CORRIENTES,
feb 12 (DyN) - El tribunal federal de Corrientes rechazó los pedidos de nulidad
presentados por la defensa de los cuatro militares y de un oficial de la
Gendarmería acusados de violaciones a los derechos humanos, en el primer juicio
del interior del país donde se investiga el funcionamiento de un centro
clandestino de detención durante la última dictadura.Se trata de la causa popularmente conocida como "Ex - RI9", en alusión al ex Regimiento de Infantería Coronel Pagola, indicado como lugar de reclusión y torturas entre 1976 y 1983. La respuesta del Tribunal fue no hacer lugar a los pedidos de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, tal como habían solicitado el pasado jueves los defensores de los cuatro militares y de un oficial de gendarmería imputados en la causa.
La resolución del tribunal implicó para la querella una resolución "crucial", puesto que la negativa a la nulidad significó el inicio del debate y la oportunidad para que se realicen las testimoniales en un proceso que durará entre tres y cuatro meses.
La causa está caratulada como "Nicolaides Cristino, De Marchi Juan Carlos, Barreiro Rafael Julio Manuel, Losito Horacio, Píriz Roberto, Reynoso Raúl Alfredo p/sup. Asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos".
Los imputados son Juan Carlos De Marchi, jefe de Inteligencia del Área Militar 231; los coroneles Horacio Losito y Jorge Barreiro, quienes se encontraban en actividad al momento de ser detenidos, además del gendarme Roberto Reynoso y del sub-oficial del Ejército (R) Juan Carlos Piriz.
También figura como imputado el ex Jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien cumple con prisión domiciliaria por su deteriorado estado de salud en un sanatorio cordobés. Su patrocinante legal, Andrés Vernengo, había solicitado al inicio de las audiencias que su situación se tuviera en cuenta en el marco de un "proceso especial", una vez que sus condiciones físicas le permitieran comparecer a un juicio. Las imputaciones incluyen la participación en secuestros y torturas de una decena de personas entre los que se encuentran los militantes desaparecidos Rómulo Artieda y Juan Ramón Vargas -cuyas familias son querellantes en la causa- , además de otros jóvenes que fueron vistos con vida por última vez en el Regimiento 9.
Basados en argumentos tales como la prolongación de los plazos desde el momento en que ocurrieron los crímenes, una "imprecisión" acusatoria y la utilización de "pruebas innecesarias", los abogados Eduardo San Emeterio, Jorge Buompadre, Martín Gesino y Gonzalo Molina (defensores oficiales) y Victor Ross (patrocinante de la Gendarmería) pidieron la nulidad de la elevación a juicio. Por su parte, el Tribunal Oral Criminal, presidido por Victor Alonso e integrado por Lucía Rojas de Badaró, Gabriel Navarro y el conjuez Osiris Jantus, consideró que los planteos eran "extemporáneos e improcedentes, ya resueltos en instancias anteriores" y dispuso la continuidad del proceso oral. Por otro lado, también fueron desestimadas presentaciones realizadas en esta jornada por la defensa, en las que se objetaba la participación como querellantes en la causa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, además de una "incompetencia territorial para el juzgamiento de delitos en casos de personas que habrían pasado por varios lugares de detención en la misma época".
En este sentido, la respuesta de los jueces estuvo centrada en un artículo del Código Penal referido a la posibilidad de promover juicios en cualquier Estado de la Nación con la condición de que el lugar "garantice la debida realización del proceso y permita la legítima defensa de los imputados".
Una vez conocida la resolución del Tribunal fue llamado a declarar De Marchi, quien si bien no se abstuvo formalmente de hacerlo, argumentó que no podía defenderse porque ignoraba de qué se lo acusaba.
Luego de un cruce de palabras con el Tribunal para que explicitara su intención de dar o no testimonio, fueron leídos sus descargos que constan en el expediente de la causa. La jornada continuaba en horas de la tarde con las presentaciones del resto de los imputados. Familiares y amigos de los militares se presentaron esta mañana frente a los accesos de la Cámara Federal, en la esquina de las calles Pellegrini y La Rioja de esta ciudad, portando pancartas que reclamaban "memoria completa" y con grandes escarapelas en señal de apoyo a los acusados.
