El represor juzgado por encubrir
Oyarbide abrió el proceso contra Patti por ayudar a dos agentes de inteligencia que tenían pedido de captura, acusados de la desaparición de personas. Patti había sido procesado en 2003, pero el hoy ministro macrista Montenegro luego anuló lo actuado.
Por Irina Hauser
El
juez federal Norberto Oyarbide citó a Luis Abelardo Patti al primer juicio oral
en su contra. Será juzgado por encubrir a dos represores, Jorge Granada y Luis
Arias Duval, cuando tenían pedido de captura por la desaparición de un grupo de
militantes montoneros en 1980. Por escuchas telefónicas se supo que intentaba
ayudarlos a escabullirse de la Justicia. El caso pone en evidencia cómo desde
sus tiempos de oficial en la comisaría de Escobar en 1976, hasta ya en plena
democracia, el ex policía mantuvo su fidelidad a las ideas de la última
dictadura.Oyarbide dio el primer paso formal para la apertura del juicio el viernes último: informó al abogado de Patti y al fiscal Oscar Amirante que tienen plazo de cinco días para presentar sus pruebas. Una vez que se cumpla con ese trámite, fijará la fecha para la audiencia principal. Como el encubrimiento es un delito correccional, en el proceso no interviene un tribunal oral colegiado, sino un único juez del fuero federal.
Este expediente tuvo un insólito derrotero judicial que dejó marcas importantes en el camino. Tan así es que, si el juicio oral se hubiera hecho cuando fue elevado por primera vez (en septiembre de 2006) y terminaba en condena, es probable que no hubiera existido toda la discusión sobre si le correspondía o no una banca de diputado a Patti. Según sostuvo la Corte Suprema al fallar a su favor el mes pasado, la falta de idoneidad moral no puede impedir la jura de un legislador electo, algo que sí puede ocurrir, sostuvo, tras una sentencia condenatoria.
Patti fue procesado en agosto de 2003 por darle cobertura a Granada (ex miembro de la sección de Inteligencia 103 de Junín) y Arias Duval (ex jefe de la Central de Reunión el Batallón 601), imputados en la causa sobre la desaparición de militantes montoneros dentro de la llamada Contraofenisiva. Entre las escuchas que se hicieron en esa investigación se había detectado una conversación clave. “Se me está acabando el tiempo. Estoy pensando en entregarme. Es un buen momento”, le decía Granada al propio Patti, quien admitió que tenían una amistad de larga data. En el diálogo había también alusiones a la situación de Arias Duval, que acababa de ser detenido.
Tres años más tarde comenzó a intervenir otro juez, Ariel Lijo, que cerró la instrucción y mandó el expediente a juicio oral. Le tocó al ex juez Guillermo Montenegro, ahora ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño de Mauricio Macri. El ex magistrado accedió a un planteo de la defensa de Patti que cuestionaba al fiscal Oscar Amirante y anuló todo lo que se había hecho en la causa hasta entonces. El líder de Paufe volvió a ser citado a indagatoria por Lijo. Entretanto, su defensa también pidió la prescripción, entre otras tantas cosas.
Oyarbide está a cargo del ex juzgado de Montenegro en forma transitoria, hasta que el Consejo de la Magistratura nombre un nuevo titular. Su iniciativa de impulsar el juicio a Patti responde a una expresa indicación de un reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que lo conminó a hacerlo “sin dilaciones indebidas”. El fallo, en rigor, anuló lo dispuesto por Montenegro y dispuso rebobinar todo el expediente a su estado previo.
El ex juez, advirtieron los camaristas, “se excedió en sus facultades en desmedro de principios procesales”. Y destacaron el “interés social en la búsqueda de la verdad respecto de delitos como el que constituye el objeto de esta causa, donde se ha acusado a un funcionario público de colaborar con imputados por crímenes de lesa humanidad a sustraerse de la Justicia”. Como último intento por zafar del juicio, Patti presentó un recurso de Casación. La Cámara Federal, en una resolución de hace dos semanas, lo rechazó de plano, y terminó de despejar el camino para el llamado a juicio. El encubrimiento no es un delito tan grave como el que lo tiene preso en la causa sobre los crímenes cometidos en Campo de Mayo, pero podría adquirir el peso propio de una primera condena.
Fuente: Página 12
