REVELACIONES SOBRE UN EX TITULAR DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN LA DICTADURA
El vicario que predicaba el terror
En la causa por delitos de lesa humanidad en Entre Ríos, los testigos contaron
que el fallecido Adolfo Tortolo justificaba las torturas y los crímenes
cometidos con “armas bendecidas”.
Por Diego Martínez
En diciembre de 1975, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y
vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo, anunció un inminente
“proceso de purificación”. Después del golpe de Estado, advirtió que “los
principios que rigen la conducta del general (Jorge) Videla son los de la moral
cristiana”. Cuando el país era un gran campo de concentración, defendió la
tortura ante sus pares con argumentos de teólogos medievales. Murió impune en
1986. En las últimas semanas, su nombre resurgió con fuerza en el marco de una
causa por crímenes de lesa humanidad: sobrevivientes de centros clandestinos de
Entre Ríos relataron que el entonces arzobispo de Paraná recibió a personas
secuestradas en su residencia, las visitó en cautiverio, vio cuerpos deshechos
por la tortura y predicó el “por algo será” ante hombres que horas después
desaparecieron para siempre.
El paso cansino de los procesos reabiertos hace un lustro, sumado al largo
cuarto de siglo de impunidad plena que lo precedió, deriva en situaciones
insólitas. Víctimas del terrorismo de Estado, organismos de derechos humanos y
hasta periodistas de Entre Ríos vivieron con euforia, como si se tratara de un
verdadero juicio, una de las primeras etapas de la causa con mayor cantidad de
víctimas de la dictadura en Paraná: la de las declaraciones testimoniales, el
relato de los padecimientos en cautiverio en manos de militares y policías aún
libres y sin castigo.
“Son las primeras testimoniales desde la reapertura de la causa en 2004 y
después de treinta años de haber sufrido desapariciones, cárcel y consejos de
guerra lo estamos viviendo como si hubiera llegado el momento del juicio y
castigo”, admite Alicia Dasso, testigo y miembro de la Asociación de Familiares
y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader). “Estamos empeñados en
demostrar que el terrorismo de Estado fue para todo un pueblo. Como querellantes
y como organismos, tratamos de estar en la calle porque, para peor, el proceso
se rige por código viejo, es totalmente cerrado”, lamenta. La causa se conoce
como Area Paraná, está a cargo de la jueza subrogante Myriam Stella Gallizi y
estuvo paralizada durante casi cuatro años por planteos dilatorios de los
imputados.
Las audiencias a puertas cerradas, que se revertirían en la etapa final tal como
ocurrió en Capital Federal con los jefes del Batallón de Inteligencia 601, se
tradujeron cada jueves del último mes en actividades artísticas organizadas por
Hijos regional Paraná para celebrar las audiencias y repudiar su publicidad
acotada. También el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos,
donde ofician de docentes varios testigos de la causa, resolvió acompañarlos
públicamente.
La causa concentra secuestros, torturas y homicidios en la subzona 22, que
incluyó centros de detención en el escuadrón de Comunicaciones de la Brigada de
Caballería Blindada II, en cercanías de la Base Aérea y en la Unidad Penal 1 del
Servicio Penitenciario provincial, todas en Paraná. Entre la docena de imputados
se destacan el general Juan Carlos Trimarco, ex comandante de la Brigada, y el
capitán auditor Jorge Humberto Appiani, el socio del estudio jurídico de Jorge
Olivera que faxeó a Italia la partida de defunción falsa de Marie Anne Erize
para lograr la liberación de su amigo, detenido por segunda vez el mes pasado.
De los testimonios difundidos por Afader, Hijos y la Asociación de ex Presos y
Exiliados Políticos “La Solapa” queda claro que el rol de Tortolo es equiparable
al de los principales acusados. Un testigo relató:
–Recuerdo una noche de tortura, que fue corta. Me llevaron a los calabozos y
sentí muchas voces en el trayecto. Era algo normal (...) Vi cómo sacaban a un
muchacho que estaba a la izquierda de mi calabozo. A los 15 o 20 minutos lo
trajeron y le pregunté: “¿Qué pasa que hay tanto revuelo, para qué te sacaron?”.
