron delitos pero no
fueron protagonistas del genocidio.
En algunas provincias se están adoptando medidas para trasladar a los militares
a establecimientos penitenciarios, caso de los ocho presos por la masacre de
Margarita Belén. Este lote irá al Instituto Penal de Campo de Mayo, a los
lugares dejados libres por la patota de la Esma. En otras, como Córdoba, la
justicia sigue siendo cómplice d elos genocidas y dice que analizará 'caso por
caso' antes de enviarlos a la cárcel.
Videla, Menéndez y Cristino Nicolaides tienen suerte de que aquí no se haya
adoptado la metodología de los aliados de la Segunda Guerra para juzgar a los
nazis. En Nuremberg varios jerarcas fueron condenados a la pena de muerte y
otros fueron a la cárcel. El tristemente célebre Rudolf Hess estuvo en Spandau,
cerca de Berlín, entre 1946 y 1987, cuando terminó suicidándose. Los
norteamericanos y británicos habían querido suavizar las condiciones e incluso
darle la libertad a Hess en 1974, al cumplir los 80 años. Los soviéticos se
opusieron a eso y a la flexibilización de tener televisión, radio, un sillón y
una alfombra. Astiz y demás genocidas deben alegrarse de ser argentinos y de que
sus crímenes no fueran juzgados como en Nuremberg.
Enviado por Argenpress