EL REPRESOR LUCIANO BENJAMIN MENÉNDEZ SALDRÁ DE LA CÁRCEL Y PODRÁ CUMPLIR LA
CONDENA EN SU DOMICILIO
Ahora podrá afilar el cuchillo en casa

Tiene dos condenas a prisión perpetua y estaba alojado en la
cárcel cordobesa de Bower. La jueza Cristina Garzón de Lascano dispuso, en
sintonía con la Cámara Nacional de Casación, que hasta que la sentencia no esté
firme, puede volver a su casa.
El 24 de julio del año pasado, el represor Luciano Benjamín Menéndez pasó su
primera noche como preso común en la cárcel cordobesa de Bower. Si bien su
condena era inevitable, el privilegio de sobrellevarla en su casa era algo con
lo que podía contar. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba
decidió dejar de lado las prerrogativas que el sistema judicial suele otrogarle
a los represores y lo convirtió en un reo raso. Ayer, la jueza federal de
Córdoba Cristina Garzón de Lascano revirtió esta situación y resolvió, en
sintonía con la Cámara Nacional de Casación, que el ex jefe del Tercer Cuerpo de
Ejército vuelva a su domicilio.
Menéndez, quien en 1984 amenazó a manifestantes que lo aguardaban a la salida de
un canal de televisión con un cuchillo, aún no regresó a su casa. El fallo de
Garzón de Lascano se hará efectivo luego de que se concrete una declaración
indagatoria al represor dispuesta por el juez federal de San Juan Leopoldo Rago
Gallo, quien investiga el secuestro y la desaparición de la ciudadana franco
argentina Marianne Erize, en 1976, y el homicidio de José Alberto Carvajal,
quien apareció ahorcado en 1977.
La decisión de la jueza cordobesa avala un fallo firmado hace veinte días por la
Sala III de la Cámara Nacional de Casación integrada por Guillermo José Tragant,
Eduardo Rafael Riggi y Angela Ledesma. Ese tribunal hizo lugar a un reclamo de
la defensa de Menéndez –que se había quejado porque el tribunal oral cordobés lo
envió a prisión– y señaló que “hasta que el fallo no adquiera firmeza, los
jueces no pueden variar las circunstancias existentes (en este caso, revocando
la morigeración del encarcelamiento cautelar). De esta manera, hay que
retrotraerse a la situación anterior –prisión preventiva cumplida en su
domicilio– hasta que la sentencia quede firme”. La Cámara de Casación recordó
que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército cumple con uno de los requisitos
previstos en la ley para poder obtener la prisión domiciliaria: el tener más de
70 años. Además, el tribunal también dispuso anular las detenciones comunes de
los represores Luis Alberto Manzinelli y Carlos Alberto Vega, condenados en el
mismo juicio oral que Menéndez.
“Una vez más los torturadores y asesinos de la última dictadura militar tienen
quién los defienda desde las instituciones judiciales. El año pasado, después de
dos meses de escuchar los niveles de atrocidad y desprecio por la humanidad que
tuvieron estos represores cuando comandaban el centro clandestino de detención y
exterminio La Perla, fueron condenados con penas de entre 18 años y prisión
perpetua. La misma Cámara que frenó el inicio de ese juicio durante más de un
año quiere volver atrás el reloj de la historia”, manifestó a través de un
comunicado la agrupación HIJOS de Córdoba. Ayer, la organización anunció que el
miércoles 27 habrá una marcha para repudiar la decisión de la magistrada. La
fiscal Graciela López de Filoñuk también se había opuesto a que Menéndez
durmiera en su casa. Señaló que tener más de 70 años (el represor tiene 81) no
hace que deba aplicarse automáticamente el beneficio de la prisión domiciliaria,
que había que sopesar que las acusaciones y condenas comprenden delitos de lesa
humanidad y que podía haber peligro de fuga si el reo salía de la cárcel.
Además de la condena a prisión perpetua en Córdoba por los secuestros, torturas
y asesinatos de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo y
Carlos Lajas, el ex jefe del Tercer Cuerpo recibió otra sentencia igual en
Tucumán por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse. En el corto
plazo, le esperan al menos otros dos procesos orales: uno en Córdoba y otro en
Santiago del Estero.