“Vino Tortolo a verme. Y le pregunté: ‘¿Vos denunciaste lo que está pasando
acá?’ Me respondió que no, me dijo solamente: ‘Si estás acá, por algo será’.” Al
día siguiente el muchacho desapareció.
Tres testigos contaron que el arzobispo los visitó en la cárcel y dio misa el 24
de diciembre de 1976. “Fue humorístico porque dijo ‘a los comunes me los sentás
de este lado, a los subversivos de este otro’”, relató uno. “Le decían lo que
pasaba y él se tapaba los ojos”, confió otro. “Dijo que, si alguien deseaba
hablar con él, podía hacerlo. Yo le conté lo que sucedía y le pregunté por qué
mataban gente. Tortolo me dijo: ‘Si ellos matan gente, las armas están
bendecidas. Ustedes matan con armas sin bendecir’. Le aclaré que no había matado
a nadie y me dio dos cachetadas porque no había dicho la verdad. Si alguien
recibía una cachetada, era porque había dicho la verdad”, agregó el tercero.
“A Coco Erbetta lo llevaron una noche, estando en Comunicaciones, a hablar con
monseñor Tortolo a la residencia del arzobispo, en el Parque Urquiza. Estuvo
varias horas con él. Coco le comentó la situación de todos los detenidos (...)
Esa misma noche lo llevaron y nunca más volvió. Tipo 6 de la mañana vi pasar una
camilla con un cuerpo ensangrentado, tapado con una sábana blanca. Había médicos
y supuse que era el cuerpo de Erbetta”, declaró un sobreviviente. Victorio José
Erbetta fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 y visto por última vez siete
días después, en el Escuadrón de Comunicaciones. En cautiverio, le contó a un ex
compañero de secundario que tenía esperanzas de salir vivo con la ayuda de la
Iglesia, ya que había militado en la Acción Católica.
La muerte le evitó a Tortolo tener que seguir los pasos de Cristian von Wernich,
pero no un final acorde a su obra. Según los seminaristas de Paraná que lo
cuidaron durante el largo deterioro de su mente, entrevistados por Emilio
Mignone para su libro Iglesia y Dictadura, hasta el final el ex presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina deliraba a los gritos que su madre estaba
desaparecida.
Las causas que buscan justicia
La causa Área Paraná es la mayor de Entre Ríos en cantidad de casos, casi 70,
pero no la única. La jueza federal subrogante Miryam Gallizi investiga también a
los responsables de la supresión de identidad y la apropiación de los hijos de
Raquel Negro y Tulio Valenzuela –cuya hija recuperó su identidad el martes
pasado–, causa que tiene seis procesados con prisión preventiva.
Cinco de ellos son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario:
el coronel Pascual Guerrieri, con arresto domiciliario; Walter Pagano, Marino
Héctor González y Jorge Alberto Fariña, en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo,
y Juan Daniel Amelong, en el penal de Marcos Paz. El anestesista Juan Antonio
Zaccaría, que intentó suicidarse sin éxito veinte días después de ser procesado,
está alojado en la cárcel de Paraná. En febrero, horas antes de declarar y con
un tiro en la cabeza, sí cumplió su cometido el ex agente de Inteligencia
Alberto Navone, que debía rendir cuentas en el mismo expediente.
También en Concepción del Uruguay, el juez federal Guillermo Quadrini instruye
tres causas por delitos de lesa humanidad, cuya unificación analiza por
sugerencia de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración
General de la Nación. Por secuestros y tormentos contra 17 estudiantes
secundarios fueron procesados con prisión preventiva el coronel Juan Miguel
Valentino, ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada II de
Gualeguaychú, preso en Campo de Mayo, y el suboficial de policía Julio César
Rodríguez, alojado en Marcos Paz. Evitaron la indagatoria con certificados
médicos los generales Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone, Juan Carlos
Trimarco, Raúl Federico Schirmer y el comisario inspector José Darío Mazzaferri.
Por secuestros, tormentos y desapariciones en Concordia y Gualeguaychú también
investiga al general Naldo Miguel Dasso, al teniente coronel Jorge Enrique
Echeverría, al ex gobernador interventor de Entre Ríos brigadier Rubén Daniel Di
Bello y al ex comisario Marcelo Andrés Pérez. Ninguno fue citado aún a prestar
declaración indagatoria.
Fuente: Página 12