Medios locales reflejaron inicio de debate oral en causa RI9

El Tribunal Oral Federal de Corrientes llevará a juicio oral y público a seis ex militares del Regimiento de Infantería 9, entre ellos el general (RE) Cristino Nicolaides, por la desaparición de dos militantes políticos durante la última dictadura militar, en la causa conocida como R-9.
La primera audiencia del debate se desarrollará el próximo 5 de febrero, a partir de las 8, en la sala juzgadora de esta capital. La decisión judicial, confirmada el lunes por la noche cuando las partes recibieron la notificación, fue considerada “histórica” por familiares de desaparecidos y ex detenidos debido a que es la primera vez que en Corrientes un tribunal juzgará la conducta de ex militares del regimiento correntino, reconocido como un centro clandestino de detención.
En tanto la defensa de los imputados cuestionó la convocatoria y relacionó el avance de la causa con “influencias” del gobierno nacional sobre los jueces en materia de Derechos Humanos.
Además de Nicolaides, están imputados los ex militares Juan Carlos Demarchi, Rafael Barreiro, Horacio Losito, Carlos Roberto Piriz y Raúl Reynoso.
Nicolaides era por entonces jefe del Comando de la VII Brigada de Infantería y detenido con prisión domiciliaria en Córdoba capital por una causa de robo de bebés, por la masacre de Margarita Belén y otras. El resto de los procesados permanece detenido desde noviembre de 2004 en dependencias del Regimiento “La Liguria”, en Resistencia, Chaco.
La causa R-9 investiga el secuestro, la tortura y la desaparición de los estudiantes de Derecho, Rómulo Artieda y Ramón Vargas.
Antes de fijar la fecha de debate, el Tribunal que juzgará, integrado por Víctor Alonso (presidente), Lucrecia Rojas y Carlos Navarro (con juez sorteado), volvió a rechazar otro planteo de la defensa que pedía la excarcelación de los imputados porque ya pasaron más de tres años de detención sin haber sido juzgados.
Los jueces consideraron que tal beneficio, establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, “no les corresponde” debido a que fue la propia defensa la que planteó “dilaciones” que demoraron la marcha de la causa que ya el año pasado debió haber sido elevada a juicio oral, según fuentes del caso.
Durante el transcurso de la causa, también la Cámara de Casación Penal, con sede en Buenos Aires, desestimó varias presentaciones de los abogados que pedían la libertad de sus defendidos, al sostener los mismos argumentos.
Se trata del primer juicio que habrá en Corrientes en materia de Derechos Humanos y será a partir de la denuncia que la familia Artieda presentó el 24 de marzo de 2004, hace más de tres años, justo el día del aniversario del golpe de Estado de 1976 que dio origen a la última dictadura militar.
Artieda desapareció a los 22 años en mayo de 1977 y su cuerpo fue identificado treinta años después cuando en agosto de 2007 el Equipo Argentino de Antropología Forence (Eaaf) confirmó que dio positivo el ADN de los restos encontrados, en 2006, en una tumba NN del cementerio de la localidad de Empedrado, a 60 kilómetros de esta capital. Según fuentes de la querella, el cuerpo de la víctima formará parte del expediente “como prueba del homicidio” del cual se acusará a los ex militares.
Una veintena de testigos, en su mayoría ex detenidos del Regimiento, caminarán por el tribunal y se calcula que el juicio llevará un tiempo de tres meses.

R-9: el debate de los abogados
La confirmación del juicio por la desaparición de personas en Corrientes durante la dictadura, generó repercusiones entre abogados defensores y querellantes de la causa R-9 que ayer explicaron sus argumentos, por separados, en Radio La Red.
Jorge Buompadre, conocido penalista del foro local y defensor de Juan Carlos Demarchi, cuestionó la decisión: “Me parece que esto ha sido una maniobra del Tribunal, porque se ha fundamentado al denegar la excarcelación que hemos pedido hace un tiempo bastante largo cuando todavía no se había fijado la fecha de debate. Fijaron la fecha precisamente para poner como argumento y negar la excarcelación. Esto ha sido una evidente política del Estado en materia de Derechos Humanos, entre comillas, de que todo juez que se ha involucrado en disponer la libertad de algún militar o policía que haya sido imputado por violar los Derechos Humanos ha tenido problemas en el Consejo de la Magistratura. Los jueces están con un temor reverencial de que los echen porque el control está en manos del Estado. Para el juicio estamos preparados, tenemos elementos de prueba para demostrar de que en los hechos por los cuales se imputa a mis defendidos, mis defendidos al menos no tienen nada que ver. Demarchi, por ejemplo, se retiró del Ejército en agosto del 76 (antes de la desaparición de una de las víctimas) y pasó a trabajar en la actividad privada”.
Por su parte, Diego Vigay, uno de los abogados de la familia del desaparecido Rómulo Artieda, destacó la decisión del Tribunal:
“Los ex militares pusieron un sinfin de justificativos sin sentido y jamás lograron resultados. Ellos no tienen voluntad de ir a un juicio oral. Nosotros queremos que hagan uso del derecho a defensa y se lleve adelante el juicio dentro del sistema democrático. Se logró saber cómo se llevaban a cabo los secuestros y los interrogatorios durante la época del terrorismo de Estado en la Argentina. Se reconstruyó el caso de Rómulo Artieda que fue visto con vida y sus restos fueron identificados en Empedrado por el grupo de Antropología Forense. El juicio consiste en el firme propósito de probar que el Regimiento fue un centro clandestino de detención”.

Fuente: Diario "La República"