El
primer juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos en la
jurisdicción de Campo de Mayo comenzará el 27 de abril cuando se sienten en
el banquillo los ex generales Santiago Omar Riveros, Ernesto Verplaesten y
cuatro represores más acusados de los secuestros de Floreal Avellaneda, su
madre y el asesinato del joven cuyo cuerpo apareció frente a la costa de
Montevideo en 1976.
Los imputados están acusados de los delitos de privación ilegal de la
libertad doblemente agravada por abuso de función pública y tiempo del
secuestro, torturas y homicidio.
El Tribunal Oral Federal 1 fijó para el 27 de abril a las 9.30 el inicio del
juicio, treinta y tres años después de que Floreal "Negrito" Avellaneda, de
15 años, y su madre Iris fueran secuestrados de su casa en la localidad
bonaerense de Munro en la madrugada del 15 de abril de 1976 por una patota
del Ejército Argentino.
Los jueces Lucila Larrandart, Héctor Sagretti y Marta Isabel Miloc serán los
encargados de dictar sentencia, en tanto la fiscalía acusadora estará a
cargo de Horacio García Berro y de Juan Patricio Murray como fiscal adjunto.
El juicio se realizará en los Tribunales de San Martín, ruta 8, kilómetro
1753, primer entrepiso, sede de la justicia ordinaria, tendrá tres
audiencias por semana, y se calcula que la sentencia se conocerá hacia fines
de junio.
Según fuentes de la causa, el criterio del tribunal sobre la difusión
pública del juicio se basará en la acordada de la Corte Suprema de Justicia
que recomienda el libre acceso de los medios gráficos y audiovisuales para
registrar los tramos principales del juicio, como la lectura de las
acusaciones, los alegatos de la querella y la defensa, y la lectura de la
sentencia.
La megacausa Campo de Mayo es una de las más voluminosas junto con la que
investiga los crímenes en la ex Esma, y el juicio que tendrá a cargo el
Tribunal Oral Federal 1 de San Martín será el primero que se realiza por
delitos de lesa humanidad en la zona norte del gran Buenos Aires.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre, sus familiares, el Partido Comunista al que pertenecen
las víctimas y los organismos agrupados en Justicia Ya, actuarán como
querellantes.
El ex general de división Santiago Omar Riveros, se desempeñó como
comandante de Institutos Militares y condujo la jefatura militar de la zona
4 en Campo de Mayo entre 1975 y 1978, además de integrar la Junta
Interamericana de Defensa, ámbito de articulación de la represión en todo el
continente.
El ex general Fernando Exequiel Verplaetsen, que se agregó a la causa en
noviembre de 2008, deberá responder por su responsabilidad como Jefe de
Inteligencia del Comando de Institutos Militares con jurisdicción en Campo
de Mayo cuando estalló el golpe el 24 de marzo de 1976.
Los demás imputados son Osvaldo Jorge García director de la Escuela de
Infantería que tenía a su cargo el área de Vicente López; el capitán Raúl
Horacio Harsich y el mayor César Amadeo Fragni, oficiales del Ejécito que
firmaron el acta de detención de Iris Pereyra.
El último imputado es el ex principal de la comisaría de Villa Martelli,
Alberto Angel Aneto, reconocido por Iris como uno de los secuestradores. La
querella de la familia Avellaneda, representada por los abogados Jorge
Brioso y Sabrina Dentone, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos,
adelantó a Télam que pedirá la prisión perpetua en cárcel común para los
seis acusados.
"Uno de los atributos de la justicia es la oportunidad, y en este caso,
después de 33 años, lo que buscamos más es la reparación de la verdad
histórica que sirva como antecedente concreto de que a las personas que son
responsables de este tipo de actos no van a quedar impunes", señaló Brioso.
El abogado lamentó que "un delito como es el genocidio se juzgue con las
mismas herramientas que se juzga a un ratero, porque el delito es de
diferente calidad y las herramientas son insuficientes" y puso como ejemplo
que por falta de infraestructura el juicio no tenga fecha de inicio por
falta de lugar físico adecuado. Sin embargo, reconoció "la disposición
profesional del cuerpo de fiscales que está a la altura de las necesidades".
Brioso recordó que la causa judicial se inició el día siguiente al secuestro
de Floreal y su madre, cuando el abogado y dirigente de la Liga, Julio
Viaggio labró el hábeas corpus y comenzó a recorrer comisarías, jefaturas
militares y despachos judiciales en busca de información.
Campo de Mayo fue el más grande centro clandestino de detención del país por
donde estuvieron cautivos cerca de 5 mil personas, la mayoría de las cuales
fueron asesinadas o están desaparecidas. En el predio funcionaban los
centros de detención conocidos como "El Campito", "Las Casitas", el
"Hospital Militar" y la Prisión Militar de Encausados, y al menos tres
maternidades clandestinas donde las secuestradas embarazadas daban a luz.
"Sólo el 10 por ciento de las víctimas son casos que están siendo
investigados judicialmente, del resto ni siquiera hay denuncias" se lamentó
Brioso y se quejó de que por el actual sistema procesal la causa Campo de
mayo "esté descuartizada". Aún así, Brioso aseguró que se siguen sumando
nuevos casos, tal vez porque Campo de Mayo tiene características especiales.
"Tiene lugares semisecretos, inaccesibles por ser instalaciones militares, y
una extensión territorial muy grande que hace difícil el acceso a la
justicia en la región, además de que los barrios de los alrededores están
habitados por personal militar".
Iris Etelvina Pereyra de Avellaneda buscará por fin después de 33 años la
reparación histórica que la justicia le debe cuando se presente a
testimoniar como víctima y querellante en la causa. A punto de cumplir 70
años tendrá frente a su vista rostros conocidos, como el del victimario suyo
y de su hijo y deberá recordar lo ocurrido en su casa de Sargento Cabral y
Villate de Munro aquella madrugada del 15 de abril de 1976 en que fue
detenida junto a su hijo. "Buscaban a mi marido, pero como él no estaba nos
llevaron a nosotros dos a la Comisaría de Villa Martelli.
Desde allí me condujeron encapuchada a Campo de Mayo", repetirá tal como
declaró en el juicio a las juntas militares la mujer que compartió
militancia en el Partido Comunista junto a su marido Floreal.
Deberá recordar una vez más las sesiones de tortura con picana eléctrica,
hacinamiento, violencia física y psíquica a la que fue sometida y las
últimas palabras que escuchó de boca de su hijo cuando que estuvieron juntos
en la comisaría. El cautiverio de Pereyra continuó en las cárceles de Olmos
y de Villa Devoto hasta que el 30 de junio de 1978 fue dejada en libertad.
