Masacre indígena de Napalpí: 80 años de impunidad
por Darío Aranda

El gobernador chaqueño, Fernando Centeno, ordenó: "Procedan con rigor para con los sublevados". El 19 de julio de 1924, a la mañana, la policía rodeó la Reducción Aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños. A todos mataron y, como trofeos de guerra, cortaron orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos como muestra de patriotismo en la localidad cercana de Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes que se negaban a seguir siendo explotados, que reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar la matanza la versión oficial esgrimió "sublevación indígena". Era el mismo período de las masacres de obreros en la Patagonia, años en los que en el norte argentino solía hablarse de rebeliones indígenas para justificar el asesinato de pobladores originarios que resistían su inclusión definitiva a un mercado de trabajo que exprimía vidas a bajo precio. A 80 años de aquella masacre, no hubo actos oficiales, pero los pobladores originarios recordaron la matanza en cada comunidad.

En 1895 la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de sólo 100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura. En 1923 los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50.000 hectáreas. Pero también debían multiplicarse los brazos que recojan el "oro blanco".
El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y el Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de la Reducción Aborigen de Napalpí a 120 kilómetros de Resistencia se declararon en huelga: denunciaban los maltratos, la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacía allá intentaron ir los pobladores, pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. El indio no podía trabajar su propia tierra, su única alternativa era seguir cosechando como esclavo, pero igual se resistía. El 18 de julio, y con la excusa de un supuesto malón indígena, Centeno dio la orden.
A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Máuser a todo lo que se movía, hubo silencio y humareda de los fusiles. Los heridos -fueran hombres, mujeres o niños- fueron asesinados a machetazos. El periódico Heraldo del Norte recordó, a finales de la década del 20, el hecho: "Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas hicieran un sólo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad".
El 29 de agosto --cuarenta días después de la matanza--, el ex director de la Reducción de Napalpí Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional: "La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presente en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados".
En el libro "Memorias del Gran Chaco", de la historiadora Mercedes Silva, se confirma el hecho y cuenta que el mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga, corrió esa suerte. "Se lo mató en forma salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla", asegura.
En el libro "Napalpí, la herida abierta", el periodista Vidal Mario detalla: "El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista".
Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: "Se dispararon más de 5000 tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron quemados". En el mismo audio, el cacique toba Esteban Moreno, contó la historia que es transmitida de generación en generación. "En las tolderías aparecieron soldados y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta que fue una matanza porque sólo murieron aborígenes, tobas y mocovíes, no hay soldados heridos, no fue lucha, fue masacre, fue matanza, por eso ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza".
La Reducción de Napalpí -palabra toba que significa lugar de los muertos- había sido fundada en 1911, en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran de las etnias Pilagá, Abipón, Toba, Charrúa y Mocoví. El corresponsal del diario La Razón, Federico Gutiérrez, escribió en julio de 1924: "Muchas hectáreas de tierra flor están en poder los pobres indios, quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto".
A ochenta años de la Masacre de Napalpí, aún nadie fue sancionado, el crimen permanece impune y las escasas tierras que permanecen en manos aborígenes les siguen siendo arrebatadas.
-Paradigma del despojo
Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes --con la mano de obra policial o militar-- para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción. Todos los historiadores revisionistas coinciden en esa mirada y, en el libro "La violencia como potencia económica: Chaco 1870-1940", Nicolás Iñigo Carrera afirma: "Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la represión y por la vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado".
"Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso que los convertía en obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, premisa necesaria para la exitencia de capital. Un modo de vivir había sido destruido", destaca Iñigo Carrera en su libro.
Además de someterlos, el Gobierno quería ampliar los cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en reservas. Siempre la versión oficial, "civilizadora y cristiana", hablaba de malones o enfrentamientos despiadados. Pero los muertos siempre eran pobladores originarios. Sobre los imaginarios combates, el historiador Alberto Luis Noblía remarcó que "las naciones aborígenes chaqueñas no practicaron el malón, usual en otros pueblos.
Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los entonces dueños de las tierras. Al contrario, el colono supo encontrar en el indígena mano de obra barata".
El 21 de julio de 1925 --un año después de la matanza--, el ministro del Interior, Vicente Gallo, reconocía los deseos de Alvear: "El Poder Ejecutivo considera que debe encararse definitivamente, como un testimonio de la cultura de la República, el problema del indio, no sólo por razones de humanidad y de un orden moral superior, sino también porque una vez incorporado a la civilización será un auxiliar valioso para la economía del norte del país".
Fuente: argentina.indymedia.org, 20 de julio de 2004.