Los mitos revelados
La
última dictadura militar, hija de la “Escuela Francesa” y la “Doctrina de
Seguridad Nacional”, vigente desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de
diciembre de 1983, ha originado el debate más intenso y extenso que recuerde la
historia del siglo XX.
Prosigue incluso en el siglo XXI, entrecruzándose aspectos de la coyuntura
política, sumando erróneamente a opositores de un lado y oficialistas del otro.
Erróneamente, porque hay opositores que tienen una larga lucha en materia de
derechos humanos y oficialistas que han sido más contestes con posiciones
antagónicas desde siempre.
Lo cierto es que en la política como en la vida, los blancos y negros conforman
una gama de grises casi infinita.
Es vital sin embargo el aporte que hizo el gobierno de Néstor Kichner al
impulsar las nulidades de las leyes de impunidad, para que la Argentina mire de
frente a su historia y asuma sus costos, y empiece un camino de “reparación”
imposible, pero que ayuda a establecer a futuro un piso de respeto al otro, de
Justicia, de Verdad.
Además de los genocidas, deberían haber estado sometidos a juicio los mentores
del genocidio, los beneficiarios económicos de ese gran proceso antinacional y
antipopular, tal como lo reconocieron el propio Bendini, ex -Jefe del Ejército y
la famosa autocrítica de Balza.
Los juicios como la “Causa RI9” y la “Causa Ayala” a través del testimonio de
los sobrevivientes, la desclasificación de archivos de la dictadura y sendas
investigaciones periodísticas, han podido derrumbar mitos que se pretendieron
instalar como verdades instaladas. Es por eso que siempre decimos, que más allá
de la búsqueda de Justicia, estas causas judiciales son verdaderos procesos de
reconstrucción de la memoria histórica.
Uno de los mitos lo desmiente los archivos del “Batallón 601” (cuyos miembros
pasaron de ilustres desconocidos a ser públicos, merced a una excelente
publicación de la Revista 23), y es el que pretendía reducir la cifra de
víctimas de la dictadura a 5000 o 7000 según estaban dispuestos a reconocer los
genocidas, o a lo sumo alrededor de 9000, tomando en cuenta datos parciales de
la CONADEP.
Lo que pocos saben es que la CONADEP no considera desaparecidos a los "muertos
en enfrentamiento", por más que se hallen desaparecidos sus cuerpos, y el número
entregado en su informe inicial es sensiblemente menor al real, por este
criterio adoptado y por la urgencia en entregarlo a la opinión pública y a la
Justicia. Lo cierto es que la CONADEP, no obstante el informe "Nunca Más",
siguió trabajando, y aún con los criterios innecesariamente rígidos, hoy la
cifra registrada por ellos se eleva a 12.000.
Pero son los mismos represores los que, en base a sus propias bases de datos
elevan esa cifra a 22.000, casi el doble de lo registrado actualmente en CONADEP
ya en el año 1978, cuando Enrique Arancibia Clavel (funcionario de inteligencia
chileno) le solicita a instancias de sus superiores, esta información a sus
pares del Batallón 601 con el alias o nombre de guerra de " Luis Felipe
Alemparte Díaz”.
Bien sabido es que la dictadura duró muchos años más y la cifra puede incluso
superar la de 30.000, pero sería irrelevante, ya que no se puede agregar ni
quitar nada de lo sufrido por el pueblo argentino si sumamos o restamos números.
El horror genocida es inconmensurable.
Otro de los mitos es el que pretendía explicar tanta locura como “excesos”,
cometidos en el marco de una respuesta excesiva a una agresión previa. La
reducción de un proceso complejo a la lucha entre dos males: la famosa “teoría
de los dos demonios”.
Hoy sabemos, gracias a un excelente trabajo periodístico de una de las testigos
de la “Causa RI9”, la periodista francesa Marie Monique Robin, que mucho antes
de que existieran las organizaciones “Montoneros” y “PRT (Partido Revolucionario
de los Trabajadores)”, es decir, a fines de la década del “50, unos generales
franceses se instalaban en una oficina en la sede de la Escuela de Guerra de
Campo de Mayo.
Los países centrales habían determinado que la Argentina debía dejar de tener
trabajadores tan combativos, la clase obrera más organizada de Latinoamérica, el
menor índice de analfabetismo del continente, pleno empleo y salud gratuita; y
es que le habían asignado un nuevo rol en la “división internacional del
trabajo” el de agro -exportador primario.
Sabían que esto no iba a ser aceptado pacíficamente por el pueblo argentino, y
venían a preparar a las FFAA a hacer frente a lo que todavía, objetivamente aún
no existía.
Aleccionados por la inteligencia militar francesa, que trasladaba sus
conocimientos adquiridos con sus experiencias colonialistas en Indochina y
Argelia, y por “La Escuela de las Américas”, una academia formadora de
torturadores creada por Estados Unidos, las FFAA (salvo honrosas excepciones)
asumieron como propios los intereses de éstos países centrales y la doctrina del
“enemigo interno”, justificada por el conflicto “este-oeste” que en términos
geopolíticos nos era ajeno.
La dictadura fue pues, la imposición a sangre y fuego de un mega plan económico
tendiente a la reconversión de un país maravilloso, en pleno crecimiento
industrial y científico, en una republiqueta dependiente y jaqueada por un
endeudamiento imposible de afrontar.
