El primero de la lista

Diego Mosquera, secretario privado del Gobernador Colombi, acusado de hechos de corrupción y actualmente detenido.

Conviene repasar con orden y parsimonia los acontecimientos que jalonaron las últimas horas porque fueron, para qué negarlo, muy conmocionantes.
Diego Mosquera, secretario privado y mano derecha del gobernador Arturo Colombi, su virtual alter ego desde los lejanos tiempos de la miserable operación de las escuchas telefónicas ilegales y clandestinas orquestada por la administración del primo Ricardo, quedó detenido en la noche del martes tras declarar en el Juzgado de Instrucción Nº1, a cargo de la magistrado Norma Agrasso de Caballero –la misma que atiende en el expediente de Urbatec y que tuvo en su escritorio el proceso contra la financiera Boston- por tres causas en la que se le imputan: peculado de servicios (la utilización del avión de la provincia para fiestas particulares), delitos contra la administración pública ( la entrega de pasajes d gratuitos para Aimará Gómez, hija y “productora periodística” de María Mercedes Vázquez., que además se hizo pasar por indigente) y enriquecimiento ilícito (lo atraparon con una cuenta-sueldo de 2.260.000 pesos difícil de explicar con sus ingresos ordinarios). El portal del diario Perfil apunta que sólo en el último año Mosquera había realizado gastos por una cifra superior al millón de pesos en su tarjeta de débito y había adquirido varias propiedades, una de las cuales remodeló para convertirla en su vivienda permanente. También afirma que entre sus bienes, se pudieron contabilizar dos vehículos importados de gran porte. Verónica Brest, sobrina del dirigente radical Diego Brest y cónyuge del funcionario caído en desgracia, tampoco le iría en la zaga en esto del disfrute de una envidiable situación patrimonial: en su caja de ahorro acumulaba la módica suma de $1.448.000. Verónica permanece ligada a la causa pero por el momento goza de libertad ambulatoria, pese a que recaiga sobre ella la acusación de cómplice primaria de los delitos que se le enrostran al marido. Lo concreto es que ni los gastos, ni los depósitos, se compadecen con los ingresos del matrimonio que en conjunto, no superan los $8.000. Las penas previstas para las figuras que pesan sobre el ladero del Gobernador van de 2 a 25 años de prisión. Uno de los abogados defensores de Mosquera es el reconocido penalista Nelson Pessoa.
Una vez dispuesta la orden de arresto, el reo fue traslado a dependencias de la Estación de Bomberos donde se encuentra detenido porque por obra y gracia de Walter Insaurralde, las comisarías de la ciudad están rebalsadas, con gente amuchada en los pasillos, sin suficiente espacio, higiene ni ventilación. El dato que acaso desentone con semejante puesta en escena de los artilleros judiciales del ricardismo es que en ningún momento Mosquera fue esposado, un elemento que, a tenor de lo manifestado por los especialistas, se llevaría de patadas con el principio de igualdad ante la ley.
Conocida la determinación de la jueza, el Gobierno quedó en un estado de conmoción que ni con todo el aparato comunicacional a su favor alcanzó a disimular. Pero alguna tenue explicación se vio obligado a ensayar para morigerar el chubasco.
El boletín oficial de Billy Zampa, que reparte la Dirección de Información Pública, despachó: “La desesperación de Ricardo Colombi ante una derrota segura el 13 de septiembre fue lo que movió los resortes politizados de la Justicia para detener injustificadamente al secretario privado del Gobernador”. Y a renglón seguido: “el ataque artero pero al mismo tiempo desesperado de un sector de la Justicia muy influenciado por Ricardo Colombi para enlodar la imagen de una administración impecable como del actual mandatario, desencadenó la detención provisoria del doctor Diego Mosquera en una unidad del Departamento de Bomberos”.
Pero el punto más controversial de la defensa urdida por el tándem Billy Zampa-Luis Costa Bonino se hizo patente cuando en tren de victimizar a la actual administración de gobierno y de asociar a Ricardo Colombi con el kirchnerismo, arriesgó a comparar a Arturo Colombi con Francisco de Narváez. “Este hecho lamentable –precisaron los portavoces de Arturo- es comparable con la infundada acusación por la causa del tráfico de efedrina que sufrió antes de las elecciones del 28 de junio Francisco de Narváez, que finalmente terminó fortalecido porque fue victimizado por una estrategia que le salió mal a los Kirchner”
Uno de los portales de Daniel Caram que opera para el ricardismo, sacó a relucir una supuesta opinión de un allegado del magnate colombiano, que –siempre en base a lo expresado por el portal que, demás está aclararlo, no es la quintaesencia de la credibilidad periodística- habría anticipado un inminente comunicado del heredero del imperio “Casa Tía” respondiendo a la alusión del titular del Ejecutivo correntino, que no pareció honrarlo demasiado.
Otro que tomó prudente distancia - pero en su caso, de la facción ricardista de la Justicia – fur el fiscal interviniente en el expediente Mosquera, Buenaventura Duarte.
En declaraciones exclusivas a radio Sudamericana, el agente del Ministerio Público recordó que no sólo hay funcionarios actuales investigados por sendos hechos de corrupción sino que también algunos notorios personajes de la gestión de Ricardo Colombi como el ex titular del Banco Provincia Alejandro Retegui y el antiguo responsable de la cartera de Hacienda en tiempos de Ricardo, contador Enrique Vaz Torres son materia de un proceso penal por delitos similares a los que se les imputa a Mosquera.
¿Por qué dos sospechosos de la naturaleza de Vaz Torres y Retegui están sueltos, mientras el pobre Mosquera pernocta en una unidad de Bomberos? correspondería preguntar: pues porque al ser Mosquera funcionario, se respondería Duarte, su Señoría evalúa que podría llegar a entorpecer la investigación.
Así están las cosas a escasos días de los comicios del 13 de septiembre que definirán el destino político de la provincia en el futuro inmediato.
Lo trágico es que, si analizamos el ítem corrupción, los tres frentes electorales son cómplices y corresponsables directos de los desaguisados de estos últimos años. Ergo, todo hace suponer –en atención a los antecedentes y naturaleza de los actores involucrados- que Mosquera es el cordero sacrificado que vendría a garantizar la sustentabilidad del banquete en la próxima década.

Guillermo González del Castillo
DNI. Nº 18.022.772

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