Sólo cuatro de los ocho elementos del Ejército
mexicano fueron condenados ayer por el fuero común, uno de los
cuales podría salir mediante el pago de una multa, por el delito de
violación agravada cometido contra 14 mujeres en la zona de
tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de
2006.
Por primera vez en la historia reciente de México, cuatro elementos
del Ejército mexicano fueron condenados por el fuero común, con
penas que van desde los tres años nueve meses hasta 41 años cuatro
meses, luego de que resultaron culpables del delito de violación
agravada en contra de nueve de 14 mujeres violadas.
La notificación a los soldados pertenecientes al 14 Regimiento de
Caballería Motorizado fue hecha por la tarde en una audiencia
pública por parte del juez segundo de Primera Instancia en Materia
Penal, Hiradier Huerta Rodríguez, quien dio sentencias absolutorias
a cuatro de los soldados que habían sido acusados por las mujeres de
Castaños.
Omar Alejandro Rangel Fuentes, quien fue señalado como el soldado
que agredió sexualmente a cinco de las 14 trabajadoras la noche del
11 de julio de 2002, fue condenado a 41 años, cuatro meses.
Juan José Gaytán Santiago, acusado inicialmente por seis mujeres,
una de las cuales se retractó, fue condenado a 21 años de prisión,
lloró al escuchar el fallo. Fernando Adrián Madrid Guardiola, quien
violó a dos mujeres, recibió una pena de 31 años y ocho meses de
prisión.
En tanto que Angel Antonio Hernández Niño, quien habría sido acusado
de violación a una de las mujeres de Castaños, fue condenado por
lesiones a policías a tres años nueve meses de prisión. Misma que
podría librar con el pago de una multa por 20 mil 843 pesos.
Los militares absueltos fueron Norberto Francisco González, quien
violó a una sola de las mujeres, misma que se retractó ocho meses
después de los hechos, se le acreditó el delito de lesiones y el
pago de 482.10 pesos.
Rosendo García Jiménez también obtuvo su libertad por el fuero
común, luego de que la parte acusadora se retractara de sus dichos.
Los otros dos liberados fueron Casimiro Ortega Hernández, absuelto
por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a
policías, por lo cual tendrá que pagar 482.10 pesos, y Norberto
González Estrada, liberado y quien pagará la misma multa por
'lesiones leves a preventivos'.
Inconformes
La noticia fue escuchada por dos de las 14 mujeres agraviadas, el
resto no se presentó por temor. Se mostraron inconformes por la
sentencia absolutoria concedida a cuatro militares, los cuales,
dijeron, sí cometieron los delitos de los cuales fueron acusados,
como la violación y las lesiones.
Agregaron que no esperaban 'esto' de la justicia coahuilense ya que
tampoco están conformes con las penas otorgadas a los soldados, los
cuales han dañado sus vidas para siempre.
Una de las agraviadas, quien llevó a la niña que nació en febrero
pasado, producto de la violación cometida por Fernando Adrián Madrid
Guardiola, condenado a 31 años ocho meses, apuntó: 'Que bueno que le
dieron esa sentencia, pero merecía muchos más, porque no le
alcanzará la vida para pagar el daño que me ha hecho', sostuvo
conteniendo el llanto.
La abogada coadyuvante Sandra de Luna González reiteró que lo
sucedido hoy en el Juzgado Segundo de Primera Instancia fue una
'salida política que no un acto de justicia con las mujeres de
Castaños, a pesar de que cuatro de ellos fueron sentenciados'.
Sin embargo, apuntó, se apelará ante las instancias judiciales
nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), porque existen elementos suficientes para
revocar lo que llamó 'la absurda decisión del juez que actuó de
forma misógina'.
Estoy tranquila, añadió porque los cuatro militares que fueron
absueltos esta tarde quedan sujetos a la justicia militar, 'tan
pronto como salgan de ahí (Centro de Readaptación Social para
Varones) habrá personal de la Procuraduría de Justicia Militar para
ser juzgados por el delito de abandono de servicio'.
Más tarde, el juez Hiradier Huerta Rodríguez apuntó que serían
trasladados al penal militar de Mazatlán, Sinaloa, de donde el 18 de
agosto de 2006 fueron trasladados para iniciar el proceso judicial
por el fuero común.
Fuente: Argenpress
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