Finalmente nuestro problema no advertido por gran parte de la clase política y
una enorme porción de la ciudadanía que avaló activa o pasivamente el golpe
cívico-militar, era el conflicto norte-sur, es decir, los intereses de los
países centrales en detrimento del tercer mundo.
“La división internacional del trabajo consiste en que unos países se
especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy
llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder...” dice Eduardo
Galeano en su memorable “Las Venas Abiertas de América Latina”.
Asumimos como propia la lucha de los países centrales contra las revoluciones de
liberación nacional y las socialistas, y descuidamos nuestros propios intereses,
antagónicos por cierto con esos países que nos coptaron.
Por último, y solo para no seguir abundando en un tema que merece mayor
desarrollo, me referiré a otro mito que, pese a los denodados esfuerzos de sus
impulsores, no tiene el menor correlato con la realidad, y es el que plantea la
necesidad de la “memoria completa”, y que hay que dejar de “mirar con un solo
ojo”.
Lo que está detrás de estos clichés, es la teoría de que se debe juzgar a los
militares, pero también a quienes “del otro lado” cometieron crímenes contra
personas inocentes.
Parece razonable, y uno puede verse tentado de adherir, sobre todo los bien
nacidos que respetan el “derecho a la vida” consagrado por la “Declaración
Universal de los Derechos del Hombre”.
Parece razonable también que algunos nos acusen de “parciales” a los militantes
de DDHH.
La pregunta ¿porqué a unos si y a otros no? parece incontestable, y seguramente
lo es para muchos jóvenes que nacieron en democracia y muchos adultos que no
saben con detalle que pasó con hechos como el asesinato de la hija del Capitán
Viola por ejemplo, o la toma del Regimiento de Formosa.
Voy pues, seguidamente, a referirme a estos dos hechos puntuales. No lo hago en
forma antojadiza, es que el primero es uno de los más usados como “argumento”
para solicitar la reapertura de este tipo de causas. El segundo es de nuestra
zona del país y sus protagonistas conocidos en la región.
La causa por la muerte de Viola y su hija se instruyó en Tucumán inmediatamente,
y tuvo sentencia condenatoria cuyos responsables cumplieron de manera efectiva.
Por lo que no solo no es un delito de lesa humanidad, y es un delito común, sino
que además ya fue investigado, juzgado y sancionado.
Uno puede informarse por Internet del tema, ésta fantástica herramienta que nos
saca del oscurantismo si se sabe usarla y se recurre a fuentes judiciales por
ejemplo.
En relación al Regimiento de Formosa, la dictadura instruyó sendas parodias de
juicios en tribunales militares, donde los acusados no tenían las más mínimas
garantías y sus “defensores” los tenían que elegir de un menú de subtenientes y
tenientes que desconocían las nociones más elementales de las leyes vigentes y
los Códigos Procesales. Algunos incluso se atrevían a decir a sus “defendidos”
que eran sus enemigos y que su misión era que confiesen, no defenderlos.
Muchos fueron declarados culpables en esas parodias de juicios y cumplieron
condenas en condiciones infrahumanas de detención, sometidos a torturas y en
algunos casos sin que se les lea de qué se les acusaba concretamente.
Otros, ya no están con nosotros y continúan desaparecidos, fueron ejecutados y
sus cuerpos continúan siendo ocultos, lo que constituye un delito que
actualmente se está cometiendo. Nunca sabremos si fueron culpables o inocentes,
porque la dictadura eligió vengarse en lugar del camino de la Justicia.
La mayoría ni siquiera fue “beneficiaria” de esas parodias de juicios y, como en
el caso de mi tío Rómulo Artieda, ultimados sin piedad.
Hay que decir también, que aquellos que se sintieron damnificados por los
delitos cometidos por las organizaciones guerrilleras nunca fueron limitados por
ninguna ley.
No hubo “obediencia debida” ni “punto final” que lesionara sus derechos, y nada
impedía que querellen a los responsables, de hecho algunos lo hicieron y
lograron condenas como los familiares del Capitán Viola, los mismos que hoy
pretenden reabrirla pese a no desconocer que ya es “cosa juzgada”.
Otros se sintieron cómodos con la venganza promovida por la dictadura, a tal
punto que no querellaron a nadie, y no han sufrido la condena moral de los “reconciliantes”,
aquellos que promueven la reconciliación y se oponen a la búsqueda de justicia,
atribuyéndole móviles “non sanctos”, pero que no alzaron la voz ante el
genocidio cuya existencia no podían ignorar.
No estamos abriendo un solo ojo, apenas si nos atrevemos a entreabrir el único
que teníamos cerrado, para de una vez por todas mirarnos a la cara con nuestra
historia reciente, y lamer las heridas, para que la imagen que nos devuelva el
espejo ahora que tenemos ambos ojos abiertos, sea la de ciudadanos libres,
dignos y dispuestos a gritar NUNCA MÁS las veces que sea necesario. Honduras nos
muestra que el horror genocida, cuando no es juzgado ni recordado, deja de ser
“cosa del pasado”.
Diego Cazorla Artieda - Miembro de la Comisión de DDHH de Corrientes
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