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Los reclusos habían iniciado este miércoles la tercer jornada
de huelga de hambre en reclamo de menores condiciones de alojamiento y
beneficios de libertad. Según los presidiaros la demora por parte del Juzgado de
Ejecución de Condenas en el tratamiento de las solicitudes de beneficios como
salidas transitorias, visitas familiares, libertad condicional y jornada laboral
de doce horas es excesiva.
A la vez indican que la superpoblación "histórica" del penal “ya no da para
más”. Actualmente la cárcel aloja a 506 presidiarios cuando la edificación sólo
está preparada para contener a 180. Según indicó un líder de pabellón a
Momarandu ello es causa de hacinamiento, insalubridad y escasez de alimentos y
medicamentos.
Sin embargo, para el gobierno, las condiciones no son tan malas y según la jueza
de Ejecución de Condenas Maria Teresa Zacarías de González, la demora en la
salida de los expedientes no es tal. "Desde que estoy a cargo del juzgado se
otorgaron 51 libertades condicionales y 10 semilibertades", había indicado la
magistrada a Momarandu, y no dejó de señalar en la misma charla que, en todo
caso, los retrasos se deben a que el gabinete criminológico encargado de tratar
a los presos y elevar informes de salubridad física y mental al juzgado no lo
hace con celeridad.
El problema para la jueza entonces no radica en su jurisdicción, sino que es
propio de las arcas del Ejecutivo provincial que contrata a los profesionales
que integran al gabinete.
El Ejecutivo por su parte indicó en despacho oficial dada la medida carcelaria
que estalló el lunes que 43 profesionales se incorporarán al Servicio
penitenciario en los próximos días y ello "favorecerá a todo el sistema
carcelario, no sólo a los requerimientos puntuales de los internos”.
Sobre el hacinamiento en el que viven los internos del penal, en cambio, la
subsecretaria de Seguridad de la provincia, Cecilia Gortari, advirtió que ya fue
planificada la construcción de un nuevo penal, y que las obras en el penal Nº 1
que desarrolla en forma conjunta el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y
el Instituto de Viviendas de Corriente lograrán a futuro descomprimir ala
población del penal.
Aún así, ante la carencia de respuestas concretas de solución inmediata los
reclusos decidieron mantener la medida.
Pues dado el caso, y luego de analizar junto al gobernador Arturo Colombi y
otros funcionarios de Gobierno y Justicia, y de Seguridad los reclamos
pronunciado, el ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde y la
subsecretaria de Seguridad, se reunieron en la cárcel con representantes de cada
pabellón.
Según informaron los reclusos a Momarandu, en la reunión, Insaurralde garantizó
la pronta inclusión de los 43 profesionales al personal carcelario para acelerar
el otorgamiento de libertades y así descomprimir la población del penal. Ello
bastó para que los presidiarios decidieran levantar la medida por quince días.
Consultado por Momarandu uno de los representantes de pabellón señaló que el
levantamiento de la medida no es permanente por que “en sí, no probaron que
subsanarán los problemas de fondo como el hacinamiento y la insalubridad con los
que vivimos, sino que sólo traerán más personal. Y si los nuevos profesionales
continúan con el mismo tratamiento de los que ya están, sin trabajar y
echándonos cuando queremos consultarlos no se va a solucionar nada.”
Fuente: Momarandú.com