La palabra final sobre la situación de Menendez, máximo responsable de los
secuestros, desapariciones y asesinatos perpetrados durante la última dictadura
en diez provincias, fue de Garzón de Lascano. La jueza decidió mantener el
criterio de la Cámara de Casación sobre Menéndez pero le negó la salida de la
prisión a Manzanelli por entender que podría poner en riesgo otras
investigaciones por crímenes de lesa humanidad. En 1999, la fiscal López de
Filoñuk encontró, durante un allanamiento a la casa del represor, una especie de
manual para entorpecer las causas judiciales en el marco de varias denuncias de
amenazas e intimidaciones de testigos y sobrevivientes de la represión. Entre
las denunciantes estaba la titular de la filial cordobesa de Abuelas de Plaza de
Mayo, quien al igual que otra testigo observó cerca de su casa un Volkswagen Gol
cuya patente se correspondía con el auto de Manzanelli.
Ahora, a Menéndez le queda esperar el interrogatorio de la justicia sanjuanina
para poder mudarse a su casa del barrio Bajo Palermo de Córdoba. Su esposa,
Edith Angélica Abarca de Menéndez, oficiará de guardadora. No tendrá custodia
policial y recibirá la visita del Patronato del Liberado cada seis días.
Hay 556 represores procesados
La estadística difundida por el CIJ, que depende de la Corte, se
enmarca en alrededor de mil procesos iniciados en todo el país. Hay tres juicios
orales en marcha y otros dos con fecha de inicio, uno de ellos por los hechos
sucedidos en la ESMA.
El Centro de Información Judicial (CIJ) informó ayer que a partir de la
anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final existen 289 causas con
procesados en todo el país relacionadas con violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la pasada dictadura militar. El informe agrega que 56 de ellas
ya fueron elevadas a juicio por el juez de instrucción.
Los datos obtenidos a partir de los informes de los tribunales federales se
enmarcan en un total nacional aproximado de mil procesos iniciados, en los que
hay 556 personas procesadas, de las cuales 182 ya cuentan con al menos una causa
transitando la etapa del juicio y otras 130 alcanzarían “en lo inmediato ese
estadio procesal, dado que el Ministerio Público Fiscal ya formuló los
correspondientes requerimientos de elevación a juicio, según informó la
Procuración General”.
El CIJ recordó que actualmente se están realizando tres juicios orales. Uno de
ellos es la “causa Olivera Rovere” que, desde el 9 de febrero último, lleva
adelante el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) contra los represores Jorge
Olivera Róvere, Teófilo Saa, Bernardo José Menéndez, José Román Lobaiza y Felipe
Jorge Alespeiti, por hechos ocurridos en la órbita del Primer Cuerpo del
Ejército.
Por su parte, el Tribunal Oral en lo Federal número Uno (TOF1) de San Martín
está sustanciando el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas en
la jurisdicción de Campo de Mayo contra los ex miembros del Ejército Santiago
Omar Riveros, Ernesto Verplaesten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y
César Amadeo Fragni.
En tanto, en Formosa, el Tribunal Oral Federal lleva adelante desde el 25 de
febrero último el juicio oral contra quien fuera gobernador entre 1976 y 1981,
el general Juan Carlos Colombo, acusado de los delitos de asociación ilícita,
privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y
desaparición forzada de personas.
Entre los juicios con fecha de inicio confirmada, el informe señala que el
Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de junio próximo la fecha de
inicio del primer juicio oral que se realizará en esa provincia por crímenes de
lesa humanidad, cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización
Nacional.
Se trata de la causa en la que se investiga a Horacio Américo Barcos, ex
personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, por privación ilegítima
de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma
reiterada y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos.
El CIJ recordó finalmente que el TOF5 fijó para el 6 octubre el inicio del
juicio al destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros ex represores
acusados por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que
funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Esos delitos tuvieron como víctimas, entre otros, a las monjas francesas Leónie
Duquet y Alice Domon, a la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y al
escritor y periodista Rodolfo Walsh.
La nómina de procesados por esos hechos incluye, además, a Jorge “el Tigre”
Acosta, Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Rolón, Antonio Pernías, Jorge Redice,
Ernesto Weber, Pablo García Velazco, Alberto González, Manuel García Tallada,
Antonio Azic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda
Tigel, Néstor Savio y Julio César Coronel. El documento conocido ayer fue
realizado por la Superitendencia para Delitos de Lesa Humanidad, creada por la
Corte Suprema de Justicia. En el micrositio “Lesa Humanidad” de la página de
Internet de este organismo se puede acceder a los detalles de estos juicios “a
través de un mapa del país en el que se puede conocer el nombre completo de los
imputados, la cantidad de víctimas, el estado procesal de cada causa y las
fechas de las resoluciones judiciales dictadas”.
El relevamiento judicial fue elaborado en base a información suministrada por
tribunales federales de todo el país al 18 de mayo de 2009, datos que son
actualizados periódicamente por información enviada desde cada jurisdicción.
Fuente: Página 12
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