CAUSA PUENTE
Citan a declarar a 4 altos mandos de Gendarmería y 2 ex funcionarios
El Juzgado Federal -según fuentes de momarandu.com- citó a declarar en los despachos de la jueza Servini de Cubría a cuatro altos mandos de Gendarmería y a dos ex funcionarios del Ministerio del Interior por la causa que investiga la violenta represión desatada sobre los autoconvocados que ocuparon el Puente Manuel Belgrano y que terminó con treinta heridos de balas y dos muertos en 1999.

Las indagatorias comenzarán el 23 de este mes en Capital Federal por pedido expreso de los citados. Durante la primera jornada declararán los comandantes generales de Gendarmería Timar Musumaci, Hugo Miranda, Sixto Contreras, José Antonio Caruso.
Musumaci, fue director nacional de Gendarmería durante la represión desatada el 17 de diciembre de 1999, Contreras fue Jefe operacional y Caruso, comandante inmediato de Ricardo Alberto Chiappe, el comandante a cargo del operativo, que la querella exige sea imputado en la causa.
Contreras dominaba a las tropas de Gendarmería hasta la llegada de Rosario de la brigada especial de contrainsurgencia “los quebranta huesos”, a cargo del comandante Chiappe.
La indagatoria continuará, según pudo saber momarandu.com al día siguiente con los testimonios de Walter Ceballos, entonces secretario de coordinación con las provincias por el Ministerio del Interior, comisionado por el ministro Federico Storani para negociar la liberación del puente.
A Ceballos seguirá José Enrique Mathov, ex Secretario de seguridad interior, segundo de la cartera nacional. Mathov ya fue preso y procesado junto al entonces presidente Fernando De la Rúa por las muertes ocurridas en las represiones desatadas en Capital Federal en el 2001.
El juez federal Carlos Soto Dávila -sobre el que la querella pide que se aparte de la causa por estar implicado en las decisiones en 1999- partirá la próxima semana hacia Buenos Aires para tomar las declaraciones.
Las indagatorias se han abierto luego de que la querella presentara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que según supo Momarandu.com, exigió a Cancillería que presione por avances en la causa.
Igualmente, la querella sostiene que, hasta que no se abran imputaciones y se investigue con mayor celeridad, el caso, que ya lleva ocho años de demora, no se esclarecerá.

Fuente: Momarandú.com

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