La causa por la desaparición del estudiante correntino Rómulo Artieda, durante la última dictadura militar, vuelve a revelar otro dato que no es menor: la familia, que después de 30 años encontró el cuerpo en un hecho sin precedentes en la provincia, se ve aún impedida para sepultarlo porque la defensa de los ex militares acusados cuestiona la identidad del cadáver.
Así lo confirmó ayer a La República Diego Cazorla Artieda, sobrino del desaparecido, cuando señaló que la familia deberá “seguir esperando para completar la etapa del duelo” treinta años después y pese a que ya se cumplieron tres meses de haber sido identificado el cuerpo por el Equipo Argentino de Antropología Forense, a través del correspondiente análisis de ADN que dio positivo.
Según Cazorla, la defensa de los acusados de haber secuestrado, torturado y fusilado al joven de 22 años en 1977, para luego arrojarlo a las aguas del río Paraná a la altura de Empedrado, presentó un recurso judicial para que el cuerpo no sea incorporado a la causa como elemento clave para comprobar el plan represivo que imperó en la provincia durante la última dictadura militar.
“De todas maneras, el cuerpo ya está incorporado a la causa”, agregó el sobrino de la víctima con relación a que el juez federal Carlos Soto Dávila, aceptó el informe suministrado por el equipo de antropólogos.
Pero ahora el tema que mantiene a la familia en ansiedad de querer inhumar los restos, es que el cuerpo no puede regresar a Corrientes y deberá permanecer bajo orden judicial en el edificio del Equipo de Antropología, por avenida Rivadavia al 4000, en la ciudad de Buenos Aires, porque la defensa podría solicitar su propio peritaje para determinar si son o no los restos de la persona en cuestión.
A Ramón Artieda, uno de los hermanos del desaparecido, no le queda otra que esperar a que la Justicia disponga que la defensa podrá realizar ese análisis, un paso procesal que la querella no quiere interrumpir pese a que –según fuentes del caso– el Equipo de Antropología tiene rigor judicial para que los jueces tomen sus pruebas como válidas.
“Ya hicimos el intento de traer el cuerpo, pero debemos esperar” contó Cazorla. Es que en junio pasado, cuando se confirmó el ADN, en un hecho que trascendió a nivel nacional, la familia Artieda había confesado a La República que su intención era la de realizar un velatorio como el que cualquier grupo humano practica para despedir a un ser querido.
En tanto, fuentes judiciales indicaron que este paso, el de completar la etapa del duelo, podría demorarse incluso hasta que termine el juicio oral y público que está previsto para los siete ex militares del Regimiento 9 y ex gendarmes acusados y detenidos desde hace más de tres años en La Liguria, dependencia del Ejército en Resistencia.
La causa ya culminó su etapa de instrucción con el pedido del juez Carlos Soto Dávila para que sea elevada a juicio y se espera que el Tribunal Oral Federal ponga fecha para el inicio del debate. Fuentes de la querella estimaron ayer que “si no es en diciembre, será en febrero o marzo” pero que todo indica que los acusados estarán en la sala juzgadora.