La investigación por el secuestro del militante de derechos
humanos
Puthod a la Justicia federal
Debido a la “connotación política”, explicó Puthod, su caso será investigado en
el fuero federal. Ayer recorrió la zona del secuestro.
Por Diego Martínez
La
investigación sobre el secuestro del presidente de la Casa de la Memoria, por la
Verdad y la Justicia de Zárate, Juan Evaristo Puthod, pasará la próxima semana a
la Justicia federal. El motivo: la connotación política del caso, ya que se
trata de la desaparición de una víctima de la última dictadura militar. Puthod
fue secuestrado el 27 de marzo de 1976 y pasó por siete centros clandestinos de
detención antes de ser blanqueado a disposición del Poder Ejecutivo. Pero hasta
que el traspaso se concrete y un fiscal federal tome la posta, el fiscal
bonaerense Martín Zocca continuará buscando indicios sobre los potenciales
captores. El dato lo confirmó a Página/12 el propio Puthod tras tratar el tema
con Zocca.
Durante la tarde de ayer el militante peronista secuestrado en la tarde del
martes y liberado el miércoles por la noche recorrió junto con el fiscal y
agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires campos cercanos a Zárate
con el fin de identificar el lugar donde transcurrió su cautiverio. “Si digo
algo el fiscal me mata, pero hay posibilidades” de ubicarlo, sugirió Puthod,
quien admitió que se emocionó al recibir un llamado telefónico del hijo de Jorge
Julio López, el testigo del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz
desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006 (ver recuadro).
La versión sobre la intervención de la Justicia federal comenzó a circular en la
mañana del miércoles, luego de medio día sin rastros de Puthod. Según ese
trascendido, por la militancia política de la víctima no podía considerarse un
delito común sino una “desaparición forzada de persona”, un delito federal. El
traspaso de la causa a la Justicia federal implica no sólo mayores recursos para
investigar sino también una admisión sobre la gravedad institucional del caso.
Los organismos de derechos humanos reunidos en Justicia Ya!, querellantes en el
caso López, tuvieron que esperar 19 meses hasta que la Cámara Federal de La
Plata aceptó el cambio de carátula que les había negado el juez federal Arnaldo
Corazza. Ese mismo día el tribunal platense resolvió apartar de la investigación
a la policía bonaerense, que aún actúa en el caso Puthod pese a las sospechas
sobre la intervención de esa fuerza que el presidente de la Casa de la Memoria
hizo públicas en la entrevista publicada ayer por Página/12.
Una vez que la Justicia de Garantías de Zárate acepte la declinación de
competencia, el interrogante es si la causa pasará al juzgado federal de
Campana, por el lugar donde ocurrieron los hechos, o al de San Martín, que
instruye la megacausa Campo de Mayo en la cual Puthod declaró como testigo. “El
fiscal me explicó que por la connotación política la causa va a pasar a la
Justicia federal pero hasta que se sortee un juzgado y empiece a intervenir un
fiscal federal él va a seguir investigando”, relató Puthod, quien ignora qué
magistrado está hoy a cargo de su caso. “Sé que es una jueza pero no le conozco
la cara”, aclaró.
Hasta el momento la víctima no cuenta con un abogado que lo asesore. “Recién lo
voy a buscar cuando intervenga otro fiscal. En esta etapa quiero estar yo mismo
al frente de la investigación. Creo que es la mejor garantía de que se
investigue: salir a buscar, romperle las bolas al fiscal, joder a la DDI. Cuando
golpearon a mi señora hicimos la denuncia en la fiscalía de Campana, se cajoneó
y no se hizo nada. Ya pasé por esa experiencia y no quiero que se repita”,
explicó.
Cuando Página/12 le preguntó si por su cercanía personal y política con Sara
Derotier de Cobacho podía llegar a ser patrocinado por la Secretaría de Derechos
Humanos de la provincia, Puthod adelantó que “lo vamos a charlar, yo les tengo
mucha confianza, en especial al abogado Eduardo Rezses, un muchacho que trabaja
muy bien”. Ante la consulta Rezses dijo que aún no se había analizado la
posibilidad de actuar como querellantes. “Por lo general sólo somos parte en
causas por terrorismo de Estado. En casos de delitos actuales, ya sean de
violencia policial, torturas en cárceles u otros, nos limitamos a hacer
seguimientos, pedidos de informes, presentaciones a las fiscalías. Pero en este
caso no lo descartamos. Tenemos que analizarlo”, explicó el abogado.
Luego de declarar por la mañana a una agencia de noticias que “la seguridad mía
y de mi familia es prioridad número uno” y anunciar que se iba a reunir con el
ministro de Seguridad Carlos Stornelli, Puthod informó en diálogo con Página/12
que “se tomaron algunas medidas” aunque se negó a tener custodia personal.
Fuente: Página 12