La Subsecretaría de Derechos Humanos
consensuó
junto a la Nación un programa de protección a testigos del ex RI9
A
lo largo de la jornada, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Corrientes, junto a otros organismos del Gobierno provincial y expertos de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pusieron en marcha el programa
integral de asistencia y contención psicológica para testigos del juicio por los
crímenes del ex Regimiento de Infantería 9. En ese marco, mañana -miércoles 30
de enero- desde las 10, el titular de esta oficina del Estado ofrecerá una
conferencia de prensa junto a su par de la Nación, Luís Alen.
Se constituyeron en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el
subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luís Alen; la directora de Salud
Mental de esa dependencia, Victoria Martínez, quien se encuentra a cargo del
Plan Nacional de Contención y Asistencia a Testigos y Querellantes en Juicios
por el Terrorismo de Estado; asimismo el especialista en casos procesales
vinculados con los Derechos Humanos, Ciro Anichiarico; la especialista María
José Guembe, del Programa Verdad y Justicia (a cargo de Marcelo Saín), que
funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación.
"Corrientes es la primera provincia del interior del país en la que se
constituirá este programa integral de asistencia psicológica a los testigos, a
fin de evitar situaciones revictimizadoras que surgen a partir de reactualizar
situaciones traumáticas como fueron las torturas y los delitos cometidos por la
dictadura", explicó Victoria Martínez, quien llegó desde la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación con parte de su equipo, conformado por las
psicólogas Juliana Serritella, Julia Hugues y Anabel Alcaide, quien también
forma parte del programa de Sitios de Memoria y el Archivo de la Memoria.
En las oficinas de Belgrano 1260, funcionarios y expertos en las diferentes
disciplinas, coordinaron acciones con el subsecretario Pablo Vassel, el
subsecretario de Gobierno y Justicia, Ernesto Meixner y el asesor de la
Subsecretaría de Seguridad de la Provincia, Martín Vique, quienes prestaron
apoyo institucional y operativo para el exitoso desarrollo del programa de
protección a testigos.
Asimismo, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia se puso a total
disposición de las tareas encaradas, mediante los aportes del área de Promoción
y Protección de la Salud, a cargo de Aníbal Alegre y de Salud Mental, cuyo
responsable es Gustavo Gómez.
"Se va a propender a la protección integral de todos los testigos, como así
también a querellantes, peritos, jueces y fiscales comprendidos en el proceso y
a fin de evitar una situación como la vivida en el caso Febrés, garantizamos la
seguridad de los testigos tanto de la querella (serán cuarenta) como de la
defensa (en un número similar)", señaló Vassel.
En ese sentido, detalló que el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia
dispondrá de toda la capacidad operativa de la Policía en el marco de la
protección de los participantes en el juicio.
Por su parte, Victoria Martínez, explicó que el plan de protección y asistencia
psicológica de testigos, "tiene como objetivo la contención, a fin de evitar que
el costo emocional de reactualizar situaciones dolorosas y tener en frente a
quien los haya torturado o secuestrado, no paralice a los testigos".
"Corrientes cuenta con recursos y capacidad para garantizar el buen
desenvolvimiento de este programa", indicó, al tiempo que explicó que se trata
de una "estrategia psicojurídica", toda vez que "es necesario que los testigos
conozcan la dimensión y el alcance que tendrán sus testimonios para el
esclarecimiento de los casos".
"La colaboración es indispensable, porque no se trata de situaciones
individuales o particulares, sino de una experiencia colectiva que contribuye a
la memoria histórica: está comprobado que el silencio traumatiza aun más las
consecuencias de este tipo de casos, pues se transmite a las siguientes
generaciones con consecuencias aun peores", reflexionó la especialista.
PRENSA-SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PROVINCIA DE CORRIENTES