La
Ley de Obediencia Debida Nº 23.521 fue una disposición legal dictada en
Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que
estableció una presunción de iure (o sea, que no admite prueba en contrario) que
los hechos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas, durante la guerra
sucia y el Proceso de Reorganización Nacional, no eran punibles por haber
actuado en virtud de obediencia debida.Esta norma se dictó para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, luego de la toma de cuarteles militares por parte de Aldo Rico y el bochornoso "felices pascuas" del ex-presidente, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel, de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de la mayoría de los implicados en el terrorismo de Estado.
Pues bien, la ley 23.521, fue declarada nula por ser contraria a la Constitución y los tratados internacionales, no obstante, parece ser la nueva "estrategia judicial" de los imputados de la "Causa RI9", coherentes con la extemporaneidad de anteriores planteos de nulidad.
Uno a uno los imputados han declarado lo mismo, "no entiendo la acusación" y acto seguido rechazan cada una de las acusaciones demostrando que las conocen perfectamente, y al igual que De Marchi terminan escudándose en la responsabilidad de Nicolaides. Si no fueron, si ni siquiera estuvieron presentes o en actividad, ¿como es que obedecieron órdenes aberrantes? podría preguntarse legítimamente alguien con una virtud que no hemos visto en sus declaraciones: el sentido común.
Losito el enérgico