EL REPRESOR LUCIANO BENJAMIN MENÉNDEZ SALDRÁ DE LA CÁRCEL Y PODRÁ CUMPLIR LA CONDENA EN SU DOMICILIO
Ahora podrá afilar el cuchillo en casa

Tiene dos condenas a prisión perpetua y estaba alojado en la cárcel cordobesa de Bower. La jueza Cristina Garzón de Lascano dispuso, en sintonía con la Cámara Nacional de Casación, que hasta que la sentencia no esté firme, puede volver a su casa.

El 24 de julio del año pasado, el represor Luciano Benjamín Menéndez pasó su primera noche como preso común en la cárcel cordobesa de Bower. Si bien su condena era inevitable, el privilegio de sobrellevarla en su casa era algo con lo que podía contar. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba decidió dejar de lado las prerrogativas que el sistema judicial suele otrogarle a los represores y lo convirtió en un reo raso. Ayer, la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano revirtió esta situación y resolvió, en sintonía con la Cámara Nacional de Casación, que el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército vuelva a su domicilio.
Menéndez, quien en 1984 amenazó a manifestantes que lo aguardaban a la salida de un canal de televisión con un cuchillo, aún no regresó a su casa. El fallo de Garzón de Lascano se hará efectivo luego de que se concrete una declaración indagatoria al represor dispuesta por el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo, quien investiga el secuestro y la desaparición de la ciudadana franco argentina Marianne Erize, en 1976, y el homicidio de José Alberto Carvajal, quien apareció ahorcado en 1977.
La decisión de la jueza cordobesa avala un fallo firmado hace veinte días por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación integrada por Guillermo José Tragant, Eduardo Rafael Riggi y Angela Ledesma. Ese tribunal hizo lugar a un reclamo de la defensa de Menéndez –que se había quejado porque el tribunal oral cordobés lo envió a prisión– y señaló que “hasta que el fallo no adquiera firmeza, los jueces no pueden variar las circunstancias existentes (en este caso, revocando la morigeración del encarcelamiento cautelar). De esta manera, hay que retrotraerse a la situación anterior –prisión preventiva cumplida en su domicilio– hasta que la sentencia quede firme”. La Cámara de Casación recordó que el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército cumple con uno de los requisitos previstos en la ley para poder obtener la prisión domiciliaria: el tener más de 70 años. Además, el tribunal también dispuso anular las detenciones comunes de los represores Luis Alberto Manzinelli y Carlos Alberto Vega, condenados en el mismo juicio oral que Menéndez.
“Una vez más los torturadores y asesinos de la última dictadura militar tienen quién los defienda desde las instituciones judiciales. El año pasado, después de dos meses de escuchar los niveles de atrocidad y desprecio por la humanidad que tuvieron estos represores cuando comandaban el centro clandestino de detención y exterminio La Perla, fueron condenados con penas de entre 18 años y prisión perpetua. La misma Cámara que frenó el inicio de ese juicio durante más de un año quiere volver atrás el reloj de la historia”, manifestó a través de un comunicado la agrupación HIJOS de Córdoba. Ayer, la organización anunció que el miércoles 27 habrá una marcha para repudiar la decisión de la magistrada. La fiscal Graciela López de Filoñuk también se había opuesto a que Menéndez durmiera en su casa. Señaló que tener más de 70 años (el represor tiene 81) no hace que deba aplicarse automáticamente el beneficio de la prisión domiciliaria, que había que sopesar que las acusaciones y condenas comprenden delitos de lesa humanidad y que podía haber peligro de fuga si el reo salía de la cárcel.
Además de la condena a prisión perpetua en Córdoba por los secuestros, torturas y asesinatos de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Raúl Cardozo y Carlos Lajas, el ex jefe del Tercer Cuerpo recibió otra sentencia igual en Tucumán por la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse. En el corto plazo, le esperan al menos otros dos procesos orales: uno en Córdoba y otro en Santiago del Estero.
La palabra final sobre la situación de Menendez, máximo responsable de los secuestros, desapariciones y asesinatos perpetrados durante la última dictadura en diez provincias, fue de Garzón de Lascano. La jueza decidió mantener el criterio de la Cámara de Casación sobre Menéndez pero le negó la salida de la prisión a Manzanelli por entender que podría poner en riesgo otras investigaciones por crímenes de lesa humanidad. En 1999, la fiscal López de Filoñuk encontró, durante un allanamiento a la casa del represor, una especie de manual para entorpecer las causas judiciales en el marco de varias denuncias de amenazas e intimidaciones de testigos y sobrevivientes de la represión. Entre las denunciantes estaba la titular de la filial cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo, quien al igual que otra testigo observó cerca de su casa un Volkswagen Gol cuya patente se correspondía con el auto de Manzanelli.
Ahora, a Menéndez le queda esperar el interrogatorio de la justicia sanjuanina para poder mudarse a su casa del barrio Bajo Palermo de Córdoba. Su esposa, Edith Angélica Abarca de Menéndez, oficiará de guardadora. No tendrá custodia policial y recibirá la visita del Patronato del Liberado cada seis días.

Hay 556 represores procesados

La estadística difundida por el CIJ, que depende de la Corte, se enmarca en alrededor de mil procesos iniciados en todo el país. Hay tres juicios orales en marcha y otros dos con fecha de inicio, uno de ellos por los hechos sucedidos en la ESMA.

El Centro de Información Judicial (CIJ) informó ayer que a partir de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final existen 289 causas con procesados en todo el país relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura militar. El informe agrega que 56 de ellas ya fueron elevadas a juicio por el juez de instrucción.
Los datos obtenidos a partir de los informes de los tribunales federales se enmarcan en un total nacional aproximado de mil procesos iniciados, en los que hay 556 personas procesadas, de las cuales 182 ya cuentan con al menos una causa transitando la etapa del juicio y otras 130 alcanzarían “en lo inmediato ese estadio procesal, dado que el Ministerio Público Fiscal ya formuló los correspondientes requerimientos de elevación a juicio, según informó la Procuración General”.
El CIJ recordó que actualmente se están realizando tres juicios orales. Uno de ellos es la “causa Olivera Rovere” que, desde el 9 de febrero último, lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) contra los represores Jorge Olivera Róvere, Teófilo Saa, Bernardo José Menéndez, José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti, por hechos ocurridos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Por su parte, el Tribunal Oral en lo Federal número Uno (TOF1) de San Martín está sustanciando el juicio por violaciones a los derechos humanos cometidas en la jurisdicción de Campo de Mayo contra los ex miembros del Ejército Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten, Osvaldo Jorge García, Raúl Horacio Harsich y César Amadeo Fragni.
En tanto, en Formosa, el Tribunal Oral Federal lleva adelante desde el 25 de febrero último el juicio oral contra quien fuera gobernador entre 1976 y 1981, el general Juan Carlos Colombo, acusado de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados reiterados y desaparición forzada de personas.
Entre los juicios con fecha de inicio confirmada, el informe señala que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó para el 30 de junio próximo la fecha de inicio del primer juicio oral que se realizará en esa provincia por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Se trata de la causa en la que se investiga a Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército Argentino, por privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en forma reiterada y tormentos agravados, por ser ejercido contra perseguidos políticos.
El CIJ recordó finalmente que el TOF5 fijó para el 6 octubre el inicio del juicio al destituido capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros ex represores acusados por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Esos delitos tuvieron como víctimas, entre otros, a las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon, a la Madre de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y al escritor y periodista Rodolfo Walsh.
La nómina de procesados por esos hechos incluye, además, a Jorge “el Tigre” Acosta, Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Rolón, Antonio Pernías, Jorge Redice, Ernesto Weber, Pablo García Velazco, Alberto González, Manuel García Tallada, Antonio Azic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda Tigel, Néstor Savio y Julio César Coronel. El documento conocido ayer fue realizado por la Superitendencia para Delitos de Lesa Humanidad, creada por la Corte Suprema de Justicia. En el micrositio “Lesa Humanidad” de la página de Internet de este organismo se puede acceder a los detalles de estos juicios “a través de un mapa del país en el que se puede conocer el nombre completo de los imputados, la cantidad de víctimas, el estado procesal de cada causa y las fechas de las resoluciones judiciales dictadas”.
El relevamiento judicial fue elaborado en base a información suministrada por tribunales federales de todo el país al 18 de mayo de 2009, datos que son actualizados periódicamente por información enviada desde cada jurisdicción.

Fuente: Página 12


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