Los destituidos marinos Alfredo Astiz y Jorge "el Tigre" Acosta,
emblemáticos represores de la última dictadura militar, y hasta un ex juez
federal, deberán sentarse en lo que resta del año frente a los magistrados
que los juzgarán por gravísimas violaciones a los derechos humanos. Tras fracasar en sus intentos de seguir postergando "sine die" (ilimitadamente) esos debates, 2009 será, al fin, el año en el que serán juzgados los máximos responsables del centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) y por el que pasaron miles de víctimas.
En un amplio informe de la Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad, dependiente de la Corte Suprema; se recuerda que Astiz, Acosta y otra decena y media de represores comenzarán a ser juzgados en la primera semana del mes de octubre próximo por el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5).
Si bien los hechos ocurridos en la ESMA ya comenzaron a ser analizados en el interrumpido juicio al represor Héctor Febrés, un ex jefe de la Prefectura que murió por ingesta de cianuro antes de escuchar su sentencia, esta es la primera ocasión en la que los máximos ex jefes navales de ese instituto estarán sentados en los banquillos de los acusados.
Cuando el 6 de octubre el TOF5 declare abierto el debate, junto a Astiz y Acosta serán juzgados sus ex camaradas de armas Oscar Montes, Raúl Scheller, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Jorge Redice, Ernesto Weber y Pablo García Velazco, entre otros.
También afrontarán ese juicio los represores Alberto González, Manuel García Tallada, Antonio Azic, Carlos Capdevila, Carlos Generoso, Juan Carlos Fotea, Adolfo Donda Tigel, Néstor Savio y Julio César Coronel.
En este proceso los ex marinos serán juzgados por la desaparición de las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y del escritor y periodista Rodolfo Walsh secuestrado al día siguiente de la fecha en que se cumplía el primer año del gobierno que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
Este expediente forma parte de la "megacausa ESMA" que tramitó en primera instancia el juez federal Sergio Torres tras la derogación y declaración de nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final.
El informe también menciona los otros tres juicios que tienen fecha de realización durante este año.
El pasado martes estaba previsto en la provincia de Santa Fe el inicio del juicio contra Horacio Américo Barcos, ex personal civil de Inteligencia del Ejército, acusado del secuestro de Amalia Ricotti y a su esposo, José Alberto Tur, ya fallecido.
Sin embargo, el proceso no comenzó y aún no se determinó en qué fecha comenzará este juicio con Barcos, que también está imputado por haber sometido a ultrajes y tormentos a la pareja, mientras estuvieron en ilegal cautiverio, en 1978, en el centro clandestino de detención conocido como "La casita".
Por su parte, el 4 de agosto próximo el Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzará el juicio contra el ex funcionario de la policía local Diego Manuel Ulibarrie, procesado por delitos de lesa humanidad de los que fueron víctimas cuatro personas.
En tanto, el 1 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe se iniciará el proceso contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros seis imputados; en el que se prevé que declaren alrededor de cien testigos y que se conozca el veredicto a mediados del mes de diciembre.
El informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad señala, también, que 56 causas ya tienen confirmada su elevación a juicio en distintos distritos del país, de las cuales 18 corresponden a la Capital Federal y 16 en Mendoza.
La nómina detalla que siete tramitarán en Santa Fe, cinco en la provincia de Buenos Aires (cuatro en San Martín y una en Mar del Plata); tres en Tucumán, dos en Salta, Córdoba y Misiones; y una en Chaco.